Ecuador: el proyecto de EU-FMI, la oligarquía y el intento de destrucción del correísmo

Eloy Osvaldo Proaño/SurySur.net.- En Ecuador surge un juego por el poder a costa de la marginación de una importante mayoría de la población y muestra como parte de la dirigencia social y política vinculada a la seudoizquierda formal ha sido cooptada por el poder para desmontar el correísmo, para garantizar sus pequeñas trincheras desde donde negociar.

Un audio de 40 minutos difundido por las redes sociales y los hechos posteriores dan cuenta que la violencia de vándalos e infiltrados fue una acción coordinada y ejecutada  entre  una dirigencia del autodenominado Partido Socialista y el gobierno. Esa grabación es prueba del accionar de una clase política en decadencia y que sigue queriendo influir en el presente y futuro del país. Y para eso cuentan con los medios hegemónicos de comunicación.

Este audio, en el que participa el ex rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y actual presidente del Partido Socialista, Enrique Ayala Mora, y otros dirigentes manipuladores de menor nivel cercanos a éste, como el indígena Luis Andrango y la dirigente sindical Marcela Arellano, establecen una trama para defender al gobierno, las medidas aplicadas y el ataque manipulado al correísmo.

En los hechos comentados se relata cómo se define a algunos líderes indígenas y sindicales y las acciones que cada uno de estos debe dar para enfrentar la crisis y responsabilizar al correísmo de los desmanes.

Mencionan en este audio como Paúl Granda, postulado por Moreno para presidir el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ( IESS), hijo de otro histórico dirigente del partido socialista Víctor Granda, negoció con los transportistas -los compró según la explicación de Ayala- para que levanten la medida de hecho. Es un audio que muestra las peores formas de manipulación de la protesta social, pero lo más putrefacto, es que esto lo hace un dirigente que se autodefine como socialista.

Para los analistas ecuatorianos, la gran pregunta es cuál será la columna vertebral del nuevo proyecto. La idea aparente es armar un «gran polo patriótico» con lo mejor de Revolución Ciudadana pero incluyendo a otros, sobre todo, tendiendo nuevamente puentes con el movimiento indígena.

Dificilmente Correa pueda ser protagonista, ni siquiera artífice (al estilo de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina) de esta nueva unidad. Quizá algún prefecto o dirigentes como Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira o el resistido Guillaume Long tomen la posta y Correa apoye desde atrás, pero sin sus exhuberantes manifestaciones en vídeo, destempladas y  arcaicas a esta altura.

Los correístas demostraron tener capacidad de organización, aunque esperaban más. No hay que olvidar que varios de sus dirigentes fueron apresados y/o judicializados, lo que los saca de una posible participación electoral. Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, buscó asilo en la embajada de México. Otros están desaparecidos del escenario temiendo incluso por sus vidas.

La dirigencia indígena y sindical parece haber capitulado la sumisión a un gobierno débil y la oligarquía que lo dirige con el argumento de que el expresidente Rafael  Correa está tras la protesta y que si no se desmoviliza, esto será una victoria del correísmo. La dirigencia se abrió al supuesto diálogo, pero inmediato a la aceptación, se vino el toque de queda para Quito y la restricción de movilización para el resto del Ecuador.

En este cambio de posición mucho tiene que ver la intervención de la oficina de Naciones Unidas y del Episcopado local. Pero el toque de queda ha desatado una represión brutal, irracional de parte de la fuerza pública, especialmente de la policía y  también una rabia y fuerza en el pueblo, en parte de la clase media, que recién salió a las calles el sábado en la noche. Represión violenta que se presentó desde el comienzo de las protestas.

Los analistas también destacan la articulación del gobierno de Moreno, los dirigentes socialcristianos y empresariales, y la participación silenciosa pero determinante del embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick, quien se desempeñara como Subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental a cargo de la región andina, Brasil y el Cono Sur hasta el 2018.

Para dejar en claro que el gobierno no tiene intención de dar pasos atrás, en una nueva provocación, el Ministro de Economía y representante de las cámaras empresariales Richard Martínez, promotor del acuerdo con el FMI, informó que la liberalización del precio de los combustibles implica también que el Estado dejará de ser el encargado de la importación y comercialización de los mismos, que pasarán a empresas privadas.

El acuerdo con el FMI se dirige también a las privatizaciones de las empresas que más utilidades entregan el Estado, de manera que ello tiene lógica.

Un importante número de barrios y pobladores de Quito se plegaron masivamente al paro, paralizando el tráfico en sus localidades y movilizándose desde sus lugares de residencia hacia el sector de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde se encuentran reunidos miles de indígenas desde el lunes 7 de octubre.

Ecuador está semiparalizado, las clases en los establecimientos educativos siguen suspendidas, escasean alimentos y productos de primera necesidad en los centros de expendio, no hay transporte urbano ni interprovincial, hay una gran especulación y subida de precios. La exportación petrolera ha sido afectada, por la toma de algunos pozos petroleros que han suspendido sus operaciones.

Prácticamente hay un vacío de poder en Quito, ante la ausencia del presidente Moreno en el Palacio, quien trasladó la sede de gobierno a Guayaquil.  A su vez, la Asamblea Nacional no ha sesionado durante los 11 días que dura el paro, sin jugar ningún papel para resolver la grave crisis política. Además, en varias ciudades imporantes -Ambato, Riobamba, Guaranda, Latacunga y Azogues- los indígenas tomaron las gobernaciones.

Con el anuncio del estado de excepción y el toque de queda, prácticamente el poder quedó en manos de las Fuerzas Armadas, que imponen las medidas y acciones con la excusa de “restablecer el orden público”. El toque de queda fue adoptado después que se produjera un ataque e incendio en el edificio de la Contraloría General, a 500 metros de la Casa de la Cultura ecuatoriana, donde se encuentran reunidos los indígenas.

Se desconoce la autoría de quienes cometieron este atentado, mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, deslindó su responsabilidad de este hecho. También fueron atacadas las instalaciones de la estación de televisión Teleamazonas y del diario El Comercio en Quito.

Para algunos analistas, el correismo quedó aislado luego del incendio de Contraloría, pues desde los medios de comunicación hegemónicos se quiso imponer en el imaginario colectivo que nunca esa institución fue blanco de manifestaciones y que quienes se interesaban eran los que quieren hacer desaparecer las pruebas de la corrupción de la década pasada.

Al parecer la estrategia del Gobierno es la de acallar la protesta con represión y a través de la división sectorial entre movimiento indígena y resto de la población. No se evidencia en estas “resoluciones” una genuina voluntad de ceder por parte del gobierno, lo que dificulta cualquier diálogo.

Las redes sociales han sido otro campo de batalla. A la solidaridad y análisis se suman las noticias falsas para confundir y las exigencias que hacen la derecha y sectores acomodados en favor de represión, balas, prisión y muertos.

* Analista e investigador ecuatoriano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)