Fantasmas y violencia patrimonial

En el proceso de divorcio de su marido, Valeria Rodríguez arguyó, entre otros elementos, que sufría violencia económica y patrimonial de parte de su esposo, Antonio Parada. Usó esta conquista de las mujeres para reclamar parte del botín de, lo que al parecer fueron, años de millonarios robos al erario público boliviano.

Luego de haberse aprobado en Bolivia la ley 348, para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, se han conocido sanciones penales (no suficientes) contra feminicidas o violadores; sin embargo, poco o nada ha salido a luz respecto a la violencia económica y patrimonial que es cuando el marido impide que su esposa tenga acceso a los recursos o al patrimonio logrado durante el matrimonio.

Con esa demanda, hecha pública en los medios por Rodríguez y al parecer como venganza, se destapó un verdadero escándalo de corrupción que se habría estado cometiendo desde hace años en la Alcaldía de la ciudad Santa Cruz de la Sierra y que, como modus operandi, saltó a otras instituciones nacionales y locales: se crearon contratos de trabajo falsos para que cierto grupo de poder cobre mensualmente esos sueldos, sin que la persona contratada trabaje (aunque sí recibía un monto mínimo al mes por prestar su nombre en el fraude).

Se habla de miles de contratos y en dinero son millones de bolivianos anuales, no hay cifras claras, que ha perdido el municipio, el estado y quienes pagan impuestos. Contratos con los que, todo indica, se convivía cotidianamente en ciertos espacios institucionales corrompidos ya que se actuaba de manera naturalizada en esa práctica ilegal.

Por ello, por esa naturalización, es que, sabiéndolo, Valeria Rodríguez reclama una parte como su derecho, luego de haberlo disfrutado durante el matrimonio y dejar de tenerlo en el divorcio. Por lo visto, como apunte y sin quitarle a ella la responsabilidad que tenga, su ex marido sí que cometía violencia patrimonial ya que, junto a su hermano, tenía registrados a su nombre 10 inmuebles y 20 vehículos (hoy anotados judicialmente), mientras que ella, por lo visto, no tenía propiedades a su nombre en Bolivia. Es que las prácticas patriarcales operan en lo legal y lo ilegal de igual manera.

Resulta muy duro ver que por un lado se inventan miles de contratos para cobrarlos sin trabajar y que por otro haya personas que trabajan y no cobren ningún sueldo, también de una forma tan naturalizada que pasa desapercibida. Es el caso de las mujeres “amas de casa” que hacen posible que marido e hijos tengan las condiciones necesarias para desarrollar su vida, ganar dinero o estudiar, y a cambio no se les reconoce su trabajo ni con un sueldo ni a nivel estructural en la economía.

También están las personas que trabajan y reciben por ello ingresos económicos, pero también son fantasmas porque no están registradas oficialmente. Son cientos de miles y hacen trabajos informales como única forma de acceso a recursos, gran parte son mujeres que se buscan la vida como pueden vendiendo dulces o refresco en una esquina, hacen contrabando hormiga, cosen o tejen y venden en la calle, bajo el sol o en la lluvia.

Los millones de bolivianos obtenidos de esta manera ilícita, al parecer, se repartía en una élite que está emparentada y relacionada políticamente. Se investiga a dos ex alcaldes y se ha denunciado la participación de políticos, principalmente de oposición al gobierno. Se ha dicho también que parte de ese dinero ha ido a financiar las movilizaciones que llevaron al golpe de estado de 2019 y a las recientes en contra de algunas leyes de la actual legislatura. Las investigaciones están en curso.

¿Qué se podría haber hecho con los millones robados? Tantas obras en un país con tantas necesidades. Ojalá, por ejemplo, se incautaran los bienes mal habidos y se destinaran a las mujeres que viven violencia machista. Pero, ¿cuánto se podrá recuperar? La sanción debiera ser muy drástica ya que sí que hubo violencia patrimonial, pero hacia el Estado, hacia el patrimonio de toda la gente, es un robo generalizado.