A reencaminar la nacionalización /
Ni transparente ni eficiente, YPFB afronta su cuarta oleada de corrupción
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Hay que reencaminar el espíritu de la recuperación de los hidrocarburos en favor de la población boliviana, y generar información accesible y oportuna disponible, reclama el equipo técnico de la Iglesia Católica. Transcurridos 15 años de las luchas sociales, nuevamente la empresa petrolera nacional se enfrenta a problemas de corrupción que, con variantes y nuevos personajes repiten los accionares de los años 2007, 2008 y 2012 (Foto ABI, diciembre de 2016)
JUBILEO / BOLPRESS
La penúltima semana de mayo, la Fundación Jubileo, de la Iglesia Católica en Bolivia, recordó a las autoridades que se deben a la población y ocupan sus cargos públicos de forma transitoria, por lo que la falta de información y la opacidad en la gestión pública sólo acrecientan la desconfianza y debilitan la participación estatal en la explotación de los hidrocarburíferos.
Criticó además en torno a la voluntad política gubernamental que “ninguno de los tres intentos de reestructuración fortaleció a la estatal petrolera” y, sobre la Institucionalidad, que “YPFB debería ser transparente, eficiente y con control social, como señala el Decreto de Nacionalización”.
Destaca que transcurridos 15 años de las luchas sociales, de los resultados del Referéndum por el Gas y el consenso reflejado en la actual Constitución Política del Estado, que tanto han costado al país, nuevamente la empresa petrolera nacional se enfrenta a problemas de corrupción ‒ya hubo casos los años 2007, 2008 y 2012‒, y lo hace en un contexto desfavorable marcado por constantes interinatos para su máxima autoridad, una Ley de Hidrocarburos obsoleta, renegociación del principal contrato de exportación de gas natural boliviano (Brasil) y un contexto mundial de precios internacionales del petróleo cada vez más adverso.
Si se asigna importancia a tener una empresa petrolera nacional fuerte, eficiente y transparente, sostiene Jubileo, para la gestión de un recurso natural estratégico, resulta necesario contar con dos aspectos fundamentales:
El primero es una nueva Ley de Hidrocarburos que asigne roles claros de operador a la empresa petrolera estatal con criterios de institucionalidad, idoneidad, tansparencia, sostenibilidad y eficiencia; y el segundo, una firme voluntad política del Gobierno para implementarla lo antes posible.
MAS BUROCRACIA MENOS PERSPECTIVA
Han transcurrido 11 años desde que se promulgó el Decreto Supremo Nº 28701 y hasta la fecha no se pudo restructurar YPFB. Sus cambios institucionales han consistido en otorgarle mayores atribuciones y ampliar su aparato burocrático mediante normativa emitida directamente desde el Poder Ejecutivo, con una ausencia de visión a largo plazo y coherencia con las nuevas políticas sectoriales que había establecido el Decreto Supremo Nº 28701, y que posteriormente fueron refrendadas y ampliadas por la nueva Constitución Política del Estado del año 2009.
Uno de los problemas que tuvo el tratamiento de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 fue este desmembramiento de YPFB, propiciado por una aspiración de participación en la empresa de cada departamento productor de hidrocarburos que, sin embargo, lejos de generar un mayor beneficio local se ha traducido en falta de coordinación, débil control de gestión que puede facilitar hechos de corrupción y, adicionalmente, una considerable demora en la construcción de una empresa petrolera nacional robusta, eficiente, con resultados de exploración y operando los principales campos hidrocarburíferos del país.
Otro aspecto de la estructura actual de YPFB, que está establecido desde la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, y genera problemas, está referido a que mediante la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización (VPACF) la empresa petrolera estatal cumple el doble rol de operador– mediante sus empresas YPFB Andina, YPFB Chaco y YPFB Petroandina SAM– y fiscalizador, como YPFB Casa Matriz, responsable además de suscribir contratos de exploración y explotación con sus propias subsidiarias.
“NACIONALIZACION” AMENAZADA
Hubo varios intentos de refundación y reestructuración de YPFB desde el año 2004; sin embargo, los mismos no se han reflejado en un cambio sustancial de la empresa petrolera nacional para convertirla en el operador de las actividades de exploración y explotación a nivel nacional e internacional, advierte también Jubileo, entre otras siete conclusiones:
2 – La recuperación de empresas capitalizadas fue un importante avance para el país; no obstante, hoy se ve amenazada por la falta de visión en la articulación eficiente de éstas a la estructura de YPFB. Un claro ejemplo es que se cuenta con tres empresas de YPFB Corporación dedicadas a la actividad de transporte con los costos administrativos y de gestión que ello supone.
3 – YPFB continúa manteniendo la estructura orgánica y las sedes establecidas en la Ley Nº 3058 del año 2005 y que continúan vigentes a pesar de que la Constitución Política del Estado del año 2009 ha cambiado radicalmente el marco legal y las políticas hidrocarburíferas del país. La estructura, distribución de sedes y las funciones que se le atribuyen a YPFB no acompañan esta nueva visión de país.
4 – La actual distribución de las sedes de Presidencia Ejecutiva, vicepresidencias y gerencias de YPFB, vigentes desde la promulgación de la Ley Nº 3058 del año 2005, ha generado debilidad en la gestión de la estatal petrolera, doble rol operador y fiscalizador, y vacíos que pueden facilitar hechos de corrupción.
5 – La falta de transparencia y el casi inexistente acceso a información oportuna de la
gestión del sector hidrocarburos viene generando cada vez más desconfianza por parte de la población en la forma que se gestiona un recurso del pueblo boliviano.
6 -Los recursos hidrocarburíferos son del pueblo boliviano y son fuente de importantes excedentes económicos que deberían servir para desarrollar otros sectores económicos generadores de empleo y valor agregado; por ello, su administración y gestión ha sido delegada por el pueblo mediante la Constitución a la empresa petrolera nacional YPFB. Se espera una gestión seria, transparente, sostenible y eficiente por parte de las autoridades de turno que administran la empresa de los bolivianos.
7 – Resulta urgente tanto una nueva ley de hidrocarburos, que establezca roles claros para las entidades públicas del sector (ministerio, YPFB, ANH y EBIH), como la decisión política de implementarla lo antes posible.
8 – Los recursos naturales son para el beneficio de toda la población, por lo tanto, corre una doble obligación para quienes administran este sector: por un lado, la responsabilidad en la explotación, uso y destino de estos recursos, ya que provienen de recursos no renovables, y, por otro, la responsabilidad social que tienen para que esta explotación sea eficiente, rentable y no afecte al futuro del país. La demanda por un desarrollo sostenible, pero también sustentable, es fundamental asumirla ante la enorme responsabilidad con las futuras generaciones, las que tienen todo el derecho de gozar todo lo que el país ofrece.