Periodistas Vs periodistas, la CIDH escuchó dos versiones

Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron testimonios contradictorios de dirigentes de tres asociaciones de prensa en La Paz y Bolivia, que se autodenominan «independientes», pero que actúan públicamente como opositores al gobierno, así como de tres directores y periodistas de medios de comunicación calificados como oficialistas.

Durante la audiencia realizada este martes 28 de marzo en un hotel de la zona Sur de la ciudad de La Paz, la primera vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el relator para la libertad de prensa, Pedro Vaca, escucharon los informes presentados por ambos grupos de periodistas.

El primer grupo, calificado de oficialista, estuvo compuesto por la directora del matutino La Razón, Claudia Benavente; el director propietario de ATB, Jimmy Iturri; el jefe de prensa del canal Abya Ayala, Diego Montaño; la directora y conductora del programa Desacuerdo TV, Susana Bejarano; el corresponsal de Telesur, Freddy Morales, y los periodistas Lucía Sauma, Iván Maldonado, Julio Peñaloza, José Aramayo, Camila Ugalde y Pedro García.

Estos periodistas presentaron un documento y argumentaron que no se sienten representados por los dirigentes de las asociaciones de prensa que citan hechos de violencia desde el 2013, pero no mencionan la vulneración de los derechos humanos de los trabajadores de la prensa que no son de su línea política y que sufrieron graves agresiones en los hechos luctuosos de noviembre del 2019 y en otras movilizaciones recientes en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

Freddy Morales informó que se denunció ante la CIDH a los dirigentes de las asociaciones porque no son fiables y no pueden constituirse en única fuente para posicionar informes sobre la libertad de prensa ante los organismos internacionales cuando discriminan a periodistas que también son agredidos.

El segundo grupo de periodistas, auto identificados «independientes», estuvo integrado por la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Zulema Alanes; el presidente de la patronal Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Jorge Carrasco, y el director ejecutivo Franz Chávez; el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Raúl Peñaranda, y la vicepresidenta Gloria Martínez; la representante de la Red de Apoyo y Protección a Periodistas (RAPP) y exdirectora del derechista periódico Página Siete, Isabel Mercado; el asesor en temas de protección a periodistas de la Fundación para el Periodismo y del Tribunal Nacional de Ética Periodística, Ramiro Orías, y el ex presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic.

Este grupo reiteró denuncias de violaciones a los derechos humanos y la existencia de «presos políticos», como la expresidenta Jeanine Añez; el exdirigente cívico de Potosí y ex candidato a la vicepresidencia, Marco Antonio Pumari; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; activistas de los grupos violentos «Resistencia Juventud Cochala» y «Unión Juvenil Cruceñista»; policías y militares acusados en el caso «Golpe I».

En la segunda reunión llamó la atención que, en una publicación de la página Brújula Digital, la presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, “expresó que, según estimaciones de la fundación Unitas, en 2018 se producía una agresión o acto de violencia contra los periodistas cada seis días y ello ha ido agravándose hasta este momento, en el que existe una cada dos días”. Sin embargo, en los últimos 30 días no se registró ninguna agresión a periodistas.

Hace un par de semanas, Alanes declaró a Página Siete que actualmente “estamos peor que en las dictaduras”, afirmación que demostró la vigencia de la libertad de prensa porque no fue prohibida ni cuestionada por ninguna instancia gubernamental ni partidaria oficialista.

Además, resultó curioso que el presidente de la ANP, Jorge Carrasco, quien también es propietario y director del matutino paceño El Diario, denuncie una asfixia impositiva, pese a que en agosto de 2019, el Servicio de Impuestos Nacionales publicó, en su página de Facebook, que El Diario debía al Estado boliviano, por concepto de impuestos nacionales (IVA, IT, IUE y RC-IVA), un total de Bs666.734.294, de los cuales Bs120.802.214 correspondían al tributo omitido más el mantenimiento de valor, Bs444.440.983 al interés, Bs127.443 a la multa por incumplimiento a deberes formales (IDF) y Bs101.363.654 a la sanción. Esta deuda estaba actualizada hasta el 30 de abril de 2019.

Periodistas no representados por las asociaciones

El grupo que no se siente representado por estas organizaciones, en su carta, resalta que: “El informe del 3 de febrero de 2023, de las Asociaciones de Periodistas y otros, demuestra audacia. Contradice e intenta rebatir el meticuloso aporte realizado en Bolivia por la propia CIDH y el consiguiente trabajo de ocho meses in situ del GIEI. Denuncia e intenta desmerecer ante los autores del informe, que esa investigación no sirve, con la evidente intención de promover la impunidad de los graves crímenes establecidos, primero por la CIDH y luego por el GIEI en la crisis política de 2019 y sus consecuencias posteriores”.

