“Gasolinazo” y “diéselazo” de Paz desatan rechazo y ruptura política

La Paz-Santa Cruz. Dic. 18.- El “gasolinazo” y “diéselazo” que decreto el presidente Rodrigo Paz para eliminar la subvención a los combustibles provocó un rechazo amplio de sindicatos, gremios y de la mayoría de las bancadas legislativas, que advierten más pobreza, desempleo y alza de precios, mientras el Gobierno defiende la medida como técnica, “no negociable” y ofrece diálogo sin revisar su contenido.

El dirigente del transporte federado Bismarck Daza afirmó que el Gobierno primero debe abrogar el Decreto Supremo 5503, que suspende la subvención al combustible, y recién después este sector se sentará a dialogar con Paz, anuncio que será definido en un ampliado en Cochabamba el sábado.

Gremiales reunidos con el alcalde cruceño Jhonny Fernández calificaron la suspensión de la subvención como “un balde de agua fría”, exigieron la abrogación del decreto 5503, se declararon en emergencia y anunciaron un ampliado nacional para tomar “medidas de hecho”, advirtiendo al Gobierno que “no jueguen con fuego porque sino se pueden quemar”.

Paros, bloqueos y ampliados

El transporte sindicalizado de La Paz confirmó un paro de 24 horas desde las 00.00 de este viernes 19 de diciembre, en rechazo al DS 5503 que libera la subvención de los combustibles y con la exigencia de abrogación de la norma.

El dirigente Santos Escalante señaló que el ampliado departamental decidió “un paro de 24 horas con movilizaciones” y 44 puntos de bloqueo, y advirtió que, si no son escuchados, activarán un “paro indefinido” desde el lunes, mientras federaciones de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro manifestaron predisposición a sumarse a protestas y bloqueos coordinados.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia expresó su rechazo al alza de combustibles por su impacto en los costos productivos, anticipó movilizaciones escalonadas y no descartó medidas nacionales, al calificar las decisiones del Gobierno como un “golpe duro contra la población boliviana”.

Gremiales anunciaron bloqueos intermitentes y ampliación de medidas por el incremento de los costos operativos, el transporte pesado e interdepartamental evalúa cese de actividades y bloqueos de rutas troncales, y sectores rurales y campesinos anticiparon movilizaciones locales por el encarecimiento de insumos y transporte.

La Central Obrera Boliviana convocó a un ampliado de emergencia “ante la cobarde conducta del Gobierno central y el atentado contra el pueblo boliviano”; su secretario ejecutivo, Mario Argollo, dijo que “ha sido un día negro” y advirtió que la medida afectará de forma directa a los sectores más vulnerables y a los trabajadores del país.

Bancadas y vicepresidente rechazan decreto

El vicepresidente Edmand Lara, acompañado de jefes de mayoría de las bancadas en la Asamblea, anunció el rechazo al Decreto 5503 “del ajuste económico” en nombre de Libre, PDC, Súmate y Alianza Popular, al considerar que generará “más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar que va a afectar a los sectores más humildes”.

Lara explicó que en la reunión participaron las bancadas de Libre, PDC, Unidad Nacional, Alianza Popular y Súmate, y sostuvo que “la única bancada que respalda el decreto supremo es la bancada de Unidad Nacional”, mientras que el MAS y el presidente del Senado, Diego Ávila, no asistieron.

En paralelo, autoridades de ayllus de Potosí y Oruro se reunieron con Lara, quien ya había manifestado su rechazo a las “sorpresivas y polémicas” medidas de Paz, en un contexto de coordinación con sectores rurales y campesinos.

Argumentos económicos e inflacionarios

El senador de Libre Leonardo Roca afirmó que “no se puede eliminar la subvención justamente al sector del transporte público” porque la prioridad debía ser “aplastar la inflación” y sostuvo que hacer lo contrario “es generar un efecto inflacionario que influye en el costo de vida de las personas”.

Roca lamentó que, pese al incremento de sueldos, varios pequeños emprendimientos cerrarán, sostuvo que “la inflación será más que el incremento salarial” y advirtió que los bonos incrementados no reducirán el “boquete” sino que generarán “otra fuga de dinero”, al señalar que el ajuste debía hacerse en el Estado recortando supernumerarios y gastos superfluos.

El expresidente, excandidato y líder de Libre, Jorge Quiroga, dijo que el decreto económico mezcla aciertos con disposiciones “irrealizables” y valoró medidas como la eliminación del diésel de la lista de sustancias controladas, el crédito fiscal del IVA para profesionales y la liberación de exportaciones.

Quiroga lanzó una crítica dura al incremento de gasolina, diésel y gas natural vehicular, al señalar que el alza tendrá un efecto inmediato sobre el transporte público y toda la cadena de producción y advertir que “eso es absolutamente inflacionario”, además de calificar el financiamiento del Banco Central al Estado como “la madre de la inflación” y cuestionar la viabilidad de un “incremento cero” salarial.

El gobierno dialoga, no negocia

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, afirmó que el Decreto Supremo 5503 “no es negociable” y “no es un capricho”, sino “el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país”, adoptado en el marco del mandato otorgado al Gobierno por la ciudadanía.

Lupo indicó que el Órgano Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los sectores para explicar las medidas, pero “no a retroceder en la medida”, y dijo que se instalarán mesas de diálogo para mostrar “técnicamente cuáles son los verdaderos impactos” de la norma y “sincerar la economía” tras años de distorsiones por el esquema de subvención a los carburantes.

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, acusó al vicepresidente Lara y a Quiroga de estar en un “plan de conspiración” contra el Gobierno por oponerse a las medidas económicas de Paz y sostuvo que ambos “se alinean a las políticas de Evo Morales”.

Empresarios apoyan

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia apoyó el levantamiento de la subvención a los combustibles para reducir el déficit fiscal y enfrentar el contrabando, aunque expresó preocupación por el incremento del salario mínimo y pidió cautela a los sectores para evitar profundizar la crisis.

La Cámara Agropecuaria del Oriente consideró que las medidas son necesarias para “sincerar la economía”, pero demandó políticas complementarias para mitigar el impacto en los costos productivos, garantizar el abastecimiento de diésel y fortalecer la seguridad jurídica.

En paralelo, los reportes señalan que el dólar paralelo en Bolivia registra variaciones y se mantiene como un indicador seguido de cerca por la población, dada la restricción de acceso a la divisa por canales oficiales, aunque los textos no vinculan de forma explícita estas fluctuaciones con el Decreto 5503.