Arce denuncia detención “ilegal”, juez ordena cinco meses de cárcel en San Pedro

Pese a que el expresidente Luis Arce denunció ante el juez que su aprehensión fue “irregular e ilegal” y rechazó tener responsabilidad en el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena, el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción decidió enviarlo a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por cinco meses, al considerar que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación.

Tras una audiencia de medidas cautelares que se extendió entre cinco y seis horas y se desarrolló de forma virtual, el juez 12º de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres de La Paz, Elmer Laura, dispuso la detención preventiva de Arce en el penal de San Pedro. La autoridad concluyó que existen indicios suficientes de participación en los delitos imputados y que su permanencia en libertad podría afectar el avance de la causa.

Arce es investigado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y otros tipos penales vinculados al manejo de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (FONDIOC) durante su gestión como ministro de Economía.

La causa forma parte de uno de los mayores escándalos de presunta corrupción de la última administración del Movimiento al Socialismo (MAS), centrado en el desvío irregular de fondos destinados a proyectos para pueblos indígenas y sectores rurales.

Denuncia de Arce sobre su aprehensión

En la audiencia, el exmandatario rompió el silencio que había mantenido ante la Fiscalía y relató que fue interceptado en la zona de Sopocachi por un minibús sin identificación del que descendieron personas con pasamontañas, que le exigieron subir al vehículo sin mostrarle una orden de aprehensión.

Según su versión, recién recibió la orden varios minutos después, en otro punto de la ciudad, lo que lo llevó a comparar el operativo con un posible secuestro y con prácticas de etapas autoritarias.

Arce calificó de “irregular e ilegal” el procedimiento y sostuvo que, de haber sido convocado formalmente, se habría presentado de manera voluntaria ante el Ministerio Público, por lo que cuestionó que se lo trate como un fugitivo.

También rechazó la acusación de que representa un riesgo de fuga, al remarcar que vive en el mismo domicilio desde hace décadas y que tiene un empleo estable como docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Argumentos de fondo de la defensa

La defensa pidió la libertad pura y simple del expresidente, invocando la presunción de inocencia, su arraigo familiar y laboral, su edad y su estado de salud, e insistió en que puede someterse al proceso con medidas alternativas.

El equipo jurídico sostuvo que la participación del Ministerio de Economía en el directorio del FONDIOC se ejercía a través de delegados y que Arce solo asistió de forma excepcional a una reunión, sin firmar actas ni aprobar proyectos, por lo que negó haber tenido injerencia directa en la canalización de recursos.

El exmandatario proclamó su “absoluta inocencia” y denunció una persecución política, afirmando que se pretende responsabilizarlo de decisiones colegiadas adoptadas en un esquema institucional más amplio.

Para la defensa, los elementos sobre los que se construye la imputación son insuficientes para una medida extrema como la detención preventiva y podrían ser controvertidos en libertad.

Riesgos procesales, daño económico y contexto

El juez Laura consideró, sin embargo, que la condición de exministro y expresidente otorga a Arce una capacidad real de influencia sobre exfuncionarios, testigos y otros involucrados, muchos de los cuales trabajaron bajo su órbita o compartieron espacios decisorios en el FONDIOC.

La resolución señala que aún deben declarar decenas de personas y que hay múltiples actos investigativos pendientes, por lo que la eventual injerencia del imputado podría “obstaculizar la búsqueda de la verdad histórica de los hechos”.

En cuanto al daño económico, diferentes actuaciones mencionan montos que van desde centenares de millones hasta miles de millones de bolivianos, y en una resolución reciente la autoridad habló de unos 40 mil millones de bolivianos como cifra referencial del perjuicio al Estado, calificándolo como grave.

Con ese argumento, el juez recordó que la normativa anticorrupción restringe la aplicación de medidas más leves cuando se trata de delitos con alto impacto en recursos públicos destinados a sectores vulnerables.

Salud, edad y escenario político-judicial

Sobre los alegatos relativos a la salud de Arce, la autoridad judicial indicó que los certificados médicos presentados corresponden a años anteriores y no acreditan de manera fehaciente un cuadro actual que haga inviable su permanencia en un recinto penitenciario.

Precisó que el exmandatario tiene 63 años, por debajo del umbral de 65 establecido en la norma para limitar el uso de la detención preventiva por razones de edad, y señaló que el sistema penitenciario puede garantizar atención médica si fuera necesario.

Con la orden de detención preventiva por cinco meses en San Pedro, el caso Fondo Indígena vuelve a tensar el escenario judicial y político en Bolivia, reactivando el debate sobre la responsabilidad penal de exautoridades, el alcance de la lucha contra la corrupción y las garantías del debido proceso.

Mientras la Fiscalía avanza en nuevas citaciones y posibles imputaciones, la defensa de Arce anticipa que seguirá buscando su liberación mediante recursos legales y cuestionando la forma en que se ejecutó su aprehensión.