Romer Saucedo acusado de extorsión y de ser ex reo de Palmasola
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El presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Charles Mejía Cardozo, denunció públicamente que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, lidera una red de presiones y manipulación destinada a influir en fallos judiciales y designaciones internas. Las acusaciones fueron expuestas en declaraciones difundidas por medios nacionales y portales digitales.
Mejía afirmó que Saucedo fue ex reo de cárcel de Palmasola por tentativa de asesinato. Según documentos difundidos en 2022 por la página Detrás de la Verdad y reseñados por medios como Agencia de Noticias El Eje, Saucedo, identificado entonces como juez anticorrupción, estuvo recluido en 2011 y obtuvo una orden de libertad provisional en 2012. Los registros señalan que fue acusado de intentar asesinar a una persona en San Ignacio de Velasco.
El presidente del TDJ del Beni aseguró que desde principios de noviembre recibió presiones para renunciar a su cargo. Según su relato, un funcionario identificado como Villazón, enviado desde Sucre, visitó su domicilio para advertirle que sería detenido si no dejaba la presidencia, con el fin de reemplazarlo por el vocal Rafael Saavedra. Mejía afirmó contar con audios, llamadas y conversaciones que, según dijo, respaldan sus declaraciones.
Mejía también denunció que su oficina fue allanada sin orden judicial y que funcionarios se llevaron su celular y computadora. Sostuvo que había respaldado la información en un segundo dispositivo. Declaró que Saavedra lo contactaba de forma reiterada para comunicarle que la Fiscalía estaba preparada para actuar en su contra si no renunciaba.
El presidente del TDJ acusó además a Saucedo de influir en acciones constitucionales, mover fiscales, ordenar allanamientos irregulares y presionar a jueces. Señaló presuntas irregularidades vinculadas a Saavedra, entre ellas marcación biométrica con apoyo de terceros, dirección de audiencias desde el exterior y manipulación de expedientes penales.
No se registran, en las fuentes consultadas, declaraciones públicas de Saucedo o del Tribunal Supremo de Justicia sobre las acusaciones. Tampoco se mencionan posicionamientos del Consejo de la Magistratura respecto al caso.
En un comunicado difundido por medios regionales, Mejía sostuvo que presentará todas las pruebas de manera pública y retó al presidente del TSJ a debatir sobre la legalidad de las acciones denunciadas. El caso genera inquietud institucional debido a que involucra a las máximas autoridades del sistema judicial boliviano y reabre cuestionamientos sobre la independencia del Órgano Judicial.