Zúñiga acusa a Arce y a altos funcionarios de ordenar intento de golpe de 2024
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El excomandante del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, detenido por el fallido levantamiento militar del 26 de junio de 2024, acusó hoy al expresidente Luis Arce y a varios exfuncionarios de su gobierno de haber ordenado y planificado la movilización militar registrada ese día, según declaró ante periodistas al llegar a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz.
Zúñiga, quien fue destituido horas después del incidente, reiteró que recibió instrucciones directas de Arce para movilizar tropas y vehículos blindados hacia la Plaza Murillo, sede del Ejecutivo y del Legislativo.
Además de Arce, mencionó una lista de presuntos coautores. La entonces ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz; y personas a las que identificó solo como “Novilio” (ex ministro de Defensa, Edmundo Novillo), “Sonia” (ex ministro de Gobierno Eduardo del Castillo).
El exjefe militar sostuvo que el levantamiento habría sido articulado desde el propio gobierno con fines políticos. Afirmó que su versión fue solicitada en repetidas ocasiones por fiscales, pero señaló que existe “resistencia” para que declare públicamente. “No quieren que declare… ¿qué ocultan?”, dijo brevemente antes de ser ingresado a dependencias policiales.
Zúñiga también defendió a los soldados que participaron en la operación, indicando que “solo cumplieron órdenes” y que, a su juicio, “los verdaderos responsables están libres”. Añadió que se constituirá en acusador contra los funcionarios y personas que mencionó.
El incidente del 26 de junio ocurrió cuando unidades militares, bajo el mando de Zúñiga, ingresaron temporalmente a la plaza central de La Paz con tanquetas y personal armado. El despliegue fue desactivado tras varias horas y sin enfrentamientos graves, según reportes oficiales. El entonces gobierno calificó el hecho como un intento de golpe de Estado.
El caso continúa siendo uno de los procesos judiciales más sensibles del país, y ha generado múltiples versiones contradictorias entre actores políticos, militares y autoridades investigativas. La Fiscalía mantiene imputaciones por terrorismo, alzamiento armado y otros delitos vinculados al levantamiento.