Evo Morales, los derechos de la naturaleza y el TIPNIS
Vergüenza internacional. La comparecencia del gobierno de Evo Morales nada menos que ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que se reunió en Bonn, Alemania, a inicios de este mes de noviembre de 2017; es resultado de su larga como tozuda intención de construir “quieran o no quieran” una carretera por medio del TIPNIS. La ironía es que se produce nada menos que paralelamente a la realización de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23), que el mismo gobierno (en anteriores versiones), contribuyó a que se instalen y definan principios que ahora se vuelcan contra su propio accionar. Es decir, que no se puede argüir que se trate de un boicot o de algún acto de conspiración que el gobierno de Evo Morales suele utilizar como argumento para explicar estas embarazosas situaciones.
El caso ya había adquirido impacto mundial cuando se produjo la represión violenta de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos Indígenas en Chaparina el año 2011, y ahora vuelve a poner ante los ojos del mundo una grave situación de vulneración de derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas.
Semejante situación de envergadura mundial, que se ha visto forzada a trasponer los límites del ámbito nacional en vista de la gravedad de los derechos conculcados que se denuncia, ya no representa solo una bochornosa situación de vergüenza ante los ojos del mundo, sino que posiciona en la agenda internacional una causa y una lucha donde lo que se encuentra en juego es la vida misma (junto a los derechos de los pueblos indígenas conculcados), así como la forma de encarar el relacionamiento que se tiene con la naturaleza y el entorno ecológico y ambiental.
Tratándose de una instancia de jerarquía internacional que el propio gobierno de Evo Morales ayudó a constituir, y que además cuenta con un reconocido renombre mundial por la presencia de connotadas personalidades de intachable solvencia moral, intelectual y científica; dicha comparecencia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Madre Naturaleza, desdice cualquier sospecha de que se trate de algún tipo de conspiración, y además evidencia la más flagrante incongruencia entre el discurso y la práctica, nada menos que en un foro internacional donde el gobierno de Bolivia todavía tenía alguna reputación.
Es más, la demanda internacional emitida para que se adopten medidas precautorias y se declare la moratoria a la construcción de todas las obras en el TIPNIS (que incluye la carretera, los puentes y las actividades exploratorias de hidrocarburos); no solo tiene un fuerte peso ético y moral que debería ser acatado inmediatamente (si de veras se respeta los derechos de la naturaleza), sino que implica una poderosa llamada de atención para que cumpla y ponga en práctica aquellos principios de respeto, protección y relación armoniosa con la Madre Tierra y los derechos indígenas que el propio gobierno boliviano ayudó a instituir a nivel internacional.
La inmediatez o tardanza con la que el gobierno de Bolivia atienda la demanda para detener todas las obras en el TIPNIS, para que se pueda dar lugar a un clima propicio y favorable mientras se concluye con el proceso de investigación del Tribunal Internacional; estará en directa relación con su voluntad para demostrar que verdaderamente existe un mínimo de congruencia entre los principios que declara y sus prácticas gubernamentales, así como en la intención de demostrar que está dispuesto a acatar y respetar los derechos de la naturaleza que en el pasado ayudó a instituir.
Los alcances de la denuncia.
En vista de ello, interpretar el hecho como un triunfo meramente político sería una equivocación, porque entraña una gran vergüenza y desazón para el pueblo boliviano y los propios pueblos indígenas que se vieron traicionados por un gobierno que lo entendían como propio. Ambos habían fincado sus esperanzas y convicciones de que Bolivia podía encarar con solvencia la tarea de establecer una relación armónica con la naturaleza, al mismo tiempo de constituirse en un ejemplo y referente mundial en la construcción de una vía postcapitalista, sobre la base del respeto y cumplimiento de los derechos de la naturaleza que inclusive se insertaron en la Constitución Política del Estado.
Ahora el gobierno de Bolivia ya no se encuentra en aquella cómoda posición de constituirse en una punta de lanza (colonizada y sometida) al capitalismo y los intereses corporativos transnacionales, que le habían autoconvencido de abanderar un desarrollismo salvajemente extractivista como supuesta solución y respuesta a los problemas de pobreza y exclusión. No hay que olvidar que el gobierno lee equivocadamente la construcción de la carretera por medio del TIPNIS como si se tratase de un asunto vinculado al crecimiento, el progreso y un tipo de desarrollo occidental y capitalista; pero sin reconocer dos aspectos de fundamental importancia. Primero, que su tozuda intención de construir la carretera en el TIPNIS (que paralelamente también está asociada a megaproyectos como las represas del Bala-Chepete; Rositas, Tariquía, el tren bioceánico, etc.) están vinculadas a lo que se ha dado en llamar los encadenamientos transfronterizos, que implican la expansión y ampliación de las fronteras de explotación y extractivismo a nivel continental. Segundo, que dicha ceguera desarrollista también le ha orillado a rechazar explícitamente y no percibir el derecho que tienen a la autodeterminación, a la consulta, y sobre todo a decidir el tipo de desarrollo y la forma de vida, que los pueblos indígenas desean poner en práctica según su propia cosmovisión, el tipo de relacionamiento con el entorno y su propia cultura.
