Fuego en Bolivia arrasa 4.000 hectáreas por hora

Sol de Pando.- Expertos de la Oficina Regional para la Asistencia en Desastres (OFDA, por sus siglas en inglés) llegaron al país para estudiar las características de los incendios que están destruyendo los bosques de la Amazonia boliviana, arribando a la conclusión de que se trata de un desastre extremo que sucede en pocas partes del mundo.

Según el estudio de aquella entidad técnica dependiente de USAID, los bosques chiquitanos de Bolivia están siendo presa de una tormenta de fuego que se formó por una combinación —como un letal coctel— de factores climáticos, sociales y de gestión de tierras.

Así como los temporales, tifones, tormentas, ciclones y huracanes de viento y lluvia se producen bajo determinadas condiciones atmosféricas en distintos grados de gravedad o “categorías”, las tormentas de fuego también evolucionan y experimentan mutaciones según las características del lugar donde se producen. En Bolivia, dice la OFDA, está en curso un incendio forestal de “sexta generación”, la más grave que se conoce en el planeta. Las llamas se alzan a más de 30 metros y el humo forma una neblina que se eleva a 4.000 metros sobre una extensión de casi tres millones de hectáreas de bosque ya destruido durante dos meses de fuego inextinguible.

Se trata de una combinación de fuego y viento a gran escala que autocombustiona permanentemente el incendio. “La masa de combustible (todo aquello que se quema) es tan grande que el fuego modifica las condiciones meteorológicas, estos crean remolinos y tormentas de fuego”, según una explicación publicada ayer por El Deber. La acumulación de basura junto a ramas y hojas secas se tornan inflamables en medio del intenso calor y, cuando una chispa las enciende, se desencadena «la propagación simultánea de una especie de bolas de fuego, las que son cortadas de las columnas de calor, las cuales pueden saltar de una zona a otra distante, reiniciando otro incendio”, explicó Enrique Bruno, director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de la Gobernación de Santa Cruz.

De acuerdo al informe de la OFDA, en un incendio forestal con tales características parecidas a un huracán de fuego, las llamas superan una velocidad de 4.000 hectáreas por hora, es decir pueden devorar hasta 100.000 hectáreas o más por día. Las llamas producen una incandescencia de 100.000 kilovatios por metro (kw/m). “Más allá de los 10.000 kw/m el bombero sufre quemaduras de piel”, puntualizó El Deber.

El humo de semejante caldera forestal mató de asfixia a un joven voluntario que colaboraba con la extinción del fuego en el Parque Tunari, y causó un infarto a otro activista ambiental que murió en la misma Chiquitania. Una tercera víctima, un policía de Bomberos, falleció en un bosque incendiado de los Yungas de La Paz cayendo a un barranco. El gobierno intentó salvar sus responsabilidades sobre esas muertes arguyendo que las víctimas habrían perecido por causas «ajenas» al incendio en sí.

El pasado 26 de agosto, el Colegio de Biólogos de La Paz informó que bajo esta tormenta de fuego se han quemado más de 40.000 árboles maderables con un valor estimado en $us 1.100 millones; y 1.200 especies de animales pueden haber sido afectadas.

Bolivia y Brasil son los dos únicos países amazónicos que experimentan un desastre de tal magnitud.

En el caso de Brasil, donde también se registran incendios de ”sexta generación”, es evidente que la política oficial del presidente Bolsonaro para expulsar de los bosques a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, estimuló la invasión de garimpeiros (mineros auríferos) y empresarios del “agronegocio” soyero que además de asesinar a líderes de la resistencia indígena han provocado el fuego premeditadamente.

¿Pero por qué en Bolivia se ha desatado un similar desastre al de  Brasil, teniendo ambos países unos gobernantes de ideología aparentemente contraria?

No cabe duda que la respuesta se halla en la confusa política de tierras —agraria y forestal— del régimen neo-estalinista que preside Evo Morales.

