Una bomba de tiempo que destruye la economía y expande la pandemia

El pasado 23 de julio, Salvador Romero, titular del tribunal electoral de Bolivia, anuncia su intención de postergar las elecciones generales bolivianas para la tercera semana de octubre. Lo que no recuerda Romero es que la Ley Nº 1297 emanada de la Asamblea Plurinacional de Bolivia manda realizar las elecciones como mucho “hasta el domingo 6 de septiembre de 2020” (artículo 2); como Romero no recuerda la Ley, cree tener la autoridad para expresar tal exabrupto. Lo que sí recuerda Romero, es que el pasado noviembre él fue elegido por la presidente de facto Añez como su representante en el órgano electoral boliviano, de ahí le viene el interés para hacer el amago de posponer las elecciones y saltarse las leyes bolivianas.

La postergación de las elecciones, aparte de faltar a la Ley, es una bomba de tiempo que se coloca sobre el frágil estado de coma de la economía boliviana y sobre las cansadas espaldas de sus habitantes, que están asustados por la pandemia. Una dilación más de las elecciones provocaría un empeoramiento del desempeño de la economía, porque estaría prolongando en el tiempo la política económica del gobierno de facto. Los datos muestran que hasta abril de este año (solo un mes después del inicio de la pandemia) la economía decrecía en -5,2%, entonces no será sorprendente encontrar al país en una profunda depresión en los siguientes meses si la gestión económica “a lo Añez” sigue con la misma pauta. Además, posponer más la celebración de los comicios aumentará la tasa de letalidad de la COVID-19 y disminuirá la tasa de recuperación de los pacientes infectados, por la ineficiente e inhumana gestión del sistema de salud acometida por el gobierno de facto actual. De hecho, en Bolivia, desde finales de mayo hasta el día de hoy (27 de julio) el número de fallecidos por cada 1000 contagiados ha pasado de 31 a 37 personas; y desde mediados de julio, el número de personas que se recuperan diariamente ha descendido de 32 a 30 de cada 100 enfermos.

Si Añez y Romero, y los demás actores políticos que miran desde sus balcones consiguen su fin, que es posponer las elecciones y prorrogar este gobierno que no ha sido elegido en las urnas, el panorama para los siguientes meses de la mayoría de la gente que vive en Bolivia será desolador.

Antecedentes de la destrucción.

El 10 de noviembre de 2019, Mesa, Camacho y Añez, bajo la protección de las fuerzas armadas, la policía, el Comité Cívico de Santa Cruz, y con la ayuda de la furia de grupos de civiles autodenominados “pititas”, obligaron a renunciar al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Evo Morales, bajo el pretexto de un fraude que nunca existió. Mesa sabiendo que perdía las elecciones ante el presidente Morales (que obtuvo el 47,1% de la votación) tomó el camino de la desestabilización del país, llamando a la movilización de sus seguidores para que intervinieran los tribunales departamentales electorales, lo que llevó a saqueos, incendios y robos de sus sedes[1]. Por su parte, Camacho, con la ayuda de su padre, hacía arreglos con los militares y policías, para que éstos no salieran en defensa de los sectores más vulnerables de Bolivia (campesinos, indígenas y sectores populares urbanos) ni de la institucionalidad representada por el presidente Morales, quien debía cumplir su mandato en enero de 2020[2]. Acto seguido, Añez, después de autoproclamarse presidenta, ingresaba en el palacio de gobierno de la ciudad de La Paz con una biblia gigante en sus manos[3]; días después ella misma recibiría la banda presidencial de manos de un militar llamado Kalimán. Así nace un nuevo gobierno, espurio, sin respaldo electoral, ni de votación popular: el gobierno de facto de Añez.

Noviembre de 2019:  comienza la destrucción de la economía boliviana.