Respecto de la vulneración de derechos y agresiones sufridas por periodistas, agregan que estas asociaciones “sólo registran casos ‘seleccionados’, y callan otros que, aparentemente, no responden a su línea política e ideológica. Pese a que recoge versiones desde al año 2013, no consigna algunos de 2019, establecidos por la investigación del GIEI”.

Algunos de estos casos de 2019 corresponden a los periodistas: José Aramayo, de la radio comunitaria de la CSUTCB, retenido por particulares y amarrado a un árbol, y luego arrestado por la policía; Adair Pinto, de la Radio Potencia Dinámica fue detenido y golpeado por fuerzas de seguridad, obligado a abandonar Bolivia; la corresponsal Teresa Bo, de Al Jazeera, agredida con gas pimienta; Brishka Espada, de la red ATB, agredida, golpeada hasta desmayarse y acusada de “masista”; saqueo de la sede de la Radio y Televisión Mega; amenazas a la emisora estatal Bolivia TV, en La Paz, por lo que se interrumpieron las transmisiones y los empleados fueron evacuados del edificio; en especial, la muerte por politraumatismos del periodista argentino Sebastián Moro, del periódico Prensa Rural, entre otros.

En tanto que existen hechos recientes “también ignorados, lo que provocó que el 16 de enero último, se produjera un plantón de protesta frente al edificio donde las Asociaciones de Periodistas tienen sus oficinas en La Paz”. Algunos de estos casos corresponden a: el periodista Enrique Serrudo Tejerina, agredido en el rostro; la periodista Adriana Álvarez recibió una pedrada en la cabeza y debió ser auxiliada de emergencia; Yuroslava Ojeda, periodista de Bolivia Tv, denuncia amenazas contra su hijo; la reportera Blanca Mamani denuncia la quema de la radio comunitaria de Los Yungas Jallala; Fabio Espinoza, presentador de Noticias de Bolivia Tv en Santa Cruz, denuncia hostigamiento y amenazas; finalmente, Eduardo Bonifaz, Jefe de Prensa de Bolivia Tv en Santa Cruz, denuncia que, pese a haber enviado cartas, no hubo un pronunciamiento de las asociaciones periodísticas.

En la carta, también recuerdan que, de acuerdo al informe del GIEI, en 2019 la entonces ministra de Comunicación del gobierno de Jeanine Añez, Roxana Lizárraga, “vinculó la actuación de periodistas con actos de sedición. El tenor de sus declaraciones que aludía también a la prensa extranjera – no contribuía a proteger la libertad de prensa y la integridad de los periodistas, sino que transmitía un claro tono de amenaza”, lo que derivó en la detención de los periodistas independientes Alejandra Salinas y Orestes Sotomayor en diciembre de 2019. Ese mismo mes, el entonces presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, había proclamado que se vivía “un huracán imparable de libertad de expresión”.

La representación colegiada de periodistas “independientes”

En notas publicadas en la página Brújula Digital, de Raúl Peñaranda; y El Diario, de Jorge Carrasco; se informa de la reunión sostenida con la misión de la CIDH donde la presidenta de esta Asociación, Zulema Alanes, “hizo un repaso de la situación que enfrentan los periodistas. Detalló que estos son objeto de agresiones físicas y verbales, juicios penales por errores administrativos, asfixia económica, intentos de amedrentamiento y otros.”

“Posteriormente, Raúl Peñaranda dio una visión general sobre situación de las violaciones a los derechos humanos en Bolivia y mencionó tres casos específicos”, se afirma en la nota y pasa a mencionarlos haciendo afirmaciones conclusivas sobre casos en proceso de juicio: al dirigente cívico Marco Antonio Pumari “acusado sin pruebas”; al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, “acusado de un delito inexistente, el supuesto golpe de Estado”; y a la expresidenta Jeanine Añez, que debería ser “juzgada mediante Juicio de Responsabilidades”.

Isabel mercado, en representación de RAPP, según el informe, “señaló que el proyecto que dirige está destinado a ofrecer apoyo legal a los periodistas y comunicadores en general que son acosados por el oficialismo o que sienten la presión del gobierno debido a su trabajo”. No especifica si también atiende casos en que haya periodistas que sientan sus derechos vulnerados por la oposición.

Siguiendo con ese tema, Orías dijo que es fundamental para la prensa boliviana que se respalden entidades como RAPP y similares, porque los periodistas están totalmente inermes ante las presiones del gobierno. No mencionó que hubiera también algún tipo de presiones desde la oposición.

Finalmente, Ramiro Orías dijo que el Tribunal Nacional de Ética Periodística (TNEP) “ya ha emitido más de 120 casos. Informó que al TNEP pueden acudir cualquier persona, como autoridades, otros periodistas, empresarios, etc., si se sienten afectados por el trabajo de los periodistas”.