Élite cruceña en decadencia

En las últimas semanas se han escuchado noticias de hechos que están perjudicando a la ciudad  de Santa Cruz, una es de estas es la fuga de un narco traficante que habría radicado en esta ciudad por más de un año y habría establecido actividades económicas y deportivas y probablemente tenido algún tipo de vínculo con las elites cruceñas, pequeño grupo que no desaprovecha la oportunidad de beneficiarse de los recursos del sector público y privados, sin importar si su origen es legal todo por mostrar un supuesto modelo económico exitoso.

Recordemos entonces algunos de estos hechos que involucran a estos personajes: empezando por los 800 ítems fantasmas donde los principales acusados son una ex alcaldesa y el ex director de RR.HH de ese municipio y también ex ministro de economía de Yanine Añez, hecho del cual se considera un daño económico de Bs. 153 millones, además a esta investigación se ha ampliado al hermano de esta ex primera autoridad, quien tendría registrado a su nombre 233 inmuebles valuados en un total de Bs. 199.230.317  y 16 vehículos hasta noviembre del 2022.

Otro hecho es el drama de los  ahorristas del Banco Fassil, donde se realizaron transacciones financieras poco claras desviando aproximadamente $us 600 millones a pocos empresarios entre los cuales se encuentra la hermana de Branko Marinckbki y la falta de explicación de la procedencia de capitales, un daño que afectaría directamente a la economía no solo de la región, sino también del país.

A esto se le suma la baja ejecución presupuestaria de la gobernación al primer semestre con tan solo el 33,49%, administración que se ve mermada por el gobernador, quien tiene que estar realizando acciones desde Chonchocoro, sin respetar su propio estatuto autonómico, priorizando lo político a la necesidad de la población. Esta pésima gestión repercute por ejemplo la construcción de la carretera Las Cruces – Buenas Vista, construcción que es compartida entre la Gobernación y la ABC, la cual no llegan a un consenso, por la falta de alternativas técnicas locales para no afectar acuíferos, lo cual ocasiono protestas sociales como un bloqueo carretero, que afecta la exportación agrícola. A esto se añade un bloqueo en San José de Chiquitos y San Ignacio de Velasco por ex trabajadores de Macrovia, empresa que no realizo el pago adeudado a sus trabajdores. Y para rematar un grupo de pobladores de Boyuibe bloqueo la ruta que conecta con la Argentina, demandando un Ítem para salud, la cual es competencia de la gobernación.

Y lo más fresquito es la aprensión del señor Roberto Arana Suarez quien era el abogado de Sebastián Marcet, narcotraficante prófugo, quien también era abogado del Comité Cívico el 2019, al cual el Gobernador Camacho en imágenes grabadas agradece públicamente en el golpe de estado, resaltando su profesionalismo y supuestos principios democráticos.

Sera coincidencia que en cada hecho dudoso salte un posible vínculo con este pequeño grupo que se ha encarama en el poder institucional de ese departamento y recibe los beneficios de manera discrecional, o es la decadencia de este grupo del cual se puede cuestionar el origen de sus recursos y que ahora se han convertido en un lastre para el crecimiento y desarrollo de Santa Cruz, quienes priorizan sus privilegios políticos y económicos, sobre el beneficio de la población; en el caso del gobernador ¿será la hora de un cambio por representantes genuinos y más  inclusivos para la participación de otros sectores que tomen la institucionalidad y la democraticen que tengan una moral más alta?, ¿será que con este antecedente se puede gobernar desde las cárceles?