En noviembre de 2019, cuando Morales deja la presidencia, la economía boliviana había alcanzado unos resultados sobresalientes (véase el artículo “¿Cómo deja la economía boliviana Evo Morales?”)[4]. Entre los años 2005 y 2018, a nivel macroeconómico, Bolivia crecía en torno al 5%, la inflación permanecía controlada y estable, la deuda externa se redujo del 75% del PIB al 33% del PIB; la tasa de desempleo descendió en promedio en más de 2 puntos porcentuales, marcando el 4,8% de la población activa; el ahorro del sector público había pasado del 1,3% del PIB al 12% del PIB. En términos nominales, la demanda agregada subió de 9.549 millones de dólares a 40.288 millones de dólares. En conjunto, todo ese comportamiento hizo que la renta por habitante aumentara de 1.034 dólares a 3.549 dólares. En términos sociales y de bienestar, la distribución de la renta (“riqueza”) se hizo más igualitaria entre ricos y pobres, la tasa de pobreza se redujo del 31% al 16% (véanse datos de la CEPAL), disminuyó la tasa de mortalidad infantil, de 46 a 28 pérdidas por cada mil nacimientos, se redujo el analfabetismo (la Unesco califica a Bolivia un país libre de analfabetismo), aumentó el número de años de escolarización de 7 a 9 años, y se elevó la esperanza de vida de 65 años a 71 años (véanse datos del PNUD). Se busque por donde se busque siempre se encuentran indicadores sobresalientes. Así por primera vez en su historia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia clasificaba al grupo de países con un índice de desarrollo alto (0,703).

Desafortunadamente, la llegada de Añez al gobierno en noviembre de 2019, bajo el patrocinio de Mesa, Camacho, las fuerzas armadas, la policía y “los pititas”, torció y rompió la senda de crecimiento sostenido de la economía boliviana y de las mejoras sociales de la población. La desestabilización social, la represión policial y militar, la gestión deficiente del gobierno sobre la política económica -restringiendo la demanda interna y contrayendo la oferta (véase artículo “Lecciones de economía boliviana: el golpe de Estado de octubre”)[5] -, y los actos de corrupción, especialmente ocurridos en las empresas públicas Entel, BoA e YPFB (véase periódico La Razón, 13 de mayo de 2020)[6], provocaron que la tasa de crecimiento del cuarto trimestre de 2019 apenas superara el 1% (véase Gráfico 1, “Year% Change PIBR”), lo que significó que Bolivia experimentara en 2019 su menor tasa de crecimiento anual de los últimos 14 años (solo 2,2%). Asimismo, como puede verse en el gráfico 2, en este cuarto trimestre (2019q4), los sectores de manufacturas (MAN), electricidad (ELEC), construcción (CONS), financiero (FIN), comercio (COM) y transporte (TRANS) experimentaron las menores tasas de crecimiento desde el año 2006.

A continuación, en el primer trimestre de 2020, siempre bajo la deficiente administración del gobierno de facto y SIN la presencia del coronavirus, la economía boliviana seguía con su tendencia descendente; así en la primera cuarta parte del año, a duras penas, Bolivia crecía al 0,6%. Esto quiere decir que la producción hecha entre enero y marzo de 2020 aumentó en un poco más de medio punto porcentual respecto de la producción realizada entre enero y marzo de 2019. Esta cifra es insignificante, si se compara con el crecimiento promedio de los primeros trimestres de los últimos 14 años: 4,7%, (véase Gráfico 3). De hecho, en este trimestre, prácticamente todos los sectores, experimentaron tasas de crecimiento muy bajas y menores que el promedio los últimos 14 años. Asimismo, hay sectores donde se observa tasas de crecimiento negativas: construcción (CONS), transporte (TRAN) y otras manufacturas (OMAN). Todos estos datos muestran que el empeoramiento de la actividad económica era una característica marcada entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, inclusive antes de la llegada de la pandemia al país: comienzan a destruir la economía.

Llega el coronavirus a Bolivia (desafortunadamente) con Añez en el poder:  el desastre consumado de la economía.

