Detención de Arce «no baja precio de la carne ni elimina filas por diésel»

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz sostiene que la aprehensión, ejecutada por la unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz, forma parte de una ofensiva contra la corrupción y se basa en “suficientes indicios” de daño económico al Estado por al menos 360 millones de bolivianos, según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

La Fiscalía afirma que Arce será procesado en la vía ordinaria por hechos vinculados a su gestión como ministro de Economía en el directorio del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas (FONDIOC).

Analistas y exautoridades cercanas al exmandatario cuestionan, sin embargo, la forma en que se produjo la aprehensión. La exministra de la Presidencia María Nela Prada calificó el arresto como un “secuestro” y sostuvo que no existió notificación previa ni citación formal a declarar, lo que, a su juicio, vulnera garantías procesales.

Prada afirmó que Arce “es inocente” y que, por su condición de expresidente, debería enfrentar un juicio de responsabilidades, además de recordar que ya fue interpelado en la Asamblea Legislativa por el caso y presentó descargos en su momento.

El analista político Gabriel Rodríguez Olivera consideró que detener a Arce sin una citación previa es una señal de motivación política. “Detener a cualquier persona sin los procesos legales correspondientes demuestra que aquí hay una actitud absolutamente política.

Al expresidente no se lo ha citado previamente para que informe sobre esta situación como se debería hacer y se ha ido a su detención inmediata. Eso demuestra que aquí hay una actitud netamente política”, afirmó Rodríguez Olivera en declaraciones públicas.

Rodríguez Olivera también enmarcó el operativo en el contexto de la crisis económica y social que atraviesa el país, marcada por reportes de filas para la compra de diésel y gasolina y por el aumento del costo de vida.

“La detención de Luis Arce Catacora no va a bajar el precio de la carne, no va a bajar el precio del pan, no va a bajar el precio de las facturas del agua o de la luz, o va a quitar las filas por el diésel”, dijo, al sostener que la medida no responde a las demandas económicas que movilizan a sectores sociales.

Otros críticos califican la operación como un “show político” o una cortina de humo. El exdiputado Héctor Arce, identificado con el ala “Evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó que la aprehensión constituye un “circo” montado por el gobierno de Paz para “causar una impresión de miedo” y desviar la atención de lo que describe como crisis nacional e ineficiencia en la gestión.

Según Héctor Arce, si hubo delitos deben investigarse “con absoluta transparencia”, pero la forma y el momento del arresto buscarían distraer al país de “los problemas reales” y de otros casos de corrupción que considera más graves.

Rodríguez Olivera opinó que la acción también tiene efectos en la imagen externa del gobierno. A su juicio, la aprehensión bajo estas condiciones “no va a ser vista como positiva” ni dentro ni fuera del país y refuerza percepciones de un deterioro de las libertades.

Sostuvo que la gestión de Paz y del vicepresidente Edmand Lara “está cometiendo los mismos errores” que atribuye al gobierno de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, particularmente en materia de derechos humanos y trato a los opositores.

La Fiscalía General del Estado defendió el procedimiento. El fiscal general Róger Mariacadijo que la aprehensión obedece a una ampliación de denuncia presentada por el nuevo representante legal del Fondo Indígena y a informes policiales que recomendaron asegurar la presencia del investigado.

Mariaca justificó la medida en “indicios de participación en el hecho”, peligro de fuga y riesgo de obstaculización del proceso, e indicó que Arce se acogió a su derecho al silencio al ser convocado a declarar. La autoridad negó motivaciones políticas y aseguró que el Ministerio Público actúa “con objetividad”.

El Gobierno endureció su discurso tras el operativo. El ministro Oviedo afirmó que la orden de profundizar la lucha anticorrupción provino directamente del presidente Paz y detalló que Arce es investigado por presuntos delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica.

Sostuvo que durante la gestión de Arce en el FONDIOC se habrían aprobado “proyectos fantasmas o ejecutados a medias” y transferencias irregulares a cuentas particulares, lo que, según él, contribuyó a la crisis económica actual.

El vicepresidente Lara felicitó públicamente a la FELCC por la aprehensión y recordó que ya había anticipado que Arce sería “el primero en entrar preso”. En un mensaje en redes sociales, dijo: “Todos los que le han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y rendir cuentas”, en un tono que fue interpretado por adversarios del gobierno como señal de que el proceso tiene un componente de confrontación política, extremo que las autoridades niegan.

El caso Fondo Indígena, que se hizo público entre 2014 y 2015, es uno de los principales escándalos de corrupción asociados al MAS, con decenas de proyectos cuestionados y un daño económico millonario al Estado por el uso de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Entre los hechos incluidos en la investigación contra Arce figura la aprobación de proyectos con documentación incompleta y el desembolso de recursos a cuentas personales, como el caso de la exdiputada Lidia Patty, detenida preventivamente, quien, según su defensa, actuó amparada en resoluciones ministeriales vigentes en ese momento.

Mientras se define si el exmandatario enfrentará el proceso en libertad o bajo detención preventiva, las protestas por el alza de precios y los problemas de abastecimiento de combustibles continúan en distintas regiones.

Para analistas como Rodríguez Olivera, el énfasis del gobierno en un caso de alta visibilidad política, sin agotar procedimientos legales como la citación previa y sin ofrecer respuestas concretas a la escalada de precios y a las filas por diésel y gasolina, alimenta la percepción de que la agenda anticorrupción se usa como recurso político en un contexto de creciente malestar social.