Huelga de médicos y el impacto que sufre la población enferma

En los últimos años, el sector médico boliviano del sector público y de cajas de salud protagonizó conflictos de carácter nacional y en algunos casos logró la atención a sus demandas. Protagonizó prolongados paros con el impacto negativo para la población boliviana que requería su atención. Este viernes 20 de mayo se inicia un nuevo conflicto del sector con el Colegio Médico de Bolivia que se suma con un paro de 24 horas.

El Consejo Departamental de Salud de Santa Cruz (Codesa) emitió una resolución convocando a un paro de 24 horas, a partir de las cero horas de este viernes en todo el sistema de salud, incluido el sector privado. Exigen el pago de sueldos a médicos contratados para atender casos de Covid 19, la incorporación a la Ley General del Trabajo y también una jubilación digna. Hasta este mismo viernes, el Colegio Médico de Bolivia no había oficializado la protesta.

El 8 de abril, los médicos organizados en torno al Consejo Nacional de Salud (CONASA) entablaron conversaciones con el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, planteándole nuevas demandas, diferentes a las reivindicadas anteriormente. En ese momento, llamó la atención que el sector médico exija el levantamiento de la emergencia sanitaria y, con el paro de 24 horas, hoy vuelven a exigir este punto.

Las reuniones habían ingresado en cuarto intermedio y aún no había fecha para que se reanuden. Pero, los médicos optaron por la protesta antes que el diálogo. En mesa está la oferta de Auza de crear alrededor de 2.000 nuevos ítems para el sector y su predisposición al diálogo, según declaró.

En tanto, los trabajadores de salud del departamento de La Paz, del 16 al 19 de mayo cumplieron un paro por demandas planteadas al Gobernador Departamental de La Paz, Santos Quispe, a quien acusaron por despidos injustificados. A causa de este conflicto, la atención estuvo a cargo de los médicos, lo que complicó el servicio sanitario pese a que, según sus dirigentes, más de 2.000 trabajadores estaban movilizados.

El paro es un ejemplo de cómo se pone en cuestión el tomar en cuenta las prioridades médicas de la población, en una coyuntura sanitaria difícil. El Ministro de Salud había exigido a los Sedes reportes y pruebas de COVID 19 departamentales al INLASA para la secuenciación genómica, debido a que se identificó la variante de la Òmicron BA2, considerada fuerte y contagiosa.

Además, en la zona tropical del departamento de La Paz se registró un brote de fiebre amarilla que costó la vida de cuatro personas, de las que sólo una logró salvarse. Esta situación delicada señala, también, cómo la interrupción de los servicios y la falta de un trabajo continuado afecta a la población.

En el diálogo entre el Gobernador Santos Quispe y los trabajadores de salud, acordaron restituir a los despedidos, y fijaron Bs 9 de refrigerio diario y la institucionalización.

El conflicto se inició este viernes, aunque médicos de base, que exigen mejores condiciones salariales, al ser consultados plantean que se encamine un diálogo franco para resolver los problemas del sector.

Sin señalar su nombre, para evitar represalias, aseguraron que los diferentes presidentes del Colegio Médico de Bolivia han sostenido los conflictos principalmente con propósitos políticos y para desestabilizar al gobierno.

Señalan que tanto Luis Larrea, actual presidente del Colegio Médico de Bolivia, y Fernando Romero, secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes), actúan solo con propósitos políticos.

Durante una de las últimas reuniones entre el gobierno y el sector salud (Foto: ABI)

Un largo conflicto

El sector de salud, compuesto por trabajadores y médicos de la Salud Pública y de las Cajas de Salud, desde el año 2012 mantiene relaciones complejas con el gobierno, primero en la gestión de Evo Morales, y ahora con la administración del presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, aunque éste todavía no enfrentó conflictos como en las gestiones pasadas.

A principios de la gestión de 2012, la administración del presidente Evo Morales, mediante el decreto 2611 y su reglamento, determinó la vigencia de la jornada laboral de 8 horas y la media jornada de 4 horas para todo el Sistema de Salud, esto con el propósito de mejorar la atención a la población.

La medida originó una dura respuesta del sector y protagonizó un paro indefinido y movilizaciones, además de exigir salarios similares a los de la seguridad social e incorporación a la Ley General del Trabajo. El conflicto se prolongó por 53 días.

Los médicos señalaron entonces que las horas de trabajo no eran la causa de la crisis en la salud, sino la falta de infraestructura y equipamiento. A estas alturas, el gobierno boliviano ya construyó varios hospitales y con el correspondiente equipamiento.

Este conflicto fue resuelto luego de varias jornadas de diálogo y la aprobación por parte del gobierno del Decreto Supremo 1232, suspendiendo así la aplicación del decreto que originó el pleito y, además, convocó a una Cumbre Nacional de la Salud.

A fines del 2017, el Colegio Médico emprendió otro conflicto al declarar un paro indefinido y tras 36 días de la extrema medida, logró que el artículo 205 de la Ley del Código del Sistema Penal y el Decreto Supremo 3385, con el que se creó la Autoridad de Control de Fiscalización de todo el sistema de salud tanto del sector público y privado, sean suspendidos por determinación del gobierno.