El pantallazo prestatario

Este 17 de febrero, el Banco Central de Bolivia (BCB), comunica la devolución de $us351.5 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), esta noticia causa un revuelo dado el contexto de la crisis económica y financiera a nivel internacional, donde la gran mayoría de países buscan créditos para poder paliar la mencionada crisis ocasionada por el coronavirus, que prácticamente paralizo el accionar económico.

Dada la situación mundial, parece algo inédito que un país devuelva dinero que se le otorgó, y es entonces cuando surgen los comentarios de diferentes actores que califican a esta movida como un gran desacierto, ya que según ellos este dinero podría servir para reactivar la economía boliviana, sin embargo, estos comentarios olvidan totalmente los procedimientos que existen en el país para que el mismo pueda asumir el gran compromiso, que es el financiamiento por parte de un organismo internacional.

Es difícil hablar de reactivación económica cuando el préstamo administrado por el gobierno de Añez ha demostrado que fue realizado de una manera nefasta, ya que en abril de 2020 el monto era de 327.2 millones de dólares estadounidenses, a la fecha por variaciones cambiarias el préstamo ascendería a 346.7 millones y a este monto se debe sumar 4.7 millones por el pago de intereses y comisiones, de esta manera, en tan solo 9 meses el préstamo gestionado por el anterior gobierno deja un daño de 24.3 millones al estado boliviano.

De igual manera las irregularidades saltan a la vista, este préstamo no cumplía los procedimientos legales necesarios, sin embargo, para junio de 2020 el viceministro del Tesoro y Crédito público, informo que dichos recursos ya se encontraban en cuentas del BCB y el país estaba pagando intereses por los mismos, en septiembre del mismo año se manifestaba que esos recursos no eran un crédito, sino una “devolución de los aportes” del país, si ese fuera el caso se estaba incurriendo en una malversación de los recursos de los bolivianos, pues el Banco Central Boliviano ya estaba pagando intereses “sobre sus propios recursos”, caso inédito en la historia económica.

Continuando la ilegalidad de estos recursos, tenemos que ninguno de los ministros de economía de Añez registro dichos recursos en el Presupuesto General del Estado, ni como crédito ni como devolución de cuotas del FMI y como dice nuestra legislación, ninguna entidad del Estado puede gastar recursos que no estén presupuestados, vale decir que los miembros del régimen de Añez sabían de la ilegalidad de ese dinero y para poder acceder al mismo utilizaron un instrumento no correspondiente de crédito externo, sino a la de Derechos Especiales de Giro (DEG), un tecnicismo para sobrepasar los procedimientos legales necesarios.

Este préstamo es solo un pantallazo de la mala gestión que realizó el gobierno de Añez y la devolución de estos recursos al FMI, es una acción necesaria, debido a las enormes irregularidades perpetradas, el gran daño económico sufrido y la vulneración a las gestiones tanto administrativas como jurídicas que no fueron cumplidas, teniendo el debido castigo de acuerdo al código penal.