El ejercicio de la violencia en la forma de gubernamentalidad clientelar

El sentido antiguo de la palabra gobernar significa dirigir la nave, navegar, aprovechando las fuerzas a las que se enfrenta la nave, empero, el sentido de la palabra gobernar se ha desplazado adquiriendo otras connotaciones, a partir de lo que podemos llamar la mutación de la metáfora o el uso de la figura en función de sus adecuaciones. El enunciado griego de ocuparte de ti mismo, que se refiere a ejercicios corporales, así como a la buena alimentación, además de a la meditación, se fue transformando o se fue conjugando hasta convertirse en el conócete a ti mismo socrático. Entonces se hablaba de gobernarse a sí mismo, que se desplazó al gobierno de la ciudad, aunque no es tan así, puesto que se complementan el gobernarse a sí mismo y el gobernar la ciudad; no se puede gobernar la ciudad si no se gobierna a uno mismo. El gobierno de un país vino después, prácticamente en la modernidad; en este caso se tiene otras connotaciones, más vinculadas a la administración y al Estado, propiamente a la República.

Sin embargo, no hay que olvidar que en la antigüedad y los imperios de entonces se puede hablar del gobierno del imperio. Aquí tenemos que detenernos y reflexionar. Gobernaba el monarca o gobernaban los funcionarios, no era, exactamente, en todo caso, de manera inmediata, que el que gobernaba era el déspota o el monarca; ellos eran sobretodo los símbolos encarnados del poder. Sin embargo también hay, aunque escasos, monarcas estrategas, conductores de imperios; no olvidar la historia de Gengis Kan.

¿A qué viene todo esto, todo este merodeo histórico, cuando vamos hablar de las formas de gobierno de la modernidad, sobre todo de la forma de gobierno clientelar, que atañe a los llamados “gobiernos progresistas”? Primero, este merodeo tiene que ver con la arqueología del concepto de gobernar o de gobierno; segundo, buscamos la relación del gobernar con la violencia, todo gobierno tiene que ver con la violencia, se gobierna con el uso y el recurso de la violencia, con el ejercicio de la violencia, el ejercicio del poder es violencia. Para no hacerlo esquemático es mejor decir que el ejercicio de gobernar es una composición, donde hay administración y violencia, recordando a Nicolás Maquiavelo que hablaba de una combinación entre consenso y uso de la fuerza. De alguna manera, se trata de una combinación paradójica, considerando el enunciado de este teórico de la política e historiador del poder, algunos lo consideran el filósofo que inaugura la política y el análisis político.

Hemos llegado a lo que queríamos llegar, en la modernidad, en la historia política de la modernidad, no se puede disociar el ejercicio de gobernar y el uso de la violencia, aunque el gobernar también se vincule con la administración y la estrategia, así como con la razón de Estado. El recurso de la fuerza es no solamente competencia del Estado, del monopolio “legitimó”  de la violencia, sino que se puede hablar de la fuerza de la ley, de la fuerza de la administración pública, de la fuerza del gobernar.

El gran problema de la historia política de la modernidad es el desenvolvimiento de la violencia, su intensificación y su expansión, su desmesura demoledora. Se constata, de manera notoria, que en periodos de crisis como que se hace necesaria la violencia, el uso y el recurso de la violencia, de una manera desmesurada. Parece ésta una característica del Estado nación y de las formas de gobierno durante la modernidad; particularmente la presencia y el despliegue desmesurado de la violencia se hace notoria, recurrente y, en algunos casos, continua, en la modernidad tardía. Los problemas de legitimación en el capitalismo tardío, como dice Jürgen Habermas, obligan al Estado en crisis, a la forma de gobierno en curso, al uso desmesurado de la violencia.