Cuando llega el coronavirus al país, la economía se encontraba estancada, con un crecimiento del 0,6%. La deficiente gestión del gobierno en el ámbito de la salud y su improvisada política económica, que en vez de contrarrestar los efectos adversos de la pandemia los amplificaba cada vez más (véase el artículo “El coronavirus en Bolivia”)[7], condujeron a Bolivia a las puertas de una recesión económica. Así, en abril, solo un mes después de la llegada de la COVID-19, la economía marcaba un crecimiento negativo del -5,6% (véase gráfico 3); todos los sectores, con excepción de la agricultura y comunicaciones, experimentaron fuertes caídas de producción: industria (-6,5%), otras manufacturas (-16,6%), construcción (-19,2%), transporte (-14,2%) y otros servicios (-7,2%). Aunque por el momento el INE de Bolivia no ha sido generoso en brindar información más actualizada del crecimiento del PIB (no hay datos a junio), se espera, según datos de la CEPAL, que la economía boliviana a final de año tenga una contracción del -5,2% (véase CEPAL, presentación de Alicia Bárcena del 15 de julio de 2020)[8]; el Banco Mundial es aún más pesimista, pues prevé una caída del -5,9 (véase Global Economic Prospects de junio de 2020).  No obstante, si la política económica de contracción de demanda y de oferta que el gobierno de facto está aplicando[9] permaneciera durante todo el año, no será sorprendente que la economía a final de 2020 pueda decrecer a tasas aún más negativas. Si a esto se añade la gestión de la pandemia, en términos de salud, como la que el gobierno de Añez está llevando a cabo, entonces con elevada probabilidad la economía podría decrecer a tasas negativas de dos dígitos.

La realidad que nos muestran los anteriores datos, son una mala noticia para la mayor parte de la población boliviana, porque a medida que la economía se deteriora, aumenta el desempleo, los ingresos y consumo de las familias disminuyen, la escasez de alimentos se acrecienta, la especulación aumenta, los precios se desestabilizan, la inversión de las empresas (especialmente medianas y pequeñas) se contrae, la deuda y el déficit públicos suben, se eleva la desigualdad, sube la mortalidad infantil, cae la esperanza vida, disminuyen los niveles de educación y sube la pobreza, en fin, el país se vuelve menos desarrollado. Bajo esta realidad, conviene preguntarse: ¿es sensato socapar (encubrir) la deficiente gestión del gobierno de facto posponiendo las elecciones de septiembre?

La velocidad del número de contagios ha ido cayendo a lo largo del tiempo: no se justifica la prórroga de la fecha de las elecciones.

La velocidad del número de contagios del coronavirus en Bolivia ha ido cayendo a lo largo del tiempo (véase Gráfico 4), especialmente en el periodo post cuarentena. Cuando la cuarentena total empieza en el país, el 21 de marzo, la tasa de variación diaria de contagios era del 5,2%; en el momento en el que termina la cuarentena rígida, el 31 de mayo, los contagios crecían a una velocidad del 4,1%. Desde entonces, la tasa de crecimiento de la pandemia ha ido descendiendo paulatinamente, convergiendo al 2%.

Como se ve en el gráfico 4, el crecimiento promedio de la expansión de la pandemia ha sido mayor en el periodo de cuarentena (9,3%) con relación al periodo “libre” sin cuarentena (3,5%). Asimismo, la inestabilidad de la expansión ha sido más notoria en el periodo de cuarentena con desviaciones típicas y coeficientes de variación más altos que los calculados para el periodo “libre”. Esta desaceleración ocurrida particularmente en el periodo post cuarentena es un claro indicio que en Bolivia podría llegar a revertirse la expansión del coronavirus en las siguientes semanas (esto ocurrirá cuando la tasa de crecimiento sea igual a 0), y por lo tanto es un elemento más a tomar en cuenta, que indica que las elecciones en Bolivia no deberían posponerse más.

