Violento viraje de la política exterior

Al término de esta segunda década hemos retrocedido más de medio siglo en lo que se refiere al quehacer político, y no solo en Bolivia. De pronto constatamos que el delirante vocabulario y las aberrantes prácticas de la Guerra Fría han retornado y han sentado sus reales en muchos países. Por ejemplo en EEUU, donde gobierna un desaforado magnate propenso a desatar conflictos por doquier, agredir verbal y físicamente a todos los que se le pongan al paso y desmantelar acuerdos multilaterales trabajosamente logrados, como el acuerdo contra el cambio climático de París y el de limitación de armas nucleares de Irán.

Lo detestable es que las autoridades “transitorias”, haciéndose eco de los dislates del presidente yanqui, han provocado ya un viraje violento de la política exterior boliviana, sin tener legitimidad para ello. Si hubiera estado a su alcance habrían votado en contra del casi unánime pedido de suprimir el criminal bloqueo contra Cuba, resolución de la ONU que año tras año se repite con el voto negativo solo de Estados Unidos e Israel, su fiel acólito y que en la reciente votación sumó el apoyo rastrero del Brasil de Bolsonaro. Quieren que Bolivia ayude a asestar el golpe de gracia a procesos autónomos de integración latinoamericana (sin Estados Unidos y Canadá) como el Conasur, la Celac y el Alba.

Se han mostrado muy apurados por restablecer plenamente las relaciones con la potencia del norte. Lo cual no estaría mal por sí mismo, si estuviera acompañado de un gesto de soberanía y dignidad y no de genuflexiones, como las que hacen para que EEUU levante las restricciones a la “asistencia” a Bolivia el presente año, como lo dijo Trump, asunto convertido de pronto de “interés vital” para Washington (¿cómo así?).

Se advierte una intensa actividad diplomática especialmente en el plano de los amarres políticos en curso. Falta poco para volver a los tiempos en que los ministros bolivianos eran nombrados previo aval de la embajada yanqui. En la gestión 2018, la National Endowment for Democracy entregó sumas considerables de dinero a entidades como Fundación Milenio, Fundación para el Periodismo y la Agencia de Noticias Fides (dicen que la necesidad tiene cara de hereje). La pregunta es ¿cuánto habrán desembolsado el 2019 y cuánto lo harán este año en vista de los “resultados” obtenidos? Sin ningún tipo de evaluación, consulta o debate, de hecho han vuelto Usaid y la DEA. Bajo la máscara inocente de “ayuda”, Usaid acumuló un voluminoso prontuario de actividades encubiertas, unas veces organizándolas y otras financiándolas, a veces incluso a espaldas del control fiscalizador del Congreso estadounidense. Llama la atención el anuncio que hicieron con bombos y platillos de que la primera obra de su triunfal retorno a Bolivia será la refacción de los cinco tribunales electorales incendiados por los opositores al gobierno de Evo Morales durante el conflicto. ¿Qué habrá detrás de todo eso? ¿Solo un descargo de mala conciencia? ¿O quieren borrar las evidencias que podrían ayudar a identificar a los autores materiales e intelectuales de estas acciones “democráticas”? ¡Vaya uno a saberlo!

¿Qué podría decirse respecto de la DEA? Algo muy simple que no requiere conocimientos especializados. La DEA tiene en Colombia una presencia omnímoda, dirige y participa directamente en la interdicción del narcotráfico. Colombia no figura entre los países “descertificados” por supuestamente no colaborar a la guerra contra las drogas; al contrario, recibe ingentes cantidades de dólares para ese fin. Aún más, funcionan en Colombia por lo menos siete bases militares estadounidenses. Pese a todo ello, Colombia sigue ocupando de lejos el primer lugar entre los países productores de cocaína. ¿Por qué será, no?