Ahora bien durante los “gobiernos progresistas” se ha hecho recurrente el uso desmesurado de la violencia, hasta convertirse en terrorismo de Estado. Esta situación es notoria en casos como la forma de gobierno clientelar de la revolución bolivariana, mucho más patética en casos bizarros como la pantomima del retorno “sandinista” del gobierno de Daniel Ortega. Así como se ha hecho notorio y recurrente el uso de la violencia durante las gestiones de los gobiernos neopopulistas bolivianos. Al hacerse recurrente el uso de la violencia, este recurso adquiere el impulso desmedido del incremento de la violencia.

En Bolivia se ha hecho particularmente notorio este recurso recurrente a la violencia de Estado desde el 2010 para adelante. Se han sumado las persecuciones y los arrestos durante el conflicto del TIPNIS, cuando se busca imponer una carretera ecocida, que atraviese el bosque del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure,  cuando se buscaba detener, a toda costa, la VIII marcha indígena por la defensa de la vida y del territorio. A propósito de este despliegue de la violencia, de su desenvolvimiento, de su incremento en espiral, es menester anotar que desde la primera gestión del gobierno neopopulista, incluso antes de la promulgación de la Constitución, el partido en función de gobierno, busca controlar a las organizaciones sociales. Lo consigue prácticamente durante la segunda gestión del gobierno neopopulista (2010-2014); lo hace, paradójicamente, después de la promulgación de la Constitución. No solamente controla las organizaciones sociales sino se ve obligado a cooptarlas, incluso a destruirlas y formar organizaciones apócrifas y paralelas.

Desde el 2010 hasta ahora, el 2023, hemos asistido al desplazamiento de la espiral de violencia gubernamental, incluyendo al “gobierno de transición”, como interregno entre dos series de gobiernos neopopulistas, el anterior y el retornado. A propósito de esta secuencia política, no vamos a hacer una exposición exhaustiva, ahora, nos remitimos a otros ensayos que lo hacen; de lleno vamos a tomar en cuenta lo que ocurre en el presente, con el apresamiento de los dirigentes yungueños, incluso su secuestro y su tortura, como es el caso de César Apaza. El dirigente de ADEPCOCA se encuentra en reclusión preventiva desde hace seis meses, después de perpetrarse su secuestro por parte de la policía y bajo mandato judicial. Pasa algo parecido con los demás dirigentes yungueños, así también con otros detenidos políticos de la oposición. Además de un constante asedio a las organizaciones auténticas indígenas y a sus dirigencias, a los activistas defensores de las territorialidades. En un contexto donde vuelve a activarse el conflicto del TIPNIS con el teatro de efectuar una nueva consulta sobre la construcción de la carretera que atraviesa el bosque y territorio intangible. No se trata de la Consulta Previa, Libre e Informada, que establece la Constitución, sino la consulta a los ciudadanos de los departamentos de Cochabamba y del Beni, cosa que vulnera los derechos de las naciones y pueblos indígenas.

En un contexto donde, además se da el proliferante avasallamiento de tierras por parte de los colonizadores, mal llamados «interculturales»; la quema apocalíptica de bosques para ampliar la frontera agrícola y la frontera ganadera. Así como no dejar de contar con la invasión a territorios indígenas y parques nacionales por parte de las mal llamadas cooperativas mineras, sobre todo del oro, que, en realidad, son empresas privadas, que contratan a destajo a trabajadores eventuales, no sindicalizados y sin derechos laborales. Cooperativas que median entre esta explotación depredadora, contaminante y destructiva, sobre todo por el uso del mercurio, y las empresas trasnacionales extractivistas chinas.

