Bolivia y sus elecciones: ¿Camino al equilibrio o el caos?

El principal objetivo por el cual Estados Unidos se ha esforzado en controlar a Bolivia es para obtener acceso directo e ilimitado a sus amplísimas riquezas naturales, que bajo el mandato del ex presidente Evo Morales fue declarado tesoro nacional de todo el pueblo boliviano. Conducta que explica que durante los 14 años de mandato presidencial, el líder indígena haya disfrutado del más alto de nivel de confianza en la ciudadanía boliviana. Facilitado también por soluciones efectivas de su gobierno, no sólo promesas, en el ámbito de problemas socioeconómicos, especialmente dirigido a dar satisfacción a las necesidades de los sectores más desposeídos, especialmente la población indígena, que representa el 55% de los ciudadanos de la república. Período en el cual también la oposición de la derecha, grupos empresariales y políticos, principalmente del llamado Comité Cívico Santacruceño aumentó su caudal de violencia y claro contenido racista en sus planteamientos.

Efectivamente, la presión de Washington y la Organización de Estados Americanos (OEA) presidida por su secretario general Luís Almagro, considerado el más proestadounidense que haya tenido esta organización regional; lograron generar un escenario político comunicacional donde se impuso la acusación de fraude contra las elecciones, además de un marco de presión que incluyo amenazas y acciones de violencia que hicieron temer incluso por la vida de Evo Morales, familiares y cercanos, que impidió realizar la segunda vuelta presidencial y concretar la renuncia del ex presidente Evo Morales Ayma.

El ejemplo de Chile puede dar luces respecto al efecto multiplicador del rechazo a políticas económicas, digitadas desde Washington y organismo financieros internacionales. Los hechos que desde octubre del año 2019 hasta marzo del año 2020 – sólo frenados por la pandemia del Covid 19 – sacudieron el país sudamericano, administrado por un gobierno de derecha, que en virtud de seguir obcecadamente en la estrategia e implementar a rajatabla un modelo perjudicial, para los intereses de gran parte de la población, que auguran más protestas y el agravamiento de la situación del estado y sus ciudadanos.En Bolivia la situación política ha adquirido tintes de una lógica complejidad, por las candidaturas en competencia pero, sobre todo porque una eventual victoria de la candidata de Washington para las elecciones – postergadas para el 18 de octubre – Jeanine Añez, con toda la injerencia financiera, política, intromisión de agencias estadounidenses, compra de votos, campañas difamatorias contra el MAS e incluso sacarlos de la carrera política, visualizan una profunda crisis social post elecciones. En el plano de lo que viene, el martes 11 de agosto el Senado boliviano aprobó a favor del proyecto de ley de permanencia obligatoria en el país por espacio de tres meses, una vez que concluyan su mandato las autoridades de los tres niveles del Estado, para emitir los informes respectivos de su gestión a sus sucesores en un marco de transparencia evitando la impunidad en casos de corrupción.Bolivia ha vivido en las últimas semanas una serie de protestas sociales, con bloqueo de carreteras, por parte d ellos opositores al gobierno de Añez y la entrada en escena de grupos paramilitares alentados por el gobierno y los grupos de ultraderecha. Hoy se escucha con más fuerza la exigencia a la presidenta de facto renunciar a su candidatura. Cochabamba, El Alto y otras ciudades bolivianas han sido testigos este lunes 10 de agosto de protestas y enfrentamientos entre fuerzas del gobierno y la sociedad movilizada. El Movimiento al Socialismo rechazó la invitación a un “diálogo” convocado por el gobierno de facto por no plantear las reivindicaciones básicas de esta organización: Primera, la fecha debe ser establecida mediante una ley para ingresar al marco jurídico y no por una resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Segunda, el TSE tiene que garantizar una fecha inamovible. Tercera, el día determinado para los comicios debe contar con el “aval, el auspicio y las garantías” de la comunidad internacional. Otras organizaciones políticas asistieron a la invitación y centraron sus acusaciones contra Añez y su gobierno por convertir este mandato, que se supone interino, en una plataforma de campaña alentada fuertemente por Washington.

Hablamos de un ejército que ha sido beneficiado ampliamente por el gobierno de Añez, de tal manera de contar con su apoyo: beneficios sociales, salariales, incluyendo un decreto de amnistía que exime a los oficiales militares y policiales de responsabilidad por los asesinatos cometidos durante las manifestaciones masivas de los partidarios del ex presidente Evo Morales tras su renuncia tras la asonada cívica-militar Recordemos que en noviembre del año 2019 se contabilizaron, según la defensoría penal, 32 personas asesinadas por disparos de las fuerzas militares y policiales.

Fuentes desde Naciones Unidas han señalado que acompañado de la frustración por la nueva postergación existe la creencia que es posible medidas de fuerte represión contra la población que implique un fuerte estallido social. Unido al hecho que el cambio de fecha es una decisión completamente ilegal ya que cualquier cambio de la fecha de los comicios corresponde al Parlamento y mediante ley. Como también que resulta del todo ilegal tratar de proscribir un partido como el MAS, sobre todo cuando marcha primero en las preferencias de la población. Sumemos a ello la alianza de tipo criminal que el gobierno de Añez, las fuerzas policiales y el ultraderechista y supremacista Luís Fernando Camacho, junto a grupos de choque paramilitares como la Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala conformado, para generar temor en la población a través de acciones paramilitares.

Las encuestas indican que el candidato del MAS, Luis Arce obtendría la victoria en la primera vuelta, quedando la incógnita respecto al porcentaje de diferencia, de tal forma que haga innecesario el balotaje. Una victoria de la dupla Arce-Choquehuanca, según sus adherentes, colocaría nuevamente en mejor posición a la población indígena, tal como aconteció bajo el mandato de Evo Morales. Una victoria que implica la posibilidad cierta de mejorar sus problemas sociales, las cuestiones relacionadas con la representación política en el poder y el respeto a las costumbres de un pueblo que en el marco democrático volvería al camino de la estabilidad y el desarrollo progresivo dejando atrás el temor al caos.
Al menos hoy, bajo el gobierno de Añez la crisis sanitaria, política, económica y social es parte de la vida cotidiana de este país sudamericano, que al parecer, si nada pasa en contrario tendrá que elegir el próximo 18 de octubre presidente, vicepresidente, diputados y senadores, en unos comicios pendientes desde octubre del año pasado anulados por el golpe de Estado, que obligó a la renuncia y posterior exilio del ex presidente Evo Morales.