¿Un «nuevo» año para los trabajadores?

La clase trabajadora boliviana recibió el año 2017 con varias noticias que afectan sus derechos laborales

La restitución del preaviso como mecanismo de despido, la imposición gubernamental del gerente actual de la Caja Nacional de Salud y el anuncio de que el gobierno de Evo Morales echará mano a recursos del Fondo de pensiones, pusieron en alerta a los trabajadores quienes manifestaron su rechazo a las mismas.

En esencia, estas noticias no hacen otra cosa que evidenciar el proceso de precarización de las condiciones laborales que vienen experimentando los trabajadores en los últimos 15 años como resultado de la vigencia de la flexibilización laboral, más aún en esta fase de retroceso de la actividad productiva en el país, por la mayor primarización de la economía nacional. Asimismo, ratifican que los derechos laborales, no obstante su reconocimiento en la nueva Constitución y en la legislación laboral, tienen limitada aplicación debido a la predominancia de los intereses económicos y políticos del gobierno, y de los empresarios.

Sin duda, las noticias referidas son preocupantes, empero, el debate generado entre los trabajadores y el gobierno ocultan la verdadera dimensión de los problemas que contienen.

La reposición del preaviso como una “modalidad de conclusión de la relación laboral” determinada por la sentencia 0907/2016-S3 emitida por la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional en agosto del año pasado, devela en efecto que los empresarios continuarán contando entre otras modalidades vigentes en la práctica, con esta forma de despido unilateral; sin embargo, las posiciones vertidas en torno a esta temática dejan de lado la discusión de la inestabilidad laboral reinante en el mercado de trabajo urbano que abona la pérdida creciente de la calidad del empleo en el país.

Según datos del CEDLA, en 2014, 84 de cada 100 asalariados en las ciudades capitales del país tenían empleos precarios, donde la inestabilidad laboral destaca como un indicador importante del deterioro de la calidad de los empleos.

VEA TAMBIEN / mujeres y trabajo: el precio de barrer las calles  EN http://www.cedla.org/sites/default/files/Boletin_OBESS_febrero-1-al-15_2017.pdf

El debate no considera, por ejemplo que, en las ciudades capitales del país, en el año 2014, el 55% de los ocupados tenían puestos de trabajo inestable[1], vale decir, eventuales, temporales, contrato a plazo fijo como las consultorías individuales y otras modalidades que no dependen precisamente del preaviso como medio de conclusión de contrato, sino de las estrategias de uso de fuerza de trabajo que las empresas privadas y públicas fueron aplicando en todos estos años, a tono con la vigencia de la flexibilización laboral en Bolivia. En consecuencia, la anulación o regulación del preaviso tiene reducido efecto en la superación de la precariedad laboral.

Similar comentario merece el nombramiento del nuevo gerente de la Caja Nacional de Salud, cuya discusión elude el análisis de los problemas estructurales de esta entidad de los trabajadores. Sin duda, que la designación trasluce arbitrariedad del gobierno y su clara intención de controlar la institución para facilitar la implementación del Seguro Único de Salud, propósito ambicionado en todo este tiempo, con recursos ajenos y sin resolver las grandes limitaciones de la salud pública en Bolivia.

Empero, es menester considerar fundamentalmente la situación estructural de esta entidad relacionada con la insuficiencia de establecimientos de segundo y tercer nivel, y con ello, la insuficiencia de camas, la dotación de mayor personal médico y de especialistas, la ineludible mejora de la provisión de medicamentos y el cambio en el modelo de gestión de la Caja con base en el control obrero; en suma, mejorar la calidad de los servicios de salud y, por ende, el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social.

Finalmente, el anuncio del gobierno de crear un fondo para los empresarios agropecuarios cruceños disponiendo inicialmente el 1% del fondo de pensiones del sistema previsional actual, inobjetablemente merece el repudio de los casi 2 millones de afiliados, por la forma unilateral y arbitraria de usar los aportes de los trabajadores, por fuera de los mecanismos del sistema y, sin garantizar, entre otros aspectos, la rentabilidad y la recuperación de los fondos prestados sin fiscalización alguna. Es pertinente recordar que la ley 065 de pensiones promulgada en diciembre de 2010 establece en el inciso c), parágrafo II del artículo 140, la inversión de no más del 5% de los fondos previsionales del sistema en “Valores o Instrumentos Financieros sin calificación de riesgo emitidos por pequeñas y medianas empresas, constituidas legalmente en el país”, determinación que en manos del gobierno se trastoca en el libre uso de estos recursos. Es importante subrayar que los aportes de los trabajadores son medios privados que no pueden dispuestos por el Estado de manera arbitraria.

Por todo esto, el rechazo a la decisión gubernamental debe abrirse al debate nacional sobre la necesidad del cambio del actual sistema de pensiones que permite no sólo el uso discrecional de los recursos, sino fundamentalmente el pago de magras pensiones de jubilación a los asegurados debido a su orientación financiera y neoliberal. Penosamente, esta demanda ha sido abandonada por la COB y por varios sectores laborales.

Tomando estas consideraciones, poco o nada se puede esperar de las mesas de trabajo conformadas por dirigentes y representantes del gobierno, con relación a cambios sustanciales en la calidad del empleo, el ejercicio de derechos laborales y en la seguridad social de corto y largo plazo.

Dato:

$US 30.829.531 de dólares fueron las ganancias acumuladas de las AFP en los cuatro años posteriores a la aplicación del nuevo sistema de pensiones (2010). (Arze, C., Boletín GPFD N° 18, CEDLA, 2016).

[1] Con base en la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística, EH – INE 2014.