Gasolinazo en Bolivia: protestas, paros y el impacto social del aumento de combustibles

Filas interminables en gasolineras, mercados abarrotados y una población desesperada son el escenario que dejó el «gasolinazo» dispuesto por el gobierno de Rodrigo Paz. La medida, que implica un aumento sin precedentes en los precios de los combustibles, ha generado un rechazo masivo en sectores sociales, incluyendo al vicepresidente Edmundo Lara.

Según cifras oficiales difundidas por el Ejecutivo, la gasolina Especial subió de 3,72 bolivianos a 6,96 bolivianos por litro, un incremento del 87,1%, mientras que el diésel aumentó de 3,74 bolivianos a 9,80 bolivianos por litro, equivalente a un alza del 162%. Otros precios establecidos incluyen la gasolina Premium en 11,00 bolivianos por litro y el jet fuel en 10,74 bolivianos. El precio del gas licuado de petróleo (GLP) se mantiene sin cambios en 22,50 bolivianos por garrafa.

El llamado «sinceramiento» de precios ha sido contundente, pero no exento de controversia. El diésel, insumo energético crítico para el transporte pesado, la agroindustria y la logística, practicamente triplicó su precio, lo que anticipa un efecto cascada sobre los costos de producción y, en última instancia, sobre el precio de los alimentos y bienes básicos.

Protestas y paros

Ante este shock económico, el gobierno ha desplegado un esquema de compensaciones sociales que opera de manera selectiva. Por un lado, se decretó un incremento del salario mínimo del 20%, (3.300 Bs), coherente con la inflación proyectada para 2025. Por otro, se reforzó la política de transferencias directas con aumentos significativamente mayores: la Renta Dignidad subió un 43% (de 350 a 500 bolivianos) y el bono Juancito Pinto un 50% (de 200 a 300 bolivianos).

El mensaje que el gobierno quiere dar es que el Estado intenta proteger con mayor intensidad a los sectores no laborales, adultos mayores y estudiantes, mientras confía en que el ajuste salarial sostenga el poder adquisitivo de la población ocupada.

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para calmar el descontento. La Federación de Choferes Chuquiago Marka, en La Paz, decidió implementar una nueva escala de tarifas debido al ajuste de los precios de los combustibles. Según declaró Santos Escalante, dirigente de la federación, los minibuses ahora cobrarán 4,50 bolivianos en el tramo corto y 5,50 en el largo, mientras que los buses pasarán a 3 y 3,50 bolivianos respectivamente.
En Santa Cruz, la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte Santa Cruz (Fedectrans) anunció un paro indefinido en protesta por la eliminación de la subvención de combustibles. Ronald García, ejecutivo de Fedectrans, afirmó que la medida se mantiene hasta que se anule el decreto.

Rechazo masivo

El paquete de medidas determinado por el gobierno ha tenido un efecto inmediato de rechazo en sectores sociales. La Asamblea de la Alteridad dio un plazo de 24 horas para que el incremento de los carburantes sea anulado, mientras que la Confederación de Maestros Urbanos se declaró en emergencia y convocó a movilizaciones.

«Damos 24 horas al Gobierno para que retroceda en las medidas», dijo el presidente de la Asamblea de la Alteridad, rodeado por dirigentes de organizaciones sociales. Por otro lado, el dirigente de la Asociación de Transporte Libre, Limberth Tancara, convocó a movilizarse y anunció que el pasaje del minibús en La Paz subirá a 5 bolivianos.

El vicepresidente Edmundo Lara, en compañía de jefes de las bancadas con presencia en la Asamblea Legislativa, anunció su rechazo al Decreto 5503, considerando que generará más pobreza, desempleo y subida de precios. «La única bancada que respalda el decreto es Unidad Nacional», señaló Lara.

Desde el Chapare el expresidente Evo Morales criticó duramente la medida, tachándola de «el peor regalo de Navidad» para el pueblo boliviano. Morales señaló que el aumento desproporcionado en los combustibles, sin estudios ni consenso social, se convierte en un castigo social y no en una solución estructural.

Críticas y apoyos

Por otro lado, el Gobierno de Estados Unidos elogió las medidas de ajuste económico, destacando que buscan restaurar la estabilidad y la prosperidad en Bolivia. Marco Rubio, Secretario de Estado, afirmó que las reformas anunciadas sientan las bases para un futuro más próspero.

También hubo declaraciones de apoyo local. Luis Fernando Camacho, gobernador cruceño y presidente de Creemos, consideró las medidas «difíciles pero necesarias» para salvar a Bolivia de la crisis económica heredada del MAS. Asimismo, Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, calificó la decisión como valiente e imprescindible.

Antecedentes y riesgos

La subvención de combustibles fue una medida adoptada en gobiernos anteriores, incluyendo los de Hugo Bánzer y Carlos Mesa, y mantenida hasta el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Según datos oficiales, la subvención llegó a costar un monto equivalente al 3,8% del PIB.

Sin embargo, expertos como Gonzalo Chávez advierten sobre un riesgo macroeconómico adicional: la probabilidad de una aceleración inflacionaria. El shock en el precio del diésel podría transformarse rápidamente en inflación persistente si se activan mecanismos de indexación informal y expectativas desancladas.