En vigilia por sus tierras en riesgo
Nación Qhara Qhara ingresó a La Paz
Arribaron a La Paz tras 40 días de marcha. El ministro Romero dice que fueron ‘pagados’ Partieron el 6 de febrero desde Sucre en reclamo de sus derechos
“No contamos con ninguna ONG, nuestros alimentos naturales nos están abasteciendo, no necesitamos financiamiento porque con nuestro dinero nos estamos sosteniendo”, respondió Samuel Flores, uno de sus dirigentes.
En cuanto a su demanda, el Tata Samuel explicó que el artículo 54, inciso c, de la ley de deslinde les quita competencias para resolver líos de distribución interna de tierras en las comunidades con derecho propietario colectivo. Sobre la ley marco, dijo que piden que la autonomía indígena se implemente sin la necesidad de un referendo. El conflicto detonó por un tema de tierras en la Marka Quila Quila, en Chuquisaca, por un pedido de titulación colectiva.
Romero lo cuestionó al afirmar que los marchistas reivindican títulos de la época de la colonia y la República, que desconocían el derecho colectivo. “Es una marcha pequeña de 22 personas, es una marcha pagada, no recuerdo que movilizaciones indígenas genuinas hayan marchado con viáticos”, afirmó Romero.
El ministro desvirtuó también la demanda de la modificación de artículos de las leyes mencionadas.
Dijo que en una comunidad indígena pueden vivir personas ajenas a la misma y no se les puede imponer las normas de usos y costumbres.
Hasta el cierre de esta edición los representantes de la nación Qhara Qhara aguardaban la atención del Gobierno en el viceministerio de Autonomías Indígenas, en el que instalaron un piquete indefinido hasta que las autoridades de Gobierno atiendan sus demandas.
El gobierno acusa a esta movilización de estar financiada, los indígenas responden que ello no es cierto.
40 días de marcha desde la ciudad de Sucre les tomó a los indígenas de la nación Qhara Qhara llegar a la sede de Gobierno para demandar el respeto al derecho de propiedad de sus tierras comunitarias y ancestrales. En horas de la mañana, luego de un descanso en la ciudad de El Alto, partieron rumbo a la hoyada paceña para hacer expreso su pedido al Gobierno.
Desde el Multifuncional de la Ceja de El Alto, la nación indígena originaria Qhara Qhara, con wiphalas, pancartas y consignas de respeto a su tierra, emprendieron el último tramo de su marcha rumbo a la ciudad de La Paz.
La marcha se dio frente a la actitud del Instituto Nacional de Reforma Agraria que le negó titular sus Tierras Comunitarias de Origen y prefirió entregar “sin observaciones” a las comunidades afines al MAS.
En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció hoy por la mañana que esta marcha es «pagada» y alentada por Organizaciones No Gubernamentales (ONG), además por gente que pretende despojar de sus bienes y tierras a sus propietarios originarios.
Identificó que «detrás» de la marcha se encuentra «Fernando Rada Arteaga de la ONG Qhana Pukara Kurmi», que en su momento se hizo pasar por pariente del actual viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, para movilizar a la gente.
«Es una marcha pequeña de 22 personas, están 40 días sostenidos por esas ONG, es una marcha pagada, no recuerdo que movilizaciones indígenas genuinas hayan marchado con viáticos», dijo en conferencia de prensa, según la ABI.
No obstante, los indígenas negaron las versiones del Gobierno y explicaron que se mantuvieron en movilización gracias a los alimentos que ellos mismos se llevaron de sus comunidades y negaron que cuenten con apoyo de otras organizaciones.
Romero explicó que prácticamente quienes iniciaron la caminata hace más de un mes es el pueblo de Quila Quila que pertenece a la nación Qhara Qhara, del departamento de Chuquisaca.
Según la autoridad, los movilizados reivindican los títulos de la Colonia y la República que desconocían el derecho colectivo sobre la tierra, en una actitud «demagógica» de que se va a reconstituir la territorialidad ancestral de Qhara Qhara.
Además, dijo que pretenden que la Asamblea Legislativa modifique la Ley de Deslinde Jurisdiccional para no tener delimitación en el alcance de la justicia indígena, y que las autonomías indígenas se manejen al margen del referendo.