Vacunas, estrategia desesperada para ganar votos

El domingo 7 de marzo, los bolivianos y bolivianas acudiremos nuevamente a las urnas, para elegir a nuestros gobernadores y alcaldes. Estando prácticamente a unos días de este hecho, se intensificaron las campañas de todos los partidos políticos, desplazando a la pandemia del coronavirus COVID 19 a un segundo plano.

En la última semana surgieron propuestas vinculadas a la adquisición de vacunas contra el COVID 19, donde algunas gobernaciones y municipios plantearon esta compra paralelamente a la del Gobierno Central; sin embargo, si nos ponemos a analizar con mas detalle, podemos claramente deducir que estos ofrecimientos tienen más un interés político, y no una prioridad de salud pública, la cual se fundamenta en la siguiente descripción.

El Gobierno Nacional viene ejecutando un plan de adquisiciones y recepción de más de 15 millones de dosis que llegarían hasta el mes de mayo, entre las que se destacan, Sputnik-V de Rusia, AstraZenica desarrollada por un equipo de la Universidad de Oxford, Pfizer que provendrá a través de mecanismo COVAX desarrollado a la cabeza de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Sinopharm que recientemente llego al país proveniente de China.

Tomando en cuenta que cada persona debe recibir 2 dosis de la vacuna, a nivel nacional se estaría vacunando a un poco más de 7 millones de habitantes, cantidad que representa el 60% de la población total. Al hacer este cálculo, inmediatamente surge la duda respecto al 40% restante, pues esa población son los jóvenes menores de 18 años, que en su mayoría superan el virus sin complicaciones, además, de que aún no existe una vacuna para este grupo etario.

Si lo mencionado es correcto, como se justifica la insistente demanda de las gobernaciones y municipios, para tener la “autorización” que les permita adquirir paralelamente vacunas, más aun si restan a días de concluir su gestión

Desde el momento en que fue aprobado el Presupuesto General del Estado para la presente gestión, muchas de las entidades subnacionales expresaron una serie de demandas ante el gobierno central, en el sentido de que sus presupuestos institucionales sufrieron recortes significativos con relación a los que recibían en las gestiones pasadas, y que no serían suficientes para llevar adelante sus actividades cotidianas.

La Ley N° 031 de 19 de julio de 2010, de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, el Artículo 81, en su parágrafo III, incisos 1 y 2, establecen con claridad que los Gobiernos Autónomos Departamentales, deben cubrir los gastos de los establecimientos de salud del tercer nivel, vale decir servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. Para los Gobiernos Autónomos Municipales, dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel, siendo parte fundamental del Sistema Único de Salud; en este sentido, resulta contradictorio expresar que están entidades tiene todo para comprar vacunas, cuando días antes exigían al gobierno más presupuesto “porque no tenían” para la atención de los hospitales.

Es evidente que los aspectos políticos están involucrados profundamente en la atención de la salud, sin embargo, la esperanza de que se generen mecanismos de coordinación para el éxito de la vacunación masiva, la cual se debe realizar en el menor tiempo posible. Solo queda apelar a la racionalidad de las autoridades subnacionales salientes y aquellas que  serán electas para efectuar esfuerzos conjuntos que beneficien a toda la población boliviana evitando la duplicidad de esfuerzos y recursos.