Vicepresidente exige identificar empresa maderera ligada a envío de cocaína a Chile; viceministro lo acusa de pedir “pegas” en la Policía
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La Paz.- Un cargamento de 700 kilos de cocaína interceptado en Chile ha desatado un enfrentamiento público entre los niveles más altos del gobierno boliviano, exponiendo graves acusaciones de protección al narcotráfico y clientelismo político en las fuerzas de seguridad.
El vicepresidente Edman Lara exigió este lunes revelar la identidad de los propietarios de la empresa maderera que envió el contenedor hacia España vía el puerto de Arica. En respuesta, el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano, acusó a Lara de atacar a la institución tras habérsele negado «cuotas de poder» y empleos en la policía.
Acusaciones
La disputa escaló cuando el vicepresidente Lara vinculó la gestión de Justiniano con la falta de control en el espacio aéreo y antecedentes financieros cuestionables.
«Hasta hoy no nos dices quiénes son los propietarios de esa empresa», increpó Lara, denunciando además el pago de sobornos para permitir vuelos irregulares de avionetas nocturnas.
Lara instó al viceministro a aclarar ante la población si su familia poseía acciones en el extinto Banco Fassil, cuya quiebra e intervención en 2023 representó uno de los mayores escándalos financieros del país.
«Botín político»
Por su parte, el viceministro Justiniano, encargado de la lucha antidroga, calificó las denuncias como una campaña de desinformación iniciada en redes sociales (TikTok) después de que el Ejecutivo rechazara solicitudes de cargos públicos.
«La policía no es botín político ni agencia de empleo. (Lara) nos ha estado llamando para pedir espacios en la FELCN», afirmó Justiniano, refiriéndose a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.
El funcionario aseguró que el mando policial fue nombrado por meritocracia para evitar que la «injerencia política o ideológica» derive en actos de corrupción.
El incidente en el puerto de Arica, donde agentes chilenos detectaron el clorhidrato de cocaína en octubre, ha puesto bajo escrutinio la transparencia de las exportaciones bolivianas y la eficacia de la cooperación transfronteriza.
Este choque de poderes ocurre en un momento de fragilidad para el gobierno de Rodrigo Paz, quien debe lidiar con la desconfianza ciudadana hacia las instituciones de fiscalización y las presiones de sectores sindicales que cuestionan la integridad de sus ministros.