Los golpistas reconocen que realizan persecución política

Que el gobierno golpista de la autoproclamada Añez realiza persecución política no es una novedad. Ya muchos lo han denunciado de manera muy contundente y convincente. Lo novedoso en la semana que ha transcurrido es el reconocimiento implícito de parte de los golpistas que ciertamente están realizando esa persecución. No de otra manera puede interpretarse el anuncio de parte de la misma usurpadora que se va a «investigar» a 592 ex autoridades del gobierno de Evo Morales. No existen denuncias contra las 592 ex autoridades, lo que quiere decir que la mencionada «investigación» se la realizará de oficio y en franco y abierto desconocimiento del principio constitucional y básico de presunción de inocencia. Ahí, justamente en ese punto está la prueba de la persecución política: el iniciar una investigación, sin que haya una denuncia, es decir, presumiendo que las mencionadas ex autoridades hubieran podido cometer delitos. ¿Qué es ,o que tienen en común estas 592 personas?, el haber sido autoridades del anterior gobierno, por lo tanto ese es el motivo que impulsa la «investigación», y como no hay denuncias sobre todos ellos, de lo que se trata es de buscarles presuntos ilícitos. Ahora bien, ¿qué más se necesita para determinar que aquