Presupuesto público boliviano

La Constitución Política del Estado estable que, la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado – PGE se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.

Desde una perspectiva estructural, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, por lo que el PGE incorpora a las Empresas Públicas, Entidades de Seguridad Social, Universidades Públicas, Entidades Descentralizadas, los Órganos del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales, Indígenas Originarios Campesinos y Entidades de Control y Defensa del Estado, Entidades Públicas Financieras y No Financieras, los cuales suman 579 instituciones que elaboran su presupuesto institucional de manera anual, en el marco del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo – MESCP y la normativa presupuestaria vigente.

Al respecto, el PGE se compone de dos grupos de cuentas, por un lado, los Ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras, y por el otro lado, los Gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basados principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.

En el periodo neoliberal (1985- 2005) los gobiernos de turno elaboraban el Presupuesto General de la Nación – PGN, el cual respondía a un modelo neoliberal y tenía carácter regulador, discrecional y sólo administrativo del Estado, cuyo principal objetivo era reducir la participación pública en la economía local en beneficio de las empresas transnacionales que operaban en el país.

Asimismo, el PGN se elaboraba con base en las recetas dictadas por los organismos internacionales, no existía claridad en los gastos, presentaban constantes déficit, y otras deficiencias, por ejemplo los gastos no se transparentaban, evidenciando la existencia de los Gastos Reservados, cuyos recursos económicos eran asignados al Ministerio de Gobierno sin fiscalización, o el pago de sobresueldos a ministros, viceministros y otras autoridades estatales, con dinero proveniente del exterior; otro ejemplo, en dicho periodo se recurría a préstamos externos para el pago de salarios o aguinaldos de los empleados del sector estatal, maestros del magisterio fiscal y trabajadores en salud.

A partir de la gestión 2006, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del MESCP, convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país, a cuyo efecto, el PGE consolidado y agregado para la gestión mencionada alcanzaba a Bs46.332 millones y Bs59.834 millones, respectivamente. Para la presente gestión fiscal, el PGE aprobado asciende a Bs228.357 millones (consolidado) y Bs295.600 millones (agregado), es decir que, el presupuesto público en los últimos años ha cuadruplicado sus cifras.

Sin duda, este aspecto incremental del PGE ha permitido a nuestro país la obtención de los siguientes logros: crecimiento económico sostenido, acumulación de niveles récord de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, incrementos salariales, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza extrema, redistribución del excedente económico a sectores desprotegidos, disminución del desempleo y de la desigualdad económica.