Ahora se enfrenta a un veredicto (y sentencia) mundial que establecerá si efectivamente cumple y garantiza aquellos derechos de la Madre Tierra que defendía y contribuyó a establecer como referente.
La encrucijada a la que lo ha llevado su tozuda intención de imponer el desarrollismo extractivista como modelo económico y solución a los problemas de pobreza, desigualdad y exclusión (como si se tratasen exclusivamente de problemas vinculados al crecimiento y progreso capitalista); ya no se reduce a la caprichosa intención de construir una carretera, sino de atentar contra aquellos derechos de la naturaleza que el mismo gobierno ayudó a formular, pero que ahora adquieren un nuevo sentido porque también atenta contra la vida y a un medio ambiente sano al que tenemos derecho todos quienes compartimos el planeta. Es decir, trasciende aquel encapsulamiento que quiso ser infundido, de que el caso solo entrañaba un problema de vinculación territorial y desarrollo (en el sentido más prosaicamente entendido como crecimiento), cuando en realidad atañe al conjunto de la vida, el entorno socioambiental y los derechos de la naturaleza.
[pullquote]La resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional expresa una profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el colonialismo.[/pullquote]La resistencia de los pueblos indígenas a partir de esta denuncia internacional, no solo visibiliza sus derechos conculcados, ni hace patente el grave riesgo de desaparición y etnocidio al que se encuentran en riesgo; sino que expresa una profunda interpelación al modelo extractivista del gobierno de Bolivia, y la intrínseca relación que tiene el mismo modelo con la dependencia y el colonialismo.
Es decir, que la gran vitalidad de los procesos de resistencia social emergentes como el que plantean las comunidades y pueblos indígenas del TIPNIS, no radican en la fuerza, la capacidad de movilización de mucha gente, o la enorme cantidad de población que aglutina y representa (tal como nos ha querido acostumbrar la “lógica” corporativista gubernamental que se asienta en el clientelismo y la cooptación de diversos sectores sociales numérica y demográficamente amplios), sino en el incuestionable razonamiento, la justeza de la causa y la contundencia y autenticidad de la verdad que defienden y por la que luchan. El menosprecio o íntima convicción de que este movimiento de los pueblos indígenas podía ser fácilmente sometido, derrotado o cooptado (tal como ha sucedido con otros sectores como resultado de sus prácticas clientelares), no parece haber tomado en cuenta de que la fortaleza de las causas y las luchas, finalmente radica en la justeza y la razón de los argumentos, más allá de la presión numérica y poblacional que se pueda ejercer.
La dimensión y profundidad de lo que se encuentra en juego.
El nuevo plano internacional de la controversia sobre la construcción de la carretera por medio del TIPNIS, que el gobierno de Evo Morales ha pretendido llevar como si se tratase únicamente de un problema de vinculación territorial que responde a legítimas aspiraciones de desarrollo de dos departamentos; ahora muestra la verdadera dimensión y profundidad de lo que en verdad se juega. Es decir, que si lo que se quiere es un país altamente dependiente y colonizado por intereses extractivistas, antinacionales y de carácter transnacional; o más bien un país que decide vivir en armonía con la naturaleza, respetando los derechos humanos y de los pueblos indígenas y, un país finalmente, que hará prevalecer su decisión de construir una vía alternativa al capitalismo depredador y el neoliberalismo extractivista.
No está en juego la imagen gubernamental, ni siquiera la estabilidad económica o el supuesto crecimiento y bienestar circunstancial que pueda emerger como resultado de la expansión extractivista y desarrollista que abandera el gobierno; es más bien una decisión acerca del futuro y el tipo de país que queremos, para demostrar que Bolivia está en capacidad y tiene la voluntad de establecer una relación armoniosa con la naturaleza, sentando las bases hacia el postcapitalismo. La contribución del movimiento y la resistencia de los pueblos indígenas en este sentido, no se limita por tanto a una denuncia internacional, y ni siquiera al legítimo derecho que tienen de defenderse contra este nuevo tipo de agresión e intento de sometimiento y etnocidio. En realidad es un desafío al paradigma predominante y una profunda interpelación al modelo desarrollista y extractivista vigente.
El gobierno de Bolivia tiene la palabra, y de la forma cómo responda y reaccione también definirá su propia identidad política, así como en gran medida el propio futuro del país.