Los contextos de la violencia son complejos, no se da lugar una sola forma de violencia, de manera aislada y de modo lineal, al contrario una forma de violencia se retroalimenta con otras formas de violencia, se fortalece, reforzando las otras formas de violencia y sus decursos. Las formas de la violencia estatal se entrelazan con las formas de violencia empresarial, sobre todo si son transnacionales, también las formas de violencia de organizaciones de cooptación y clientelajes, así como las formas de violencias de las mafias, de los cárteles. Todo este conglomerado de violencias, que se entrelazan y se complementan, se articulan con formas de violencias, mas bien, micros, las violencias grupales, locales, familiares, individualizadas, particularmente con las violencias perpetradas contra las mujeres, que, en un determinado punto de inflexión, dejan de ser micros para ser macros. Una forma de violencia que entrelaza lo macro y lo micro, lo local, lo grupal, lo colectivo, lo organizativo con lo estatal, es la que corresponde a la corrupción y a la corrosión institucional.

Se puede decir que las sociedades modernas son violentas, sobre todo las que corresponden a la modernidad tardía, particularmente las sociedades que se encuentran en las periferias del sistema mundo capitalista, aunque no solo, pues los centros cambiantes del sistema mundo moderno también son atravesados por la irradiación perversa de la violencia. Este es el panorama abigarrado de las violencias en la contemporaneidad. Cuando nos situamos en una coyuntura, en un contexto particular, como el nacional, el panorama de la violencia adquiere un perfil concreto. En el caso de Bolivia, la violencia estatal se articula a las formas de violencia de la corrosión institucional y de la corrupción galopante, impulsadas por la incursión dolosa de las empresas trasnacionales, los cárteles y las mafias de toda laya. Los dirigentes yungueños han sufrido, por lo menos más de una década, la violencia estatal convertida en terrorismo de Estado.

No podríamos explicar lo que pasa si no incluimos la violencia judicial, que aunque forme parte del Estado, tiene sus peculiaridades. Una de ellas tiene que ver con la impostura legal de la administración de ilegalidades y con el desenvolvimiento de los aparatos de extorsión de la administración de justicia. La violencia estatal, la persecución de dirigentes y opositores, de activistas y defensores territoriales, se inviste apócrifamente con pretensiones de legalidad. La fiscalía y la administración de justicia están incorporados a los requerimientos del ejecutivo y del partido oficialista gobernante.

El uso indebido de la reclusión preventiva es considerada por Naciones Unidas como tortura, mucho más si sobrepasa los límites aceptables. Más del 70% del hacinamiento carcelario está cargado de reclusiones preventivas, respecto a las cuales ni siquiera se han iniciado juicios. La situación se agrava cuando se trata de reclusión preventiva no solo indebida sino grotescamente forzada; uno de estos casos es el de César Apaza. A pesar de encontrarse con embolia, ocasionada por la tortura, se ha tardado en enviarlo a una asistencia médica y, lo peor, se ha apresurado su retorno a la cárcel de seguridad de Chonchocoro, sin evaluación médica, en condiciones lamentables, arriesgando su vida. Esto muestra que no solo se trata de tortura política sino de crueldad. Los perfiles de la gente que está a cargo de esta tortura política salta a la vista, miserias humanas llevadas al extremo de la depravación moral.

La crisis múltiple del Estado ha llegado muy lejos. Se puede decir que nada funciona si no es con el objeto de enriquecimiento ilícito, la manipulación de las adjudicaciones, que pasan por licitaciones alteradas, sino es con contratación directa. El Estado como Estado, como aparato administrativo nacional, no existe, pues se ha convertido en una máscara que oculta las formas y prácticas paralelas de poder, que son efectivamente las que se dan. Las grandes beneficiadas de este disfuncionamiento son las empresas transnacionales, los cárteles y las mafias, además del conglomerado burgués, cómplice de la situación, sobre todo la burguesía rentista que gobierna.

