Composición del presupuesto general del Estado 2023

En las últimas semanas a raíz de la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado – PGE para el 2023, en diferentes medios de comunicación se entretejieron una serie de comentarios, críticas y opiniones políticas respecto a los datos que el Órgano Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Ante esta serie de opiniones vertidas por asambleístas, analistas políticos, etc me gustaría desarrollar alguna de las temáticas debatidas, como cuál es la razón por la que el Presupuesto de Bolivia representa uno de los porcentajes más altos respecto al Producto Interno Bruto – PIB comparado con otros países, lo cual implicaría un importante gasto corriente estatal y que se concentra en el pago de sueldos y salarios de un aparato estatal grande.

Se dice que es un despropósito que el PGE para el 2023 represente el 78% del PIB, incluso algunos analistas señalan que este alcanzaría al 83%, muy por encima si se compara este porcentaje con el de otros países como en Estados Unidos con 30%, Chile 25% y en Paraguay con 40%. Sin embargo, para realizar esta comparación, debemos conocer las particularidades del presupuesto de Bolivia.

A diferencia de lo mencionado respecto a otros países, Bolivia incorpora en su presupuesto a todas las entidades que administran recursos públicos, es decir, órganos del Estado, entidades de control y defensa, entidades descentralizadas y de seguridad social, Empresas y Universidades Públicas, gobiernos departamentales, municipales entre otros, lo que impide efectuar una comparación directa con otros presupuestos.

Entonces si al presupuesto de Bolivia le quitamos las instituciones que otros países no contemplan dentro de sus presupuestos como las empresas públicas, universidades y entidades territoriales autónomas, el porcentaje respecto al PIB se encuentra alrededor del 40%, cifra ahora útil para un análisis comparativo.

Un segundo aspecto también cuestionado está relacionado a la composición del presupuesto de gasto corriente que para el 2023 se proyecta con Bs144.485 millones lo cual implica un 59,2% del presupuesto total, una cifra elevada para algunos analistas.

Pero si vamos descomponiendo este dato comprenderemos que Bs62.799 millones se destina a la compra de bienes y servicios, donde se concentra principalmente los gastos que Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia realiza por la importación y comercialización de gasolina y diésel, otro componente importante es aquel vinculado a los gastos de operación que tiene las empresas públicas.

Un tercer elemento de este análisis que también forma parte de los gastos corrientes, son aquellos que están destinados a sueldos y salarios, los cuales se cuestionan enfáticamente al señalar la razón es porque se tiene un aparato estatal demasiado grande, aseveración que nuevamente puede refutarse si nos interiorizamos y entendemos que es lo que implica este pago.

Para el 2023 el Gobierno destinará Bs47.253 millones a sueldos de: los más de 188.000 ítems del maestros y administrativos del Magisterio Fiscal y de las Direcciones Departamentales de Educación, más de 70.000 ítems que se encuentran en los Servicios Departamentales de Salud, Programas de Salud, entidades de Seguridad Social y aquel personal de salud con los que cuenta las gobernaciones y municipios a nivel nacional, y los 61.700 efectivos policiales y militares.

Solamente el gasto en sueldo de los 4 sectores mencionados representa el 58.1% es decir Bs27.472 millones, entre las Entidades Territoriales Autónomas y las Universidades se suma Bs8.302 millones, las cajas de salud con Bs3.526 millones, las Empresa Públicas se tiene Bs3.177 millones y en el resto de entidades públicas se concentra Bs4,776 millones.

Como se pudo apreciar es sumamente importante profundizar el análisis respecto a la composición del Presupuesto General del Estado que se encuentra en tratamiento y debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo que permite comprender el destino de la política fiscal que el gobierno plantea en el marco del Modelo Económico Social Productivo.