Políticas económicas a contrarreloj

En 1948, la Alemania Federal de la posguerra se encontraba devastada: crisis social sin precedentes, aparato productivo destruido, inflación elevada, una moneda prácticamente inservible e inestabilidad política. No obstante, en junio de ese año el ministro de Economía, Ludwig Erhard, adoptó medidas basadas en lo que dicta la teoría económica: reforma monetaria, eliminación de controles de precios y supresión de todo tipo de racionamiento. Tales decisiones fueron tomadas audazmente un domingo para esquivar la burocracia militar de las fuerzas aliadas y carente apoyo a éste tipo de medidas, tal como él mismo relató en una entrevista de 1963.

Sorpresivamente, los productos reaparecieron el día lunes, un día después de asumida y comunicada la reforma; la producción industrial de 1948 creció un 45% respecto al año anterior y en los años siguientes se registró un incremento promedio cercano al 20%. El ingreso per cápita aumentó a una tasa anual del 8%, pese a la fuerte migración del periodo, y los salarios reales se elevaron alrededor del 9% anual. Estas medidas sentaron las bases del llamado “milagro alemán”.

Irónicamente, en nuestro país en las últimas semanas, algunas voces —desde analistas políticos hasta economistas— sostienen que un eventual levantamiento de la subvención y un ajuste del tipo de cambio en Bolivia desembocarían en un “proceso hiperinflacionario” o una “inflación galopante”, afirmaciones que merecen ser examinadas con mayor rigor.

Si bien es cierto que inicialmente se produciría un incremento de precios derivado del shock y de una especulación temporal; sin embargo, suele olvidarse que la inflación es ante todo un es un fenómeno generado por políticas monetarias expansivas y al ser el dinero un bien más, se rige por las leyes del mercado: cuando la oferta monetaria excede la demanda de dinero, la consecuencia inevitable es la inflación, tal como demostró empíricamente la Escuela de Chicago. Por ello, muchos de los análisis recientes pasan por alto que al liberar precios se recupera información real, lo que permite que la oferta responda, pues la represión de precios y los controles generalizados inhiben la producción, desalientan la formalidad y distorsionan la asignación eficiente de recursos.

Esta lógica puede observarse en la coyuntura actual: aun manteniéndose la subvención, Bolivia registra inflación de dos dígitos, cuya raíz se encuentra en un déficit fiscal sostenido, financiado mediante emisión monetaria, especialmente después de que las otras dos fuentes de financiamiento del Estado —deuda externa y recaudación tributaria— se vieran mermadas.

Conviene recordar que la Ley N° 1670 de 1995 otorgó independencia relativa al Banco Central al prohibirle financiar al sector público, salvo dos casos excepcionales para el Tesoro General de la Nación; no obstante, la Constitución de 2009 y normativa conexa subordinó al Banco Central a los lineamientos del Órgano Ejecutivo, facilitando mecanismos de financiamiento y monetización de deuda que redujeron significativamente las reservas internacionales. Por lo cual, el problema de fondo se encuentra en el déficit fiscal, originado por la caída de ingresos y por un gasto público sobredimensionado, dentro del cual la subvención representa una parte creciente debido a la menor producción de líquidos para la generación de carburantes y al aumento sostenido del parque automotor.

Es así que en diciembre de 2010 se intentó eliminar la subvención, anticipando su trayectoria ascendente: en ese entonces superaba los 650 millones de dólares, mientras que para 2024 se estima que sobrepasó los 2.400 millones, por lo cual surgen preguntas incómodas como: ¿cómo sería nuestro presente si en 2010 se hubiera tomado el “trago amargo”? Y, más aún, ¿qué ocurrirá en los próximos meses y años si seguimos postergando decisiones inevitables? ¿Fue realmente una victoria aquel retroceso de 2010 o sembramos la semilla de nuestra propia destrucción?

En este contexto, las propuestas gradualistas o las soluciones tecnológicas —como nuevos softwares o el uso del sistema B-SISA para focalizar subvenciones— no ofrecen una salida sostenible, toda vez que la inflación de costos y la especulación transitoria no pueden mantenerse sin la convalidación monetaria, como demuestra la experiencia empírica internacional, cuyas lecciones ignoradas por la euforia de la heterodoxia económica tienden a hacer recaer a la sociedad en la falacia de lo que no se ve.