Jueces ‘autoprorrogados’ decretan el fin de su propio mandato
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La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de poner fin a la prórroga de mandato de sus propios magistrados y de los del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha intensificado la presión sobre el Órgano Legislativo para convocar urgentemente las elecciones judiciales pendientes.
El Auto Constitucional 0087/2025 ordena que los magistrados «autoprorrogados» cesen sus funciones en un plazo de 10 días hábiles, un periodo de transición que busca específicamente evitar un vacío de poder en la justicia.
Presión sobre el Legislativo
La prolongada controversia surgió en diciembre de 2023, cuando el mandato de las máximas autoridades judiciales concluyó legalmente, pero estas se mantuvieron en funciones ante la incapacidad del Legislativo de aprobar la ley que permitiera al Tribunal Supremo Electoral (TSE) organizar los comicios judiciales.
El fallo del TCP, al forzar el cese de los magistrados, deja al Legislativo con solo unos días para iniciar un proceso de transición y designación interina, o bien, acelerar el cronograma electoral. Analistas legales señalan que el cese podría generar una parálisis en la toma de decisiones clave si los órganos no actúan rápidamente.
Escenario de Vacío de Poder
Siete magistrados de los tribunales más altos de Bolivia se verán obligados a dejar sus cargos, afectando al TCP y al TSJ. Aunque la resolución mantiene la validez de todos los actos ejecutados por los magistrados prorrogados hasta la fecha del cese, se crea una situación de alta incertidumbre institucional.
La determinación del TCP, que fue emitida durante una audiencia de acción popular en contra de los «autoprorrogados», se considera un giro político y judicial que podría desbloquear la crisis de legitimidad en el Órgano Judicial de Bolivia.