Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1.09. y el 31.12.2019

Conclusiones

1. En el último trimestre del año 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país, y centenares de personas recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas. Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados.
2. Es esencial que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas. Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos y todas el reconocimiento de su calidad de víctimas. No se puede concebir un proceso de re- composición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención.
3. Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y las ciudades de Bolivia, que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado. Fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y las instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia.
4. En el marco de la polarización social y política que se profundizaba, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana. Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas y, en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo a las mujeres indígenas que fueron especialmente atacadas en esa época, debe ser reconocida y los responsables, sancionados.
5. Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones claves para el funcionamiento de la democracia. La administración de justicia y las fuerzas de seguridad, directamente conectadas con la vigencia de los derechos humanos, quedaron rezagadas en el proceso de cambio. Los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades e intereses y reproductoras de discriminación.
6. Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades, se instala la impunidad. Por su condición destructiva, la impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y afecta la legitimidad del Estado de derecho. Por esta razón, es funda- mental que se avance en las investigaciones y los procesos judiciales de rendición de cuentas por los hechos documentados en este infome y otros similares. Sin embargo, estos procesos no pueden significar una nueva victimización para quienes ya sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida, o en la vida de las familias que aún están en duelo por los ausentes. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones.
7. Una de las características de la sociedad boliviana es su dinamismo, que se expresa en asambleas, cabildos y movilizaciones constantes en las calles por el acceso a derechos sectoriales y gremiales. En la base de esos movimientos sociales, que procuran incidir en el aparato del Estado, hay demandas más amplias de igualdad económica y geográfica, por ampliación de la participación política y del reconocimiento de identidades, que muchas veces generan conflictos entre grupos.
8. Es necesario que la energía y laboriosidad de esos movimientos se expresen en un campo de diálogo democrático, aún por construir, que combine mecanismos de la democracia representativa con la participación directa en una deliberación pública pacífica. Trabajar por la convivencia entre personas distintas que deciden vivir y relacionarse en una democracia intercultural evitaría la confrontación violenta.
9.  El derecho a la vida y a una vida digna pertenece a todos los habitantes de Bolivia por igual. Además de procurar procedimientos pacíficos para procesar reivindicaciones y desacuerdos, la justicia tiene un rol en esa necesaria conciliación que garantice la igualdad.
10.  Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel– explícita y compartida entre las autoridades del Estado Plurinacional, para fortalecer la in- dependencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes, pero, sobre todo, políticas de mediano y largo plazo, diseñadas en diálogo plural con otros líderes sociales y políticos.
11.  El GIEI desea destacar que el trabajo que realizó no equivale a una investigación penal. A lo largo de este informe, y a continuación, se formulan varias recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes. De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida.