Consideraciones sobre la coyuntura de transición
Consideraciones sobre la coyuntura de transición
Raúl Prada Alcoreza
Consideraciones conceptuales y descriptivas generales
El teatro político es un espectáculo para seducir al público, para hacerle creer que esa es la “realidad”, la de la narrativa política. Haciéndole olvidar la realidad efectiva, que es la sociedad la que coloca los andamios del espectáculo, cada vez es más decadente.
La casta política es el estrato de la sociedad que usurpa la voluntad general, conglomerado dinámico de las voluntades singulares, por medio del mecanismo institucional de la representación y delegación. Se convierte en “clase” dominante en el campo político.
La madurez del pueblo se expresa en el uso crítico de la razón, su facultad iluminadora y orientadora. Cuando inhibe esta facultad y busca un amo, un patriarca, un Caudillo, un representante, es inmaduro, un sujeto dependiente, un subordinado sin voluntad propia.
La democracia plena es el autogobierno del pueblo, la democracia restringida y formalizada, es la democracia representativa y delegativa. Los estados modernos, es decir, las repúblicas, aunque se denominen Estado Plurinacional, son democracia institucionalizada. La democracia institucionalizada tiene como referente la Constitución y tiene como arquitectura la malla institucional y las prácticas del ejercicio democrático. Como substrato para su funcionamiento se suponen las prácticas emergidas de la ética, el sentido de valores. Precisamente lo que falta en las prácticas de la casta política es este substrato ético, también las prácticas consecuentes con la estructura institucional, así como con la constitución. Por lo tanto, la casta política, con sus prácticas, demuele la democracia. Recuperar el ejercicio de la democracia es ejercer el control social sobre el quehacer de la casta política. En Bolivia mucho más, es ejercer la participación y el control social, el ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa.
El concepto de transición, que viene del latín transitĭo, corresponde a la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. La transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Por ejemplo, se habla de transición política para hacer referencia a las etapas sucesivas que se viven en un país durante el cambio de un sistema por otro. Se ha hablado de la transición a la democracia haciendo referencia a cuando un régimen militar llega a su fin y comienza a desarrollarse el ejercicio de la democracia. En este tipo de transiciones, se ha dado lugar a que convivan, en los primeros momentos, elementos de ambos regímenes. Por ejemplo, pueden darse elecciones libres, por una parte y por otra conservarse los jueces designados por la dictadura.[1]
En Bolivia se habla recientemente de transición política al referirse al gobierno de transición, por medio de sustitución constitucional, después del derrocamiento del régimen clientelar de Evo Morales Ayma, por parte de la movilización social de resistencia democrática. En todo caso habría que preguntarse: ¿Transición a dónde? ¿De la forma de gubernamentalidad clientelar a qué forma de gubernamentalidad? ¿Otra vez neoliberal? ¿Otra vez neopopulista? Empero, no hay que olvidar que esta transición se da en el marco de la Constitución vigente, Constitución del Estado Plurinacional Comunitaria, por lo tanto, en el marco de lo que debería ser dicho Estado; realización no cumplida por el régimen clientelar de Evo Morales Ayma, pues lo que ha hecho es restaurar el Estado-nación, cambiarle de nombre, asumiendo como máscaras los símbolos oficiales, en forma de barniz, del Estado Plurinacional. Entonces, mientras tengamos como marco y referencia jurídico-política a la Constitución, el gobierno que salga de las elecciones también está obligado a cumplir con la Constitución. Sabemos que puede ocurrir, como en el gobierno neopopulista, mantener una conducta de simulación mientras se desacata a la Constitución. Sin embargo, mientras la Constitución sea el referente, lo que se devela es la inconstitucionalidad de los gobiernos, si esto vuelve a acaecer.
Entonces, ¿de qué clase de transición estamos hablando? ¿Una transición incierta? Por lo tanto, más que transición parece ser todavía, mientras no haya un cambio de situación, de condición, del estar y del ser, un puente cuyo final no vemos pues está atravesado por una niebla densa. Una transición incierta o una repetición de lo mismo en el circuito interminable del círculo vicioso del poder. En La revolución truncada dijimos que se culminó el ciclo de la forma de gubernamentalidad clientelar, concretamente el ciclo de las gestiones de gobierno de Evo Morales, que este ciclo viene marcado por simetrías opuestas; una de ellas es que el gobierno de Evo Morlales, producto de la victoria electoral, asciende montado en la movilización prolongada (2000-2005), y que su caída también viene marcado por otra movilización, la revolución pacífica boliviana, acompañada por la reacción violenta y desesperada de las masas afines, que todavía creen en el proceso de cambio, truncado, en pleno contexto subjetivo de desconcierto. El episodio trágico de Senkata, donde se encuentra la planta de de YPFB, aparece tanto cuando cae el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada, así como cuando cae el gobierno de Evo Morales, pero inmediatamente después, no antes, como en el caso anterior; esta vez para defender al caudillo derrocado y, después, para pedir la renuncia de la presidenta de la sustitución constitucional, derivando esta movilización en el acuerdo de pacificación entre las organizaciones sociales y el gobierno de transición. Hay otras simetrías opuestas, en la coyuntura álgida del derrocamiento del caudillo; empero, también interesa mostrar así mismo analogías repetitivas en la coyuntura de transición, sobre todo después de la postulación a la presidencia de Janine Añez. Tanto Evo Morales como Janine Añez no cumplen con su palabra, a pesar de decir que no se postularan, lo hacen. Los partidarios de ambos los empujan a una continuidad insalubre, a pesar de las promesas, que no se cumplen. Lo que se repiten son ciertas prácticas de poder, aquellas que tienen que ver con el reproducir disposiciones de poder a la sombra del caudillo, en un caso, a la sombra del nuevo referente presidenciable.
En esta perspectiva podemos señalar otras continuidades en el gobierno de transición; por ejemplo, lo más importante, la continuidad en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, modelo que también compartieron los gobiernos neoliberales, incluso los gobiernos anteriores, solo que con distintos discursos y estilos a los efectuados por el gobierno neopopulistas. Sumando a esta continuidad depredadora, podemos señalar la continuidad de las políticas ecocidas; el gobierno de Janine Añez no abroga el decreto ecocida del gobierno de Evo Morales, que avala la expansión demoledora de la frontera agrícola, incinerando bosques y arrasando ecosistemas. Así mismo, se ha notado, aunque en menor grado, nepotismos reiterados.
Volvemos a la pregunta de cómo funciona el poder, cómo funcionan las máquinas de poder.
¿Qué es el poder?
En ¿Qué es el poder y cómo funciona? escribimos:
Podemos partir de la siguiente premisa: el poder está íntimamente asociado a la ideología. Pues la ideología le permite auto-contemplarse; el poder es hedonista, está enamorado de sí mismo. La ideología es el espejo donde se ve; la ideología le dice que es la consagración de la historia. Empero, ahora, no nos ocupamos de esto, que fue tema de anteriores ensayos. Lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que es el poder a través de la experiencia y las contrastaciones. Por ejemplo, el poder, que recurre a la ideología para legitimarse, se representa de una determinada manera, a través de las narrativas estatales; sin embargo, en la experiencia nos muestra su desencarnado desenvolvimiento y se pueden observar las diferencias entre el discurso y las prácticas, entre la auto-representación del poder y las huellas que deja, las mallas institucionales que construye y consolida, los efectos masivos y sociales que ocasiona. Vemos, en pocas palabras, el funcionamiento del poder.
El Estado de Derecho supone que la Justicia, es decir, la administración de justicia funciona según la ley, de acuerdo con la Constitución; sin embargo, la experiencia destaca ampliamente los contrastes. La Constitución ni la ley son los referentes normativos de la práctica de justicia; esta práctica responde a los requerimientos de la dominación, que es la finalidad misma del funcionamiento del poder. Que se haya creído que la Justicia funciona como manda la ley y la Constitución o que, por lo menos, debería hacerlo, forma parte de la ideología. La ideología es como la retórica, busca convencer; la diferencia radica en que la retórica es el arte del convencimiento en el auditórium, donde hace gala de su elocuencia y su destreza; en cambio, la ideología pretende convencer por que se declara la narrativa de la verdad. No hay arte, sino una grosera pretensión de “ciencia”, sin contar con las condiciones de posibilidad para serlo.
Si hay administración de justicia en el Estado moderno es para cumplir con un requisito de legitimación de la república, que la res-publica garantiza el cumplimiento de los derechos constitucionales. Lo que le interesa al Estado, aunque no sea sujeto, hablemos metafóricamente, es la legitimación; por eso lo hace, por cumplir con la formalidad del caso. El problema es que el pueblo llega a creer que es así, que así debería funcionar la Justicia; por eso, demanda e interpela cuando no ocurre esto. Esta en su derecho, pues la Constitución expone esta composición ideal del Estado, por lo menos como ideal jurídico-político.
A pesar de la justeza de la demanda y de la interpelación popular, de su movilización contra las prácticas que vulneran los derechos constitucionalizados, el problema estriba en no comprender cómo funciona el poder. Para decirlo crudamente, a pesar de la exageración, pero lo diremos por motivos ilustrativos, el poder no funciona a través de los dispositivos jurídico-políticos, constituidos e instituidos por la Constitución, aunque la tengan como referente del discurso político; el poder funciona a través de los engranajes, desplazamientos, de fuerzas, que conforman máquinas de poder.
Para decirlo de una vez, esta incongruencia entre el funcionamiento del poder y el deber ser de la Constitución pasa en todas partes, en el mundo de la modernidad tardía. Es cierto, que acaece de distintas maneras, con distintos grados de diferencias y aproximaciones, de manera más sutil y solapada o, en contraste, de manera descarnada y desvergonzada. Sin embargo, cuando se quiere comprender el funcionamiento del poder es menester atender a sus prácticas, a sus maneras de ejercer las dominaciones, a las máquinas involucradas en su facticidad fatal. Ahora bien, si se quiere denunciar la incongruencia, ciertamente es importante no desentenderse del deber ser. Hay que dejar en claro lo que se quiere hacer. Como queremos entender los funcionamientos del poder, tendremos al deber ser como referente de lo que no se acata ni se cumple.
Ahora bien, el ejercicio de las dominaciones puede efectuarse de variadas maneras, desde el ejercerlo a través de procedimientos más próximos a la Constitución, administrando ilegalidades de manera sutil, hasta ejercerlo de manera descarnada y grotesca, evidenciando palmariamente la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, aunque se diga, por inercia o, mejor dicho, por cinismo, que lo que se está haciendo es precisamente cumplir con la Constitución. Lo que importa es entender que las tecnologías del poder de las máquinas del poder hacen funcionar a las máquinas por la preformación misma de estas tecnologías; no por los ideales expresados en la formación discursiva y enunciativa jurídico-política.
¿A dónde apuntamos, fuera de hacer puntualizaciones metodológicas y epistemológicas para abordar la comprensión y el entendimiento del funcionamiento del poder? Apuntamos también a que no es suficiente señalar las incongruencias del ejercicio político respecto a la Constitución y las leyes, para cambiar el estado de cosas, las situaciones problemáticas que aprisionan al pueblo, sino que es indispensable salir de la crítica jurídico-política, elaborada y pronunciada desde el deber ser, y apuntar al despliegue de las fuerzas sociales alterativas a deconstruir la ideología, a desmantelar y destruir las máquinas de poder, a diseminar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna.
En la historia política inmediata de Bolivia asistimos a lo que podemos llamar el descalabro del ejercicio del poder, del ejercicio de la política, del ejercicio de la ideología. Para decirlo de una manera esquemática, aunque ilustrativa, el ejercicio de poder requiere de cierta congruencia entre los planos de intensidad donde se desplaza, entre los campos sociales donde se mueve – político, económico, cultural -, entre las estructuras componentes del Estado, entre las interacciones entre Estado y sociedad. Cuando esta congruencia se pierde, aunque sea la mínima requerida, teniendo en cuenta los puntos críticos de lo apropiado, tanto para jugar a disfuncionamientos tolerables, así como a exigir moldes demasiado apretados, entonces se ingresa a una suerte de desmembramiento del Estado, por lo menos, en su estructura y malla institucional. Cuando pasa esto en los contextos del funcionamiento del poder se afecta a los engranajes mismos de las máquinas de poder; se averían y pueden colapsar.
Ya no se trata de la crisis múltiple del Estado-nación, de la que hablamos teóricamente, sino de la crisis técnica del funcionamiento mismo de las máquinas de poder, de las tecnologías de poder. Ciertamente, depende desde qué perspectiva se observa esta crisis técnica del poder; si se trata de una perspectiva crítica del poder e interpeladora de las dominaciones, puede hasta llegarse a tomar como una corroboración, en la práctica, de la crisis múltiple del Estado; si se trata de una perspectiva de la ciencia política, entonces la crisis técnica del Estado se interpreta como crisis institucional, como colapso del Estado de Derecho, es más, como derrumbe de la democracia, por cierto formal. Sin embargo, sin desentenderse de ambas perspectivas, que incluso pueden debatir, lo que importa, en el caso que nos compete, es el aprendizaje del funcionamiento del poder en coyunturas de crisis, es más, en la situación de crisis técnica del Estado.
¿Por qué se llega a una situación de crisis técnica del Estado? Dejamos claro que estamos lejos de la búsqueda de culpabilidades, como si la crisis múltiple del Estado-nación se debiera solo o preponderantemente al manejo personal de la casta política en el gobierno. No es el perfil personal de los gobernantes lo que explica el colapso estatal, aunque contribuya al deterioro de los funcionamientos de la maquinaria estatal. Estos perfiles personales son parte de la crisis, quizás, exagerando un poco, son la parte anecdótica de la crisis política; empero, no explican la crisis estructural del Estado. ¿Qué hace, en qué incide, la forma de gubernamentalidad clientelar, en el desenvolvimiento de la crisis del Estado? Para decirlo directamente, la forma de gubernamentalidad clientelar exacerba los usos patrimoniales del Estado, sobre todo exacerba el uso del Estado para cumplir fines ideológicos, todavía manteniéndonos en las características menos perversas del uso estatal. Ingresando a los usos no institucionales del Estado, la forma de gubernamentalidad clientelar hace uso del Estado como dador de prebendas. Entonces, ocurre como forzamiento extremo a la maquinaria estatal, ocasionando, para decirlo metafóricamente, calentamientos en el aparato maquínico.
Cualquier máquina si es forzada a ir más allá de sus capacidades, será empujada a un recalentamiento, con lo que se pone en peligro la propia maquinaria, pues el calentamiento anuncia el colapso de la máquina. Aunque se diga lo que se dice de manera metafórica, las analogías son válidas y útiles en la comparación que empleamos entre máquina estrictamente técnica y máquina social, política y económica. Puede que la máquina social tenga más chance, tenga un margen de maniobra más amplio, por sus características sociales; sin embargo, tampoco escapa a los efectos del calentamiento maquínico.
La ideología populista, para hablar de una manera general, claro que inadecuada, pues se salta las diferenciales y variedades, cree, por eso se siente segura, que la convocatoria popular basta para lograr las condiciones adecuadas de la continuidad del poder. Esto es un error de apreciación, de entrada, pues el poder no funciona por la convocatoria; la convocatoria sirve en el proceso de legitimación, no en el ejercicio del poder. La maquinaria de poder requiere de energía, requiere de fuerzas, que dinamicen el funcionamiento maquínico del poder. No se trata, entonces, de convocatoria, en el caso del despliegue de las fuerzas, sino de disponibilidad de fuerzas. La disponibilidad de fuerzas se da no solo por captura de fuerzas, como acontece con toda máquina de poder, sobre todo con las máquinas de guerra, sino por la subsunción de la energía de las fuerzas a los fines de la máquina estatal. Esto ocurre cuando se captura energía y se la conduce al movimiento mismo de la maquinaria. Se puede hablar, provisionalmente, de una ingeniería de la disponibilidad de las fuerzas sociales y del manejo de la energía social. La convocatoria, en el caso populista, la convocatoria del mito no dispone de fuerzas ni captura la energía para dinamizar la maquinaria estatal, sino que se estanca en el círculo vicioso de la ideología, que solo puede legitimar, pero no hace funcionar la maquinaria estatal.
Los ideólogos populistas, neopopulistas, del llamado “socialismo del siglo XXI”, no entienden la diferencia de legitimación y funcionamiento de la máquina del poder; es más confunden legitimación con ejercicio del poder. Por un lado, creen que basta la retórica ideológica para mantener la convocatoria; por otro lado, creen que el uso forzado de los aparatos de Estado ayuda a la legitimación, cuando, mas bien, se ocasiona lo contrario. La manera de ejercer el poder por la forma de gubernamentalidad clientelar es ineficiente, pues no lo ejerce, sino empuja la maquinaria al calentamiento. Al abocarse a la compulsión ideológica, que deriva en una exacerbación de la propaganda y publicidad, se estanca en la interacción retórica con la sociedad, dejando pendientes el mantenimiento adecuado de la maquinaria estatal.
Por esta razón, apresuran la crisis del Estado-nación por la vía de la exacerbación ideológica. Apresuran la crisis técnica del Estado por el uso forzado que conduce al calentamiento maquínico. Las formas de la crisis del Estado-nación por las prácticas de la forma de gubernamentalidad neoliberal son otras; aunque no es tema del ensayo, y remitiéndonos a ensayos anteriores, podemos adelantar que se trata de una obsesión “técnica” por el modelo del equilibrio económico lo que los arrastra a la crisis del Estado. Esta vez es la ortodoxia de un economicismo simplón, reducido al equilibrio de la oferta y la demanda, del equilibrio entre ingresos y egresos, de equilibrio entre las balanzas comerciales, del ideal del déficit cero, lo que lleva al colapso del Estado[2].
Transición incierta y el círculo vicioso del poder
La coyuntura de la transición electoral muestra una continuidad de la crisis constitucional, institucional y del fraude electoral, de la coyuntura anterior. La continuidad consiste en la persistencia de la crisis política, signada, sobre todo, en la crisis estructural de los partidos políticos. Los operadores políticos están muy lejos de siquiera aproximarse a los desenvolvimientos de la potencia social, desplegada durante el conflicto de la revolución pacífica boliviana y la reacción social, que se sucedió en pleno desconcierto, de los sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS).
El gobierno de Janine Añez ha dejado de ser “gobierno de transición” para convertirse en un gobierno de la continuidad inconstitucional. Cómo el anterior gobierno, pisotea la Constitución. El pueblo, el soberano, tiene la responsabilidad de defender la Constitución. La presidenta de “transición” se ha dejado manejar por una fraternidad de machos. La fraternidad masculina conservadora, beneficiada por el gobierno del Caudillo déspota. El círculo vicioso del poder continúa la reproducción de la casta política, domina al pueblo por la simulación. El delito constitucional múltiple es no cumplir con la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, con el Sistema de Gobierno de la Democracia Participativa, Directa, Comunitaria y Autonómica. Postularse en una coyuntura álgida de transición. Se repiten no solo continuidades perversas del poder, a pesar de las diferencias ideológicas; lo sorprendente, hasta las mismas frases y hasta los mismos horarios, ritmos de la demagogia. Podemos hablar de la eterna “traición” al pueblo por la casta política. El “gobierno de transición” ha destruido la legitimidad de la convocatoria a elecciones, ha vuelto a la perversa manía de la demagogia y la extorsión discursiva al pueblo. Queda anulada la legitimidad de la convocatoria. El pueblo tiene la responsabilidad de garantizar la convocatoria. En consecuencia, todo el “gobierno de transición” debe renunciar por delito inconstitucional y por haber faltado la palabra al pueblo. Deja de ser de transición para convertirse en un dispositivo del círculo vicioso del poder. El pueblo tiene la responsabilidad de garantizar la realización electoral. Así mismo, la constitución exige la nacionalización de los hidrocarburos, después de la desnacionalización efectuada por Evo Morales con los Contratos de Operaciones. Si no se hace esto el “gobierno de transición” también es inconstitucional. Teóricamente el pueblo tiene derecho a la subversión.
Abundan los ejemplos de las sintonías entre el “gobierno de transición” y el anterior gobierno clientelar; por ejemplo, la campaña contra la línea de aviación estatal, BOA, en beneficio de la línea de aviación privada, Amazonas. Se ha ido el gobierno clientelar y corrupto, pero ha vuelto una burguesía intermediaria, que medra a costa del Estado, con el mal gobierno llamado equivocadamente de “transición”, que es de continuidad inconstitucional. Otra continuidad entre el “gobierno de transición” y el gobierno clientelar anterior es el dominio de la burguesía agroindustrial, otro jinete del Apocalipsis, además del dominio de las trasnacionales extractivistas, conocidas como jinetes de la muerte planetaria.