“Mejorando” una Ley de Goni y un Decreto de Banzer

El 28 de noviembre de 2006 el presidente Morales promulgó la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria ampliando la Ley 1715 de creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) que el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada había promulgado el 18 de octubre de 1996.

Se suponía que la reconducción comunitaria perfeccionaría la Ley Inra de Goni, beneficiando a campesinos sin tierra del occidente del país y reforzando a las comunidades indígenas del oriente, bajo la ancestral tutela de la “Madre Tierra”. Pero no fue así en los hechos.

Morales cometió el grave error de delegar a su Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, la ejecución de la Ley 3545. El ex asesor del general Banzer se encargó de desnaturalizar el espíritu comunitario del nuevo Inra convirtiendo la dotación de tierras fiscales en un mecanismo prebendal para captar lealtades político-electorales y para el enriquecimiento ilícito de traficantes de tierras, narcotraficantes y empresarios inescrupulosos de los que Quintana gusta rodearse.

Las nuevas dotaciones agrarias bajo control directo de Quintana, más allá de revolucionar, cualificar y tecnificar las zonas tradicionales de cultivos en los valles y altiplanos del país, causaron un desequilibrio ecológico y territorial mediante desplazamientos migratorios y “asentamientos” de campesinos de occidente en los bosques amazónicos del oriente, con la pretensión de crear un nuevo mercado de tierras a costa del colosal desastre forestal actual; pero sobre todo buscando adherencias y obsecuencias políticas con el fin de reproducir el poder dominante mediante un prorroguismo eterno.

La tragedia incendiaria que hoy vive Bolivia se desató el 29 de septiembre de 2015, cuando Morales, siguiendo los «lineamientos» de Quintana, promulgó la Ley 741 que autoriza dentro las áreas forestales fiscales el «desmonte» (o «chaqueo» con el uso de fuego) «de hasta veinte hectáreas en pequeñas propiedades, propiedades comunitarias o colectivas en proceso de saneamiento o tituladas, y asentamientos humanos legalmente establecidos».

El pretexto que justificaba aquella Ley depredadora era «ampliar la producción de alimentos de origen agropecuario para garantizar la Soberanía y Seguridad Alimentaria». Sin embargo, mientras los agricultores migrantes comenzaban a «desmontar» los bosques orientales para ser vendidos como tierra agropecuaria a soyeros y ganaderos vinculados a Quintana, las áreas tradicionales de producción agrícola en el occidente del país quedaron abandonadas sin ningún fomento estatal a la innovación tecnológica para incrementar y cualificar la producción alimentaria.

El esquema depredador del ex asesor de Banzer se completó con la “ampliación” de otra norma neoliberal: el pasado 10 de julio, el presidente Morales firmó el decreto 3973, también redactado por Quintana y sus asesores, mediante el cual se “amplía” el decreto 26075 emitido durante el segundo gobierno de Banzer, el 16 de febrero de 2001, para normar los “chaqueos” o “incendios controlados” en áreas forestales con uso de suelo agrícola, soyero y ganadero, especialmente en Santa Cruz.

Gracias al decreto 3973 el Ministro de la Presidencia logró la ampliación de los “desbosques” para el departamento del Beni beneficiando a familias vinculadas al narcotráfico, con las cuales Quintana mantiene una alegre y lucrativa “alianza” que le permite operar eficazmente como “jefe de campaña” para la re-elección del binomio Álvaro-Evo.

Y en el colmo de esta corrupción, los “chaqueos” para transformar los árboles en cenizas no sólo se realizan para usar el suelo con fines agrícolas, sino también para habilitar ilegalmente tierras urbanizables dentro las áreas de protección forestal, como viene sucediendo en el Parque Nacional Tunari de Cochabamba, invadido hoy por bandas de loteadores que gozan del amparo militante del gobernador Iván Canelas.

Así pues, sobre la base de una ley de Sánchez de Lozada y un decreto de Banzer, Quintana ha desatado una ola incendiaria sin precedentes en la historia de Bolivia.