“Nos criminalizan a pesar que nuestra lucha es pacífica”

La incompatibilidad entre empresas trasnacionales y las comunidades indígenas se acrecienta. Los mega proyectos en expansión, entre ellos, hidroeléctricos, alarman a los pueblos originarios de Guatemala, que se sienten amenazados en su propia cotidianeidad. “Se trata de nuestro territorio, de nuestro modelo de vida, de nuestras relaciones sociales y cosmovisión, es decir de nuestra esencia” afirma Aura Lolita Chávez Ixcaquic, invitada a Suiza por la Red Guatemala (Berna y Zúrich); las Brigadas Internacionales de Paz; Amnistía Internacional/ Suiza y Acoguate.

Lolita, como se la conoce popularmente, hace parte de la Coordinación del Consejo de Pueblos K’iche’ por la Defensa de la Vida, la Madre Naturaleza, la Tierra y el Territorio (CPK) y fue propuesta para recibir el Premio Sájarov 2017 a la Libertad de Conciencia otorgado por la Unión Europea.

La represión y persecución es cada vez más fuerte hacia los movimientos y líderes sociales -en particular las mujeres- que se oponen a esos mega proyectos, subraya. “Nos acusan de ser terroristas, nos calumnian y tratan de criminalizar y judicializar nuestras reivindicaciones”, enfatiza.

El deterioro creciente de los derechos humanos de dichas comunidades es una constante, enfatizan por su parte organizaciones suizas de solidaridad presentes en ese país centroamericano. Quienes, adicionalmente, se apoyan en informes que ejemplifican las violaciones: solo en el 1er semestre del 2017 se han registrado 236 denuncias de hechos graves.

“Están desatando una nueva guerra”

Durante 36 años ese país centroamericano sufrió un conflicto armado que culminó en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. El trágico saldo: 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos y miles de desplazados y refugiados.

“El capítulo de la guerra no está cerrado. Persisten los traumas y ahora nos confrontamos a otra guerra de destrucción y muerte, declarada por empresas trasnacionales que saquean nuestros territorios”, explica la lideresa indígena, víctima en los últimos años de atentados contra su vida y amenazas de muerte.

Uno de los conflictos de mayor actualidad, explica, es el que confronta a comunidades locales con el proyecto hidroeléctrico RENACE, promovido por capitales locales y por empresas españolas y que se construye sobre el río Cahabón, uno de los más caudalosos del país y de casi 200 kilómetros de largo.

Chávez denuncia que dicho complejo – que según sus portavoces aspira a suministrar el 15 % de las necesidades energéticas nacionales-, afecta directamente la vida de unos 30 mil indígenas quekchíes que viven en regiones aledañas. De las comunidades afectadas – a 30 kilómetros del río-  solo tres de cada diez habitantes cuentan hoy con electricidad, y ocho de cada diez están profundamente empobrecidos. La presentan como energía limpia y responsable, cuando en realidad se trata de la devastación de nuestros recursos naturales, precisa.

Dicho mega proyecto, entre cuyos inversionistas se encuentra el empresario español Florentino Pérez, presidente del club Real Madrid, “trae consecuencias nefastas para nuestros pueblos”, insiste la militante ambientalista y feminista guatemalteca. Actores sociales tanto centroamericanos como españoles, han solicitado la interrupción del mismo argumentando la falta de un estudio serio sobre el impacto ambiental.

Son las mujeres las más afectadas por esa presencia de las trasnacionales, evalúa. “Porque son ellas la columna vertebral de las comunidades, las que más deben luchar a favor del agua y de la producción básica, las que sufren el abuso y la violencia sexual -dentro y fuera del hogar-, las que deben asegurar la protección de sus hijas e hijos”.

Adicionalmente, por unirnos y movilizarnos en defensa de nuestros derechos y territorio, “somos enjuiciadas y criminalizadas”, subraya. Chávez es acusada en numerosos procesos jurídicos abiertos a partir del 2012. El más reciente, de mitad de este año, fue producto de una denuncia que su organización hiciera contra un camión mafioso que traficaba madera ilegal y con fuertes sospechas de traslado de drogas y armamentos en sus territorios. “Las autoridades revertieron los hechos y pasamos a ser, nosotras, las acusadas. Nos criminalizan y niegan el carácter profundamente no violento de nuestras luchas y protestas», enfatiza.

“Solidaridad en la reciprocidad”

Para las organizaciones amenazadas, el acompañamiento y la protección internacional adquieren una importancia vital, subraya la dirigente social guatemalteca. “La presencia, por ejemplo, de las Brigadas Internacionales de Paz (PBI/Suiza) ha asegurado mi vida y la de nuestra organización indígena”, subraya. Y convoca a reforzar esa solidaridad que hoy “debe tomar una forma de mayor reciprocidad”.

Si bien es importante el acompañamiento en Guatemala, es “fundamental trabajar aquí mismo para que, por ejemplo, las empresas trasnacionales helvéticas respeten los derechos humanos y ambientales de los pueblos originarios y comunidades en todos los lugares donde operan” enfatiza.

Reflexión con la que coincide Corsin Blumenthal que durante un año se desempeñó en ese país centroamericano como observador de esa organización de solidaridad.

“Fuimos testigos de cómo las defensoras y defensores de derechos humanos son criminalizados, sufren amenazas permanentes y sin embargo no abandonan su compromiso con gran optimismo y esperanza”, testimonia Blumenthal, master en Ciencias Sociales de la Universidad de Lucerna quien regresó a Suiza en febrero del año en curso y colabora en la actualidad con swisspeace.

Para dimensionar la situación guatemalteca, el joven Observador de paz hace referencia a un informe de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos -Guatemala (UDEFEGUA) donde se señalan en el primer semestre del año en curso 236 denuncias. El mismo, titulado Un reflejo del Deterioro de los Derechos Humanos en el País indica que las violaciones más sistemáticas y recurrentes son las difamaciones a defensores y defensoras, las denuncias judiciales contra ellos y los intentos de asesinatos. La espiral de agresiones va en aumento, según la UDEFEGUA, quien en el estudio anterior correspondiente a todo el año 2016, contabilizaba 263 denuncias.

Es muy importante agilizar la información en Suiza, y en Europa, sobre lo que está viviendo Guatemala, subraya Blumenthal. Y al mismo tiempo, no olvidar que “nuestro país es sede de muchas empresas multinacionales que operan en minería, petróleo, agroquímicos, mega proyectos en general.  Y es fundamental asegurar nuevas leyes que permitan, desde Suiza mismo, apoyar, defender y proteger la acción de los activistas de derechos humanos que como Lolita exponen cada día su vida”, concluye.