Desde la perspectiva temporal o histórica, dada esta descomposición estructural, esta decadencia orgánica, se puede decir que no hay horizontes, no hay porvenir. El presente, entrampado en el despliegue atroz de la crisis múltiple, se agota sobre sí mismo, se hunde por el peso gravitacional de la putrefacción generalizada. Ha desaparecido todo principio de realidad, solo se ha desbocado el principio de placer atrofiado, empero en las condiciones descomunales de la perversión institucional. A los gobernantes solo les importa perdurar, a como dé lugar; a la oposición solo le inquieta aminorar el desplome estatal; a los congresistas les sobrecoge su tarea de guardar las apariencias; a las dirigencias cooptadas, corruptas y encargadas de la gobernanza clientelar, solo les interesa sacar tajada; a las mafias de magistrados, fiscales y jueces solo les preocupa defenderse como casta.

El conglomerado de violencias no solo se refuerza, fortaleciendo cada una de las formas de violencia, sino que genera otras formas de violencia o las lleva al paroxismo, si es que se encuentran sumergidas. Por ejemplo, cuando el Estado desaparece como garante del cumplimiento de la Constitución y de las leyes, el disfuncionamiento estatal se desplaza a áreas altamente sensibles con respecto a las necesidades y derechos de la población, por ejemplo cuando repercute negativamente en el campo educativo. En un contexto de crisis múltiple del Estado y de la sociedad la disfuncionalidad se extiende al campo educativo. Como todo se reduce al montaje político, este montaje repercute en el campo educativo, mermándolo gravemente, prácticamente hasta hacerlo desaparecer. A partir de estas circunstancias catastróficas ya no hay futuro, ha desaparecido.

En estos ámbitos de deterioro extremo, de derrumbe constante, de demolición dilatada , empero efectiva, de la sociedad, de destrucción del tejido social, todo está comprometido. No hay destino, como se dice. Los recursos naturales y las reservas están comprometidas, incluso en situación de mayor saqueo que cuando gobernaba la coalición neoliberal, lo que es mucho decir. Desde la promulgación de la ley minera se ha entregado el agua a las empresas mineras, que pueden usarla a su antojo y gratuitamente. Recogiendo las connotaciones de gobernar, en los ámbitos del capitalismo tardío, podemos decir que se trata de gobernar para las empresas trasnacionales extractivistas.

Hace un tiempo, durante las anteriores gestiones del gobierno neopopulista, se ha subastado el Salar de Uyuni, sin consultar al pueblo boliviano, propietario nato de los recursos naturales; ahora se lo vuelve a entregar inconsultamente, esta vez a empresas trasnacionales chinas. Empero, parece que está en juego la concurrencia entre dos proyectos trasnacionales de explotación, cada uno promovido por los dos bloques del partido oficialista escindido. Esta contienda «desarrollista» es la manzana de la discordia en la guerra intestina partidaria. Al respecto, de manera extraña, en el país de la reserva de litio más grande del mundo no prospera el emprendimiento de explotación y de industrialización del litio. A qué se debe, a pesar de la cuantiosa y millonaria inversión. ¿Por qué la empresa Tierra, productora de boratos, se radicó dentro de los 50 kilómetros fronterizos prohibidos? ¿Por qué el asesoramiento de la Planta de Litio, con el exgerente de Tierra, prácticamente la boicoteo? ¿Cómo explicar que se sacan ingentes cantidades de salmuera en volquetas hacia la frontera? ¿Qué nos muestra el pago millonario a QUIBORAX (42 millones de dólares), a pesar de su mínima inversión, un poco más de 800 mil dólares. Yendo hacia atrás, ¿cuáles fueron las razones ocultas por las que se perdió la demanda marítima en el Tribunal de La Haya? ¿No ha caído nuevamente Bolivia bajo el dominio de emporios trasnacionales que manejan su destino, repitiendo una historia análoga a lo que ocurrió con el guano y el salitre? Por último, ¿qué señala la cuarta derrota de la guerra del Pacífico, que es la pérdida en el diferendo del Silala, dirimido por el Tribunal Internacional de La Haya, siendo la tercera derrota lo acaecido también en La Haya, siendo la segunda derrota la firma del Tratado de 1904, donde se entrega el Atacama a cambio de un ferrocarril, siendo la primera derrota, la militar, dada en 1879?

