Existencia de recursos económicos; ausencia de gestión pública departamental y municipal

La Gestión Pública (GP) es el conjunto de actividades que se desarrollan a través de los procesos de planeación, ejecución y evaluación con el fin de atender necesidades y solucionar problemas con la población, mediante la generación de bienes y la prestación de servicios, con base en objetivos acordados democráticamente, y de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE) el seguimiento y evaluación a la GP debe efectuarse en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas (ETAs).

En este contexto, y al haber transcurrido más de un mes de la posesión de las nuevas autoridades subnacionales, periodo en el cual algunos Gobernadores y Alcaldes solo se dedicaron a declarar que los presupuestos asignados en 2021 son muy reducidos con relación a gestiones anteriores, aduciendo la imposibilidad de atender la contingencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, son aspectos que conllevan a mal pensar a la población que dichas entidades no cuentan con recursos económicos suficientes para equipar los centros de salud y las Unidades de Terapia Intensiva, adquirir medicamentos, oxigeno, entre otros insumos.

No obstante, se hace notar al lector que, en el marco de la CPE y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las entidades territoriales tienen como fuentes principales de financiamiento: Regalías departamentales, impuestos de carácter departamental, tasas y las contribuciones especiales, patentes departamentales por la explotación de los recursos naturales, ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos, donaciones, créditos y empréstitos internos y externos, transferencias por participación en la recaudación en efectivo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados.

Por ejemplo, emergente de Coparticipación Tributaria (CT) en el período enero y abril de 2021, el Municipio de La Paz recibió transferencias por Bs196,5 millones con un aumento de 25,8% con relación al 2020; el Municipio de Tarija recibió por transferencias Bs71 millones con un incremento del 8%; el Municipio de Cochabamba con Bs183 millones con un crecimiento de 24%; y la Alcaldía de Santa Cruz con Bs416 millones con un aumento de 25%. Adicionalmente, los gobiernos locales tienen a su disposición recursos en saldos de caja y bancos por Bs3.745 millones en sus cuentas fiscales.

Asimismo, es necesario señalar que, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a la cabeza del presidente Luis Arce Catacora, efectúa el esfuerzo fiscal para transferir los recursos económicos a las ETAs por concepto de CT en función a la recaudación efectiva, mismos que son abonados automáticamente por el Tesoro General de la Nación a las cuentas fiscales de las Gobernaciones y Municipios, a cuyo efecto las transferencias se realizan de manera oportuna e inmediata, dejando al descubierto ciertas declaraciones mentirosas que dichos procedimientos son lentos.

Finalmente, como es de conocimiento público, las ETAs son cuestionadas por su ineficiencia e ineficacia en la gestión como en el logro de sus objetivos, aspecto que se evidencia con su baja ejecución del 25,9% al mes de abril de 2021. Al efecto y considerando que se debe atender con premura la contingencia sanitaria de la pandemia del COVID-19, corresponde a las nuevas autoridades subnacionales extremar esfuerzos para lograr una correcta administración financiera de los ingresos y gastos que ejecutan estas, en concordancia a sus Planes Operativos Anuales, y a través de procesos de contratación agiles y oportunos enmarcados en la normativa vigente, por cuanto, están garantizados los recursos económicos y existe un Plan Estratégico de Lucha con el COVID-19 para atender la demanda de la población, detectar de forma oportuna a los pacientes con el virus y brindar un tratamiento adecuado para preservar la vida de los bolivianos.