Basta ya de atropellos a la dignidad de menores

Jorge Lizarraga Torrico

¿A qué sociedad o a quien no podría denigrar información como la que se reporta oficialmente y se publica o comunica por los medios de prensa todos los días? “menor abusada” “menores violados” menor de edad embarazada del padrastro” niño abusado por sacerdote”, etc., etc. Cuando en realidad existe un principio el cual señala que el bien más preciado son los niños?, lo cual no es menos que decir que son considerados el tesoro más valioso por su futuro, su inocencia y porque representan la promesa y la garantía de la sociedad venidera, siendo este un principio que enfatiza la importancia de cuidarlos, protegerlos y educarlos con amor y respeto, pues son el pilar del futuro, pero con noticias atroces que podríamos esperar de esos niños y su y nuestro futuro como sociedad?.

La última noticia sobre estas atrocidades, fue publicada hace poco en medios de prensa donde se refieren a la interrupción de embarazo de una menor de 11 años abusada por el novio de su madre, y como si fuera normal solo se informa el hecho, pero no sobre el delincuente, aunque, ¿qué se puede esperar de la justicia o los operadores de justicia aún se haga conocer al implicado? Pues me temo que lo peor…. si dicen que hay más de 1500 órdenes de aprehensión sin ejecutar? ¿Que esperar se haga con casos como el señalado?, rezar quizá, ¿no?

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Según datos oficiales tanto del ministerio de gobierno como de la defensoría de la niñez y adolescencia de Bolivia, se tiene que del 2021 al 2024, se registraron 36.533 denuncias de delitos contra menores de edad. Un dato que resalta es que, en todos los años citados, Santa Cruz presenta el mayor número de denuncias. Dentro de estas cifras, en 2025 también encabeza la lista, donde acumula 1.939 denuncias, seguida de departamentos como La Paz (871) y Cochabamba (634), pero ¿a cuántos se les imputo por eso delitos? ¿a cuántos liberaron o sobreseyeron? y ¿Cuántos otros casos habrá que no son oficiales?

Según reportes oficiales de las instancias indicadas, hasta junio de 2025, se registraron 4.508 denuncias de delitos contra niños, niñas y adolescentes en Bolivia. Bajo esta categoría, se contemplan vulneraciones como violencia familiar, violación, sustracción de un menor o incapaz, proxenetismo, estupro, trata, acoso sexual, corrupción de menores e infanticidio. Si realizamos una comparación entre el primer trimestre de 2024 (4.676) con la presente gestión (4.508), podemos evidenciar la reducción de denuncias de un 3,59%; sin embargo, las preguntas de rigor son, ¿la reducción de denuncias es porque las víctimas no creen que se resuelva algo? ¿no quieren mostrarse en exposición mediática? ¿saben que solo quedará en denuncia y nada se hará y corren peligro si denuncian?, o un sinfín de interrogantes, lo cual, desde un punto de vista personal, la disminución no significa la reducción de tipos penales porque solo Dios y las victimas sabrán que esos números son mentirosos, ¿o no? Teniendo además como datos alarmantes que la violencia contra menores es más recurrente dentro el entorno familiar; que el 48.19% de los agresores por abuso infantil contra menores de edad son familiares y que el 94.12% de víctimas de violencia sexual son menores y adolescentes mujeres menores de 13 años ¡

A pesar de los datos señalados, y pueden ser sorprendentes y desquiciados, los informes de organizaciones de defensa a los derechos humanos o de la propia comisión Interamericana de Derechos Humanos, es aún peor y a pesar de existir informes contundentes del 2010 al 2023 los avances parecen ser de a poco o a cuenta gotas, lo cual debe advertir a los gobernantes, legisladores y operadores de justicia actuar con la mayor diligencia y cuidado posible, dado de que se trata del presente y futuro del país y que quienes abusen de ellos no merecen algo menos que cadena perpetua, por lo que los legisladores ya deben actuar sobre este particular.

¿A qué menor le podrías desear viva ese tipo de experiencias? ¿A qué padre o madre le gustaría que sus hijos vivan ello? ¿A quién se le puede ocurrir abusar de menores? A enfermos, a psicópatas y evidentemente a inseguros mentales y físicos, de otro modo al menos desde mi posición, no entiendo, y jamás lo entenderé y mucho menos justificaría el actuar de estos mal vivientes, como incluso en su momento se pretendía que por edades avanzadas se libere a sacerdotes pedófilos, violadores o abusadores de menores ¿tampoco estos merecen el respeto de sus DDHH si obraron con malicia contra nuestros niños, cuando gozaban de salud plena ¿verdad?, por lo que se sugiere a nuestros representantes en NNUU planteen la modificación de la definición universal de DDHH aclarando que quien haya quitado la vida, haya vulnerado derechos de menores y en otros tipos penales aberrantes, el concepto no le sea correspondido y sea pues tratado como se merece “peor que paria”.

Mucho se habla de los corruptos, las penas que debe imponérseles por haberse valido de su cargo o posición y estamos de acuerdo con ello, incluso que esas penas sean perpetuas para no salir y luego aprovechar lo apropiado indebidamente y disfrutarlo; muchos hablan del enriquecimiento ilícito y como se aprovecharon no solo 20 años sino siempre de vivir de la manga del Estado y aun ello robar a un pueblo y estamos de acuerdo con que las penas se endurezcan incluso debiendo no solo purgar penas altas sino trabajar la tierra y servir por fin de o en algo, sin embargo, nadie habla o muy poco al menos se visibiliza respecto a las penas que debe imponerse a quienes denigran la dignidad de los menores y he ahí el nudo gordiano que debe destrabarse e imponerse frente a estos desgraciados y mal vivientes, y dejar claro al menos en Bolivia, que abusar de niños (as) o adolecentes no mayores de edad, debe merecer castigos ejemplares y sin asco, por lo que  basta ya de atropellos a la dignidad de menores.

Jorge Lizarraga Torrico

Es licenciado en Derecho y ciencias Jurídicas, MBA Universidad de Chile, Master en Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares, Master en Relaciones Internacionales Euroinnova y Post Grado en Relaciones Internacionales Universidad de Nebrija y PhD en Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos.

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