Caja de Salud, tenso campo de batalla gobierno-trabajadores

Una serie de paros en el sector salud, la amenaza estatal de reponer preavisos para facilitar despidos y la reacción de mineros junto a la Central Obrera para detener la ofensiva gubernamental, caracterizan la pulseta por el control de la Caja Nacional de Salud, en manos del régimen Evo-MAS, un botín de 800 millones de dólares y 14 mil puestos de trabajo.

Contra un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TCP) que repuso la figura del preaviso para disolver una relación laboral entre el empleador y el empleado, la Central Obrera (COB) convocó a paro nacional mientras que la federación de mineros (FSTMB) advirtió con una toma del TCP.

Las últimas acciones configuran el prolongado conflicto por el control de la Caja Nacional de Salud (CNS), la principal aseguradora de corto plazo del país, sustentada por aportes de trabajadores activos y jubilados —que financian un presupuesto 2017 de 827 millones de dólares— y sin embargo dirigida por los regímenes de turno que han designado a sus consecutivos gerentes.

El último nominado, un cuestionado administrador posesionado hace un mes por la ministra de Salud del presidente Evo Morales, es rechazado por 14.000 médicos y salubristas de la CNS desde hace cuatro semanas.

Ellos impugnan una designación “político-partidaria” al margen de convenios y de consenso con los trabajadores

Con 14 mil dependientes, entre personal jerárquico, médicos generales, especialistas, asistentes y oficinistas, la CNS atiende a 3.9 de los 10 millones de bolivianos que conforman la población total del país. En 2016 la Caja presupuestó 596 millones de dólares.

En montos a ejecutar la Caja supera, de acuerdo a información oficial, a varios de los principales ministerios de Estado e incluso casi duplica los fondos asignados al programa presidencial “Bolivia Cambia” que proyecta ejecutar  Bs.2.210 millones, equivalentes a 315 millones de dólares.

Sin embargo, la infraestructura y economía de la Caja basada en aportes laborales, pretenden ser aprovechados por el régimen actual para poner en marcha un seguro integral,  confiscando virtualmente el patrimonio de los trabajadores sindicalizados, señaló Grover Alejandro, líder de los rentistas.

Recordó  Alejandro que el reciente “dedazo” de Evo Morales para hacerse del manejo de los 827 millones de dólares de los trabajadores activos y jubilados, y de los 14 mil “ítems” de la institución, es parte del “castigo” a que han sido sometidos la COB y los trabajadores por haberse distanciado del régimen.

El alejamiento se concreta luego de múltiples despidos en el sector fabril y a la posición expresa de la dirigencia obrera de no convertirse en un “apéndice” del Conalcam, un organismo de dirigentes campesinos afines al gobierno.

La ministra de salud, Ariana Campero, afirmó que el proyecto de salud universal ni siquiera fue debatido en la Asamblea Legislativa y no indica eso, ya que será el Estado el que pagará por el servicio, sólo que los pacientes de ambos seguros serán atendidos en cualquiera de los centros que esté más próximo al enfermo. Pero su descrédito entre los trabajadores cunde igual que el su colega del Agua, por la crisis hídrica y su secuelas

En medio de la pulseta por el control de la Caja, un papel clave parece jugar el Directorio de la institución, que al no reunirse, no está aprobando los actos del nuevo gerente, Juan Alfredo Jordan, un ingeniero comercial y administrador hospitalario.

“Sus actos son nulos de pleno derecho porque no están avalados por el Directorio de la CNS. Esto es grave. Y no los avalará mientras no se reúna”, dijo el ejecutivo de los jubilados bolivianos.

Los rentistas tienen tres de los nueve directores de la Caja; otros tres representan a los trabajadores activos; el sector patronal detenta dos y el estatal uno, aunque para la designación del gerente principal de la CNS fue ignorado un convenio por el que este alto funcionario debe ser nominado de una terna efectuada por la COB

Hace cuatro años Evo Morales promulgó  el Decreto 1403 como marco legal para reestructurar la institución en un periodo de dos años, sin que a la fecha se haya registrado cambios sustanciales, según reciente informe del Instituto Nacional de Seguros de Salud (Inases, financiado también por los trabajadores) que encontró diferentes  problemas en la Caja, argumento para desplazar al antecesor de Jordán, Dr. Mario Aramayo.

MORDIENDO LA MANO

Para dirigentes sindicales, Aramayo (gestión 2016) y otro de sus predecesores Juan C. Alvarado (2011-2012) fueron designados de manera “arbitraria” y unilateral por el gobierno de Morales (MAS), sin consenso  con la COB. La excepción habría sido René Bustillos, que duró tres años (2013-2015)

En el marco de la Constitución Política del Estado un convenio con la COB de 2012, suscrito en el mandato del ex secretario Pedro Montes establece que la Central Obrera debe enviar al mandatario una terna para que de esta elija al principal ejecutivo de la Caja, sostuvo Grover Alejandro.

“El acuerdo de partes se hace ley para nosotros”, agregó el ejecutivo de los jubilados. “El último nombramiento es político porque no se realizó dentro lo convenido con la COB”.

Alejandro reiteró que la CNS es de los trabajadores activos y pasivos aportantes al sistema de seguridad social.

“El gobierno no tiene invertido un solo centavo en la Caja, pero dispuso el año pasado que un monto no ejecutado de 45 millones de bolivianos sea transferido al ministerio de Salud, mientras que el Inases vive y pervive de nuestros aportes (0,5 %) y el mismo Ministerio se queda con el 5 % de las aportaciones de los trabajadores. Están comiendo de nuestra mano y no es justo que nos muerdan”.

AFINES AL GOBIERNO VS TRABAJADORES-COB

En medio del conflicto, grupos sindicales afines al gobierno como la Central Obrera-Santa Cruz, el Casegural cruceño y  juntas vecinales de la capital oriental, lo mismo que el Defensor del Pueblo cuestionaron el paro de los salubristas que obligó a reprogramar cirugías y suspender atenciones médicas, aunque los servicios de emergencia no fueron afectados.

Trabajadores de la Caja denunciaron que el gobierno del MAS busca la confrontación contra los salubristas utilizando a sectores afines que se opongan al paro con contramovilizaciones.

Mientras una comisión de fiscales verificaba en Santa Cruz si hubo actividad en dos establecimientos del seguro, se tramitaban eventuales juicios por presuntos delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes.

Las marchas y protestas bloquearon la actividad en La Paz, Santa Cruz y Sucre especialmente, pero en Cochabamba la protesta fue reprimida por la Policía con gases lacrimógenos y chorros de agua

El Colegio Médico de Bolivia es uno de los decididos organismos que respaldan las movilizaciones de los trabajadores de la CNS.

«Si el ampliado (de la FSTMB) nos avala el traslado a la ciudad de Sucre y tomar sus instalaciones del TCP, no nos va temblar la mano en hacerlo, porque ellos están defendiendo intereses patronales y no de los trabajadores”, señaló el secretario ejecutivo de la (FSTMB), Orlando Gutiérrez.

“Se trata de los aportes de los trabajadores, es su plata. Los trabajadores (somos) quienes tenemos que decidir, por eso es el descontento que se está generando”, dijo el líder de la COB, Guido Mitma.

Según  la COB, el fallo constitucional del TCP restituye el artículo 55 del polémico Decreto Supremo 21060, relacionado a los despidos amparados bajo la figura de «libre contratación y el libre despido”.

La ministra de Salud, Ariana Campero dijo que habrá un nuevo descuento por planilla por los días no trabajados, actuando “por atentado contra la salud pública”.