El FMI y la condicionalidad a través del crédito

Tan rápido como se gestionó se aprobó un crédito solicitado por Bolivia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un laxo comunicado el 17 de abril de 2020, “el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente 327 millones de dólares (DEFG 240.1 millones, 100 por ciento de la cuota) en virtud del Instrumento de Financiamiento Rápido para ayudar al país a enfrentar necesidades de balanza de pagos derivada de la Covid-19” www.imf.org.

De esta manera se inicia una de las facetas más interesantes de nuestra economía. En abril de 2020 el gobierno transitorio de Jeanine Añez, conjuntamente con su Ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada, contrajo un crédito de 346.7 millones de dólares en el marco del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI -el IFR se creó el año 2011-, que es uno de los mecanismos que tiene esta institución para proporcionar créditos a diferentes países que requieran de financiamiento; el IFR es un respaldo rápido para necesidades urgentes de balanza de pagos sin que tengan necesidad de que exista un programa propiamente dicho. Posteriormente, algunos meses después, a principios de octubre de ese mismo año el entonces Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Branco Marinkovic, realizó gestiones ante el FMI para “pasar” a la modalidad “intercambio de divisas” el crédito contratado en abril ante el FMI y eludir la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Este crédito, de acuerdo a la normativa vigente en el país tuvo que ser necesariamente aprobada por la ALP, sin embargo, el gobierno de Añez autorizó que el FMI desembolsará rápidamente a las cuentas del TGN en el BCB. Pero, resulta que este dinero estuvo “inmovilizado” pero no por eso estaba excento de pagar intereses y otros cargos, pero, lo que no se dijo es que estaba indexado a los DEG, es decir, que aunque no se llegó a utilizarlo se tuvo que pagar 24.3 millones de dólares distribuidos de la manera: 4.7 millones de dólares por concepto de comisiones e intereses y 19.6 millones de dólares por variación cambiaria (precisamente por esta indexación al DEG). Estos 24.3 millones de dólares surgen por que el BCB, como agente financiero del Gobierno, desembolsó 351.5 millones de dólares de los cuales 346.7 millones de dólares son el pago de capital generando un costo financiero de 24.3 millones de dólares en nueve meses de haberse desenbolsado. Los Derechos Especiales de Giro (DEG) es un activo de reserva internacional del FMI que está compuesto por una cesta de cinco monedas.

Este crédito debió ser aprobado por la ALP de acuerdo a lo establecido en los articulos 158 y 322 de la vigente CPE y otras normas conexas vigentes en nuestro país, lo que implicaba, caso contrario, vulnerar la soberanía y los interese económicos de nuestro país.

Estas condicionalidades que también se encuentran en ese comunicado del 17 de abril que dice: “con este fin, se comprometen a alcanzar un déficit sostenible en el mediano plazo, mientras continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras medidas macro y financieras según sea necesario”

Posteriormente, hace unos días atrás, el Banco Central de Bolivia, devolvió este crédito porque estaba atado a ciertos condicionamientos que un gobierno de transición no puede comprometer, precisamente por su carácter transitorio, puesto que tenía la inicial misión de llamar a elecciones lo más pronto posible, y, por lo tanto, no puede comprometer acciones que posteriormente tienen que ser asumidos por un gobierno ulterior. Estas condicionalidades que también se encuentran en ese comunicado del 17 de abril que dice: “con este fin, se comprometen a alcanzar un déficit sostenible en el mediano plazo, mientras continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras medidas macro y financieras según sea necesario” www.imf.org,  en otros términos son: bajar el déficit fiscal, mejorar la balanza de pagos y modificar el tipo de cambio (modificando el tipo de cambio fijo vigente), es decir, que la condicionalidad tocaba aspectos muy importantes y centrales en temas de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias. Es preciso indicar que esta condicionalidad no permitirá contar con una política económica soberana, que tengamos grados de libertad, que nos permitan diseñar y ejecutar un plan donde tengamos la capacidad de realizar acciones de políticas públicas en función de nuestras necesidades y objetivos.

Esto significa que cuando el país obtuvo el crédito, el gobierno transitorio se comprometió a ajustar la política económica para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera al FMI y garantizar su devolución.