El racismo en la campaña: ¿doble vara y un país dividido rumbo a las urnas?

A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial, la contienda electoral en Bolivia se ve ensombrecida por un pasado que emerge con fuerza en plena campaña. El foco ya no está solo en las propuestas de los candidatos, sino en las polémicas que rodean a sus compañeros de fórmula, amenazando con definir el rumbo del voto ciudadano.

En lugar de debates sobre el futuro de las políticas que serán aplicadas en Bolivia después de 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo, el debate se centra en lo que hacen y también lo que no hacen los candidatos a la vicepresidencia: Edman Lara por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Juan Pablo Velasco de la Alianza Libre.

En el centro del huracán se encuentra Velasco, de la coalición liderada por el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, quien en 2010 escribió mensajes discriminatorios en la red twitter, hoy llamada X.

“A los collas hay que m4t4rlos a todos”, publicó JP Velasco el 6 de noviembre de 2010 en su cuenta personal (@JPvel). El 8 de junio de 2011 escribió: “Hay que quemar la whipala, que se muer@n todos los que la veneran, son anim@les” y el 13 de marzo de 2013, “Que lindo es ver golpear a estos collas de Bolivia”.

Los mensajes fueron revelados por un streamer argentino que se puso a revisar la cuenta @Jpvel en X (extwitter), del actual candidato a la vicepresidencia de Jorge Quiroga. Esa cuenta está registrada por Velasco ante al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los mensajes fueron verificados por ChequeaBolivia y Bolivia Verifica, medios digitales que combpruebam la veracidad de las informaciones, aunque fueron negadas por Velasco y su entorno.

El vocero de Alianza Libre, Tomás Monasterio, aseguró que el candidato vicepresidencial Juan Pablo Velasco no fue el autor de los tuits racistas que ahora se reproducen.

“Quiero aclarar puntualmente que Juan Pablo Velasco, por ningún concepto, y puedo poner mi nombre como garantía, ha elaborado, ha escrito estos tuits y esto responde a una campaña de desprestigio del que está siendo nuevamente víctima”, afirmó Monasterio a Urgente.bo.

Por esta razón, en la víspera la Asociación Nacional de Periodistas emitió un comunicado en el que afirma que «en un contexto electoral, la ciudadanía tiene derecho a conocer el pasado público –includos mensajes, postura o declaraciones controversiales– de quienes aspiran a altos cargos de Estado. La verificación busca aclarar y contrastar información, negar el ejercicio de esa labor sería socavar el derecho democrático al voto informado”.

“Los líderes políticos deben asumir plena responsabilidad por sus expresiones en el espacio digital. Las redes sociales son parte del debate público y todo mensaje emitido desde allí tiene consecuencias”, agrega el pronunciamiento.

El racismo no es una opinión, es un delito

Según el párrafo I del artículo 281 quater del Código Penal «la persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, o incite a la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad de uno a cinco años».

Además, el artículo 281 septieser establece que «La persona que participe en una organización o asociación que promuevan y/o justifiquen el racismo o la discriminación descritos en los Artículos 281 bis y281 ter o incite al odio, a la violencia o la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a cuatro años».

Además, el artículo 17 de la ley contra el racismo y toda forma de discriminación establece que «La persona que en ejercicio de la función pública conociere hechos de racismo y toda forma de discriminación, está en la obligación de denunciar ante las autoridades correspondientes; en caso de no hacerlo será pasible a la sanción dispuesta en el artículo 178 del Código Penal».

Como salida, el artículo 281 octies del Código Penal establece que «El que por cualquier medio realizare insultos u otras agresiones verbales, por motivos racistas o discriminatorios descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, incurrirá en prestación de trabajo de cuarenta días a dieciocho meses y multa de cuarenta a ciento cincuenta días».

Esa disposición agrega que «I. Si este delito fuera cometido mediante impreso, manuscrito o a través de medios de comunicación, la pena será agravada en un tercio el mínimo y en un medio el máximo. II. Si la persona sindicada de este delito se retractare, antes o a tiempo de la imputación formal, la acción penal quedará extinguida. No se admitirá una segunda retractación sobre el mismo hecho».

La negativa de Velasco a retractarse, por lo tanto, no solo es una cuestión de imagen pública, sino que podría tener consecuencias legales.

Doble vara informativa

Mientras el caso de Velasco apenas ha sido cubierto por los grandes medios, otro candidato a la vicepresidencia, Edmand Lara (PDC), enfrenta una citación judicial que ha tenido amplia difusión. Lara fue denunciado por el presuelto delito de “impedir el ejercicio de funciones” tras filmar a un sargento policial al que acusó de “corrupto” durante un allanamiento sin orden judicial en Santa Cruz. Esta disparidad en la cobertura mediática ha generado críticas y acusaciones de “doble vara”.

Rodrigo Paz, candidato presidencial del PDC, denunció esta situación: “Cuando Edmand dijo que iba a fiscalizar ‘hasta al presidente’, fue noticia en todos los medios. Pero cuando un vicepresidente larga expresiones racistas que dividen al país… no sale en medios”.

En medio de esta tormenta, una encuesta de Unitel publicada a fines de septiembre otorga una ventaja de 7,7 puntos a Tuto Quiroga sobre Rodrigo Paz en intención de voto para la segunda vuelta. Sin embargo, el equipo de Paz ha rechazado los resultados, calificándolos de “manipulación mediática” y “datos no oficiales sin respaldo metodológico”. Paralelamente, sondeos en redes sociales muestran una tendencia opuesta, con Paz alcanzando hasta un 60 % de apoyo. Estas diferencias reflejan una polarización creciente entre el electorado urbano y el interior del país.