Salvador Romero, al parecer no ha reparado en ese indicador básico y se ha aventurado a insuflar de manera irresponsable, con la anuencia de su presidenta de facto, la idea de postergación de elecciones, provocando a las organizaciones sociales y encendiendo la mecha que puede llevar a una explosión y descontrol irreversible de la pandemia en Bolivia.

Los contagiados tienen más probabilidad de morir y menos probabilidad de recuperarse: es urgente que las elecciones se celebren pronto.

De forma inversa a la caída de la velocidad de contagio del coronavirus, la tasa de letalidad de las personas contagiadas ha ido en aumento, lo cual se nota a partir del día de finalización de la cuarentena rígida (véase gráfico 4). Como puede verse en el gráfico 5, al 31 de mayo la tasa de letalidad era igual a 31 por mil, es decir de cada 1000 personas contagiadas 31 fallecían, a partir de esa fecha la tasa de letalidad no ha parado de aumentar, el 27 de julio, ésta llega a 37 muertes por cada mil contagiados. Este dato, sin duda está relacionado con la falta de equipo médico y de respiradores en los hospitales, por la falta de personal médico, por la falta de insumos en los hospitales y por la escasez de medicinas en las farmacias[10].

Por otro lado, la tasa de recuperación está comenzando a disminuir; ha ido ralentizando su crecimiento a partir de la última semana de junio y ha comenzado a reducirse desde el 17 de julio, pasando del del 32% al 30% (véase gráfico 6), lo que indica que diariamente de cada 100 personas enfermas se recuperan totalmente 30, cuando antes lo hacían 32.

El aumento de la tasa de letalidad de la COVID-19 en Bolivia y la caída de la tasa de recuperación pueden tornarse en insostenibles si la política de salud del actual gobierno de facto se prolongara de forma indefinida a lo largo del tiempo. Aquí nuevamente se abre la pregunta: ¿es razonable alargar el mandato de Añez en estas circunstancias con el pretexto de posponer las elecciones?

Conclusiones

La postergación de las elecciones en Bolivia, al antojo de Romero y Añez, es una bomba de tiempo dirigida a la economía y a la población bolivianas. Si la política económica “a lo Añez” se prolongara por unos meses más, la estructura económica y social de Bolivia sufriría daños irreversibles (el crecimiento económico de abril es -5,2%), que se notaría especialmente en el aumento de la tasa de paro, disminución de los ingresos, caídas del consumo y de la inversión, y aumentos de la pobreza. Si la política de salud “a lo Añez” se prolongara unos meses más, aumentaría la tasa de letalidad y disminuiría la tasa de recuperación de las personas enfermas de coronavirus. Si el capricho provocador de Añez y Romero de posponer las elecciones no se frenase, entonces la expansión de la pandemia se descontrolaría y cambiaría de dirección, justo en estos momentos donde el crecimiento de la pandemia se ha ralentizado.

A la luz de los datos, hay una sola razón para posponer las elecciones más allá de septiembre: mantener en el poder un gobierno, no elegido en las urnas, ineficiente en lo económico e inhumano en lo social. Pero hay muchas más razones para realizar los comicios de forma perentoria y definitiva, que se pueden resumir en dos: salvar la economía y salvar la vida.

NOTAS

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Kb3tKlvVcxE

[2] https://www.youtube.com/watch?v=QXHE9ThhKzs

[3] https://www.youtube.com/watch?v=yY4wqdXGD8A

[4] https://www.bolpress.com/2019/11/13/como-deja-evo-morales-la-economia-boliviana/

[5] https://www.bolpress.com/2020/02/17/lecciones-de-economia-boliviana-el-golpe-de-estado-de-octubre/

[6] https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/18/al-menos-13-casos-de-corrupcion-en-6-meses-de-anez/

[7] https://www.bolpress.com/2020/04/16/el-coronavirus-y-anez/

[8] https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_200714_version_revisada_ab-ppt_informe_covid_5_15_julio.pdf

[9] Véase presentación de Fernando Torrejón en el IIE de la Universidad Mayor de San Andrés.

[10] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53508643