Teniendo en cuenta este panorama reciente de la coyuntura de la transición electoral, podemos decir que el peso de las secuencias de hechos, de los decursos, contiene más de la repetición de las prácticas de poder que la incorporación de nuevas prácticas o, por lo menos, de otros estilos matizados. Desde esta perspectiva, la “transición” aparece más como continuidad soterrada de lo que acontecía bajo el régimen clientelar. Otro ejemplo de los parecidos o, si se quiere, entre el “gobierno de transición” y el “gobierno progresista” es la repetición de los escándalos. En el periódico Página Siete aparece la noticia del escándalo de venta de cargos en el Ministerio de Minería, que enloda al ministro Carlos Huallpa, a pesar de que en la Dirección de Asesoría Jurídica negaron que la autoridad de esa cartera esté involucrada en los negociados de su exasesor. En el ministerio aseguraron que la autoridad es quien interpuso la querella en contra de su exasesor Juan de Dios F., quien en la actualidad tiene detención domiciliaria, después de ser aprehendido por los delitos de uso indebido de influencias. El director de Asesoría Jurídica de Minería, Wilson Beltrán dijo que: “Sobre las denuncias, entre comillas, de funcionarios del ministerio, no tenemos conocimiento de ninguna de manera oficial y a la unidad jurídica menos llegaron éstas de manera verbal o escrita. Sobre el tema de que el ministro (Huallpa) estaría involucrado, por el contrario, él es el denunciante, por lo que se descarta que sea así”. Destacó que el ministro, como jefe de cartera, dentro de la imputación figura como denunciante y en la práctica él es quien firmó el memorándum de destitución del exfuncionario Juan de Dios F. y fue quien presentó la denuncia de los negociados. El exfuncionario trabajó desde diciembre en el Ministerio de Minería, pero en la página web de la Contraloría se verificó que el sospechoso presentó su declaración jurada el 20 de noviembre del año pasado[3].
Siguiendo con las analogías, el gobierno de Jeanine Añez Chávez también obedece a las trasnacionales extractivistas. La destitución de Zuleta fue impuesta a pedido de una empresa alemana que se beneficia de un contrato oneroso, del gobierno de Evo, que le regala el litio por cuarto de siglo. Se luchó y derrocó al Caudillo déspota por ser agente de las trasnacionales extractivistas y pirómano del Chaco y la Amazonia, ecocida y democracida. El gobierno de Jeanine Añez continúa por el mismo camino, el círculo vicioso del poder.
¿Qué es la política?
¿Qué es la política? Esta pregunta, ya no hecha desde la teoría, tampoco desde la filosofía política, sino desde la descripción empírica de los hechos, desde la descripción de lo que hacen los políticos. ¿Qué hace la casta política? Dejemos a un lado los escándalos, en los que cae, una y otra vez, la casta política, también dejemos, por un momento, sus incongruencias y sus inconsistencias. Partamos de la siguiente pregunta: ¿Por qué es tan incongruente la clase política? Lo incongruente es lo que no conjuga, lo que no es, por así decirlo, lógico. Hasta podemos decir, lo incompatible. Entonces, ¿por qué la casta política actúa de esa manera, de una manera incongruente?
En primer lugar, podemos sugerir, porque no lo interesa la congruencia; esta no entra en sus planes, no es su objetivo cumplirla, aunque, en todo caso, busque, algunas veces, guardar las apariencias. ¿Cuál es el objetivo de la clase política? También, antes, dijimos que se trata de la reproducción del poder, así como de la reproducción misma de la casta política; en pocas palabras, de satisfacer el oscuro objeto del deseo, el poder. Pero, fuera de estas finalidades inherentes de parte de la casta política, ¿por qué la incongruencia no obstaculiza su reproducción política y la reproducción del poder? ¿Acaso por qué el poder mismo no es congruente? Otra vez, ¿por qué el poder mismo no sería congruente?
Volviendo atrás, cuando comenzamos a lanzar las tesis genealógicas del poder. El poder es relación de fuerzas, si se quiere, se puede configurar campos de correlaciones de fuerzas, donde se supone la siguiente dinámica: fuerzas que afectan respecto a fuerzas afectadas, fuerzas activas respecto a fuerzas pasivas. Más allá de este enunciado nietzscheano y foucaultiano o, mas bien, retomando sus consecuencias, otro enunciado derivado: se trata del despliegue de fuerzas separadas de lo que pueden, fuerzas separadas de su potencia. Entonces, visto de esta manera, el poder es des-potenciamiento, por más paradójico que parezca decirlo. En otras palabras, la paradoja sería la siguiente: Cuando se consigue, supuestamente, el poder, es cuando, precisamente se pierde la potencia. La potencia social, creativa e inventiva, se pierde cuando el poder se realiza y manifiesta, en su espectacular esplendor. El poder vendría a ser el vaciamiento de la potencia social.
Notas
[1] Ver Definición de Transición: https://definicion.de/transicion/.
[2] Ver ¿Qué es el poder y cómo funciona?
https://pradaraul.wordpress.com/2018/09/19/que-es-el-poder-y-como-funciona/.
[3] Leer Escándalo de venta de cargos enloda al Ministerio de Minería. https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/29/escandalo-de-venta-de-cargos-enloda-al-ministerio-de-mineria-244884.html.