Solo dos viceministerios sobreviven a la muerte del Ministerio de Justicia
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Cuatro días después de que el presidente Rodrigo Paz anunció la muerte del Ministerio de Justicia, el Gobierno firmó el decreto que deja con vida a solo dos de sus cinco viceministerios y reparte sus restos entre los ministerios de la Presidencia y Desarrollo Productivo.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional será desmantelado en el marco de una reestructuración del Órgano Ejecutivo que el Gobierno presenta como el inicio de una reforma de la administración de justicia.
El cierre se formaliza con un decreto modificatorio y transitorio del Decreto de Organización del Órgano Ejecutivo (DOE), mientras se trabaja en una nueva Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE).
Dos viceministerios sobreviven al ajuste y pasan a depender del Ministerio de la Presidencia: Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, e Igualdad de Oportunidades, Descolonización y Despatriarcalización. El Viceministerio de Defensa al Consumidor se traslada al Ministerio de Desarrollo Productivo, que asumirá la coordinación con otras entidades del área económica.
Según el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, la medida busca “enterrar” un ministerio que el Gobierno considera símbolo de persecución política, corrupción y sometimiento de jueces y fiscales al poder político. La nueva estructura, afirma, pretende garantizar independencia judicial, seguridad jurídica y mayor transparencia en la gestión pública.
Lupo dijo que la reforma incluye una reducción de cinco a dos viceministerios vinculados al área de justicia, como parte de una política de racionalización del aparato estatal, aunque no precisó el monto del ahorro esperado. El ministro señaló que no habrá una “masacre blanca”, sino una revisión de supernumerarios y la reubicación del personal con funciones definidas.
El Gobierno prevé una transición gradual para la defensa pública, los notarios y la abogacía, que seguirán bajo la Presidencia de forma transitoria hasta que se adecuen las leyes que regulan su dependencia.
Una comisión de la verdad investiga presuntas irregularidades y malversación de recursos ligadas a la antigua cartera, cuyos resultados se divulgarán de manera progresiva, dijo Lupo.