Comité cruceño amenaza con desobediencia judicial en defensa de Camacho, Calvo y Cuéllar
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Santa Cruz, (ABI).- El Comité Interinstitucional de Santa Cruz, organizador y ejecutor del paro de 36 días con el saldo de muertos, heridos y la amenaza de “separatismo”, anticipó este miércoles desobediencia a ordenes juduciales a la acción penal iniciada en contra de sus principales instigadores.
El gobernador Fernando Camacho, el presidente cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, convocaron y lideraron la extrema media de presión, que tuvo como su brazo operativo y violento a los miembros de la paraestatal Unión Juvenil Cruceñista (UJC), según varios testimonios.
En la reunión de este miércoles aprobaron una agenda de acciones como una marcha para el viernes 9, el rechazo a los procesos penales que anunció la Fiscalía General del Estado y el no acudir a ninguna notificación judicial para la ciudad de La Paz. Las denuncias contra los líderes del paro fueron unificadas y radicarán en La Paz.
Definieron “estrategias de lucha” contra lo que consideran ataques al “pueblo cruceño”, sin embargo, no mencionaron el saldo del violento paro que dejó cuatro personas muertas, cientos de heridos y agredidos en puntos de bloqueo en el centro urbano, saqueos de comercios minoristas y daño a la economía departamental por más de $us 1.200 millones.
El fiscal General, Juan Lanchipa, explicó que las denuncias múltiples de las víctimas de la actuación de los grupos violentos demostraron que sí corresponde realizar procesos penales, cuando menos por 10 delitos penales de gravedad, como violación de derechos humanos a la vida, al trabajo, a la salud, educación, libre circulación y expresión, daños a los bienes del Estado y la propiedad privada.
Para el Comité Interinstitucional, la acción judicial es “persecución política, nulos de pleno derecho”. Optaron por “mantener el estado de emergencia para estar preparados a reaccionar ante cualquier intento del Gobierno nacional de tomar acciones judiciales contra nuestros líderes y ciudadanos comprometidos por la lucha de Santa Cruz”.
Aprobaron también la organización de “comisiones capaz de organizar acciones para las luchas que vienen” y que “ninguno de los acusados injustamente debe acudir a La Paz, siendo la jurisdicción natural el departamento de Santa Cruz”.
Insistieron en que el paro indefinido fue pacífico en las rotondas, cuando la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, la Casa de la Mujer, la Central Obrera Departamental, la Federación Única de Campesinos y otras organizaciones denunciaron la comisión de delitos como la muerte a palos de una persona que se oponía al paro, una violación grupal en un punto de bloqueo, agresiones y acciones de racimos y de odio.
Los denunciantes plantearon también que los autores sean procesados por “traición a la patria” por haber develado voluntariamente el “separatismo” de Santa Cruz de la estructura organizativa y política del Estado Plurinacional.
El Comité Interinstitucional decidió acudir “ante los organismos internacionales los atropellos a los derechos fundamentales que se están cometiendo contra nuestros líderes amparados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica”.
La Fiscalía General del Estado dispuso que una comisión de fiscales de La Paz acumule todas las denuncias por violación de derechos fundamentales y civiles en contra de los principales del violento paro cívico: Camacho, Calvo y Cuéllar, entre otros.