La demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia: mucho más que un litigio

lacommunis.org.- El 11 de enero de 2024 se llevó a cabo la audiencia pública anta la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en la cual Sudáfrica acusó a Israel de genocidio pidiendo que se le ordene suspender su operación militar en la palestina Franja de Gaza.

La CIJ, órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas desempeña una doble misión: el arreglo conforme al derecho internacional de controversias que le sean sometidas por los Estados, y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos u organismos del Sistema de Naciones Unidas con autorización para hacerlo.

De acuerdo con el artículo 93 de la Carta de la ONU todos los Miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Además de resoluciones definitivas, la CIJ puede adoptar medidas provisionales si considera que los derechos que constituyen el objeto del fallo que ha de pronunciar corren un riesgo inmediato. Las medidas provisionales tienen por objeto, en general, congelar la situación en tanto se dicta la sentencia definitiva de la Corte respecto de la controversia.

Cada miembro de la ONU se compromete a cumplir la decisión de la CIJ en todo litigio en que sea parte. Si una de las partes en un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto de que se lleve a efecto la ejecución del fallo.

“Los palestinos en Gaza están sujetos a bombardeos incesantes dondequiera que vayan. Son asesinados en sus hogares, en lugares donde buscan refugio, en hospitales, escuelas, mezquitas, iglesias y mientras intentaban encontrar comida y agua para sus familias”, expuso Amila Hassim, representante legal de Sudáfrica.

En lo esencial, además de aportar múltiples pruebas documentales y audiovisuales, Sudáfrica reiteró la acusación que presentó ante la CIJ el 29 de diciembre, afirmando que Israel viola la Convención de 1948 para la Prevención y el Castigo de la Crimen de Genocidio, aceptada por ambos Estados.

Se afirma que en estos más de tres meses de ataques de Israel han muerto más de 23.000 personas, el 70% de ellas son mujeres y niños. Hay más de 7.000 desaparecidos, muchos de los cuales se creen aplastados bajo las ruinas.

Hassim fundamenta su acusación en cuatro pilares fundamentales:  a) los desplazamientos forzosos ya que el 85% de los palestinos han abandonado sus hogares; b) la imposición de deshidratación y hambruna afirmando que por estas razones morirán más que por los ataques militares; c) por la destrucción de infraestructura médica y d) en cuarto lugar, por los ataques a la salud reproductiva que obliga hasta el desplazamiento de bebés en incubadoras.

Afirma en su exposición que han sido habituales los llamados a borrar Gaza del mapa, calificando a los palestinos como animales, invocando a Amalek o pidiendo la expulsión de todos los gazatíes de su tierra. También se han reproducido clips de soldados del Ejército celebrando y bailando sobre las ruinas de la Franja. «Si estas declaraciones israelíes no hubieran tenido un propósito específico, no se habrían emitido. Israel actuó siguiendo un patrón de conducta calculado que indica una intención genocida», han concluido los representantes de Pretoria.

Por su lado, la defensa israelí sostiene que no existe genocidio ni crímenes de guerra, y en el caso de que se hayan producido violaciones de la legalidad estas acabarán siendo juzgadas por el propio sistema judicial israelí.

La estrategia de la defensa israelí se basó también en desacreditar a Sudáfrica, a quien acusó de estar apoyando a Hamás y la “masacre de judíos por ser judíos y vivir en Israel”. Además, se sostiene que no existe disputa real entre Sudáfrica e Israel ya que, no se habrían agotado las vías previas de resolución del conflicto.

Autoridades israelís han afirmado que Israel en Gaza no destruye a la gente, sino que la protege por lo cual, la solicitud de un alto el fuego es “desmedida” pidiendo, en cambio, que la Corte penalice a Sudáfrica por mantener estrechos vínculos con Hamás.

Con todo ello, el desafío sudafricano pasa por convencer a los magistrados de que existió y existe premeditación del Estado en su intención genocida. El equipo jurídico ha mostrado un tsunami de vídeos, fotografías, mapas y declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu y miembros de su Gobierno que dan cuenta de la «deshumanización sistémica» y de la «retórica genocida».

Sudáfrica ha pedido a la Corte que emita con urgencia medidas provisionales que ordenen a Israel suspender inmediatamente sus operaciones militares en y contra Gaza, y proteger a los residentes de actos de genocidio.

Asimismo, pide que el Estado demandado se abstenga de entorpecer el acceso a la ayuda humanitaria en la Franja, que accede bajo protección de las agencias de las Naciones Unidas.

También solicita que Israel se abstenga de tomar medidas que puedan agravar o ampliar el litigio, y que garantice que las personas “bajo su control no inciten pública y directamente al genocidio”.

El caso Sudáfrica vs Israel no es solo relevante por el contenido debatido, sino que en el momento actual tiene otras connotaciones no menos importantes.

De hecho, desde que Pretoria ha iniciado el proceso, varios países se han posicionado, a favor o en contra de este, reflejando claramente el realineamiento global de los últimos tiempos producto de superpuestas crisis globales y regionales que van cambiando el esquema geopolítico que teníamos hasta hace no mucho tiempo.

Al igual que en el caso de la guerra que se escenifica en Ucrania, varios países del denominado “sur global”, no han acompañado los designios del llamado “occidente” (USA, Unión Europea y aliados) sino que adoptan posiciones autónomas.  Entre otros, países como Bolivia, Jordania, Pakistán, Venezuela, Nicaragua o Turquía, así como la Liga Árabe, han expresado su apoyo al proceso iniciado por Sudáfrica, al tiempo que figuras políticas europeas como Corbyn, Melanchon o Ada Colau, han acompañado al país africano en la audiencia pública.

Paralelamente, múltiples manifestaciones de condena a Israel y/o llamado al cese al fuego se han llevado a cabo en buena parte del planeta, conformando un contexto complejo no solo para Israel sino para otros países que le apoyan en su visión y acciones.

Recurrir a una entidad jurisdiccional es tratar de resolver la conflictividad no por medios violentos sino a través de instituciones, normas, principios y procedimientos que el mundo adoptó al fin de la segunda guerra mundial, precisamente para superar esa etapa de conflagración bélica.

Además, este caso sometido a la CIJ es un llamado más, tal vez uno de los últimos, para que el multilateralismo logre dar respuestas de peso a favor de la paz y la protección de los derechos humanos.

Sabido es que, si bien la Asamblea General de la ONU se ha pronunciado varias veces reclamando el cese al fuego, en el Consejo de Seguridad no se han adoptado medidas útiles que permitan detener el sufrimiento de miles de personas y abrir caminos ciertos de entendimiento hacia el futuro.

Por ello Sudáfrica está pidiendo, entre las medidas provisionales, el cese inmediato de los ataques y de cualquiera otra acción que pueda agravar el conflicto.

Algunas voces han manifestado su extrañeza sobre la falta de acción hasta el momento por parte de la Corte Penal de Justicia que ante otras situaciones ha mostrado una celeridad que ahora no se avizora.

La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, en inglés), con sede en Nueva York, ha reclamado que el fiscal de la CPI, Karim Khan, investigue lo que ocurre en Gaza, como lo hizo en el caso de Ucrania cuando inició un proceso contra el presidente ruso por la invasión de febrero del año 2022.

Que tanto la Corte Internacional de Justicia como la Corte Penal Internacional cumplan con su mandato y responsabilidades será de extrema importancia para recuperar, al menos en parte, no solo la imagen, sino el papel protagónico que las entidades multilaterales debieran tener para la regulación de las relaciones entre Estados y la protección de los derechos personales y colectivos de los seres humanos.