La violencia prolifera, se expande, se intensifica, irradiándose a todas partes, en distintos planos de intensidad. La violencia destruye el tejido social, abole el porvenir, detiene las dinámicas sociales, las adultera y las pervierte. La violencia proliferante despliega la muerte múltiple. En Resistencias, descolonización y contrapoder[1] escribimos, a propósito de la violencia, lo siguiente:

En realidad, las leyes no norman la vida, no podrían hacerlo; norman la continuidad de la violencia por las filigranas de la paz. Las leyes continúan las violencias iniciales, difiriéndolas, cristalizándolas en hábitos y habitus, sobre todo en habitus sociales, cuando el poder se internaliza en subjetividades, induciendo comportamientos, cristalizándolos en reglas. Estas leyes, normas y reglas sólo se obedecen porque los templos, los aparatos ideológicos, las edificaciones y las maquinarias del poder ocupan estratégicamente los territorios, controlando parte de los movimientos que se dan. Las superficies de los espesores ecológicos se encuentran ocupados e invadidos por estas maquinarias, por estas mallas cartográficas que estarían en el espacio y cronometran el tiempo.

Conclusiones

Proliferación de las violencias 

En plena clausura de la civilización moderna, del sistema moderno, cuando los celajes de su crisis anuncian su agonía, lo que acaece no es exactamente el anterior cuadro, que acabamos de mostrar, pues se ha ido más lejos en la proliferación y la espiral de la violencia. La propagación de las violencias ha carcomido al mapa institucional, ha convertido al Estado en una máscara de lado oscuro del poder. En lo que respecta a los esquemas de comportamiento, han quedado alterados; los valores se encuentran suspendidos. Sin embargo, a diferencia de lo que puede ocurrir con las consecuencias de la rebelión  y de la revolución, el derrumbe institucional, debido a la implosión múltiple, no ha ocasionado la liberación de la potencia social, sino todo lo contrario, ha generado el reforzamiento la inhibición de la potencia social, se ha pasado a la posibilidad de su destrucción. Si antes, durante la modernidad, la potencia social se encontraba inhibida y controlada por las estructuras y diagramas de poder, por las cartografías políticas, por las ideologías, por los hábitos incorporados, ahora, en pleno desborde de la decadencia,  la implosión institucional ha derivado, mas bien, en la destrucción del tejido social, en la descomposición de la subjetividades, en la perversión de los comportamientos y de las prácticas sociales, ocasionando la muerte del sujeto.

La violencia se convierte en parte importante de las relaciones sociales, incluso, en los casos extremos del incremento de la espiral de la violencias, la violencia se convierte en la relación social misma, como si no hubiera otra forma de relación social. Cuando se llega a semejante intensidad y expansión de las violencias, entonces asistimos a la muerte de la sociedad. La sociedad no puede sobrevivir en base a relaciones sociales que se han reducido a la proliferación de las violencias, esto equivale a la muerte de la sociedad, es esto precisamente lo que está pasando. No es nada exagerado decirlo cuando los cárteles controlan ciudades, inclusive grandes regiones de operaciones, además de territorios. Cuando controlan espacios, circuitos, rutas de mercados, áreas de tráfico y de producción, cuando controlan poblaciones y, sobre todo, cuando controlan el Estado y a los gobiernos, estamos asistiendo a la muerte de la sociedad, con antelación, a la sustitución de la sociedad institucional por una sociedad perversa, adulterada, corroída por dentro, cuyo tejido social ha sido destruido. Estamos ante una sociedad sometida al terror, no solamente del Estado sino también de los cárteles; nos encontramos ante una sociedad que se controla por miedo; en este caso ha desaparecido todo horizonte de esperanza.

Notas

[1] Raúl Prada Alcoreza: Resistencias, descolonización y contrapoder. Editorial Comuna; Talleres Gráficos Kipus. Cochabamba 2023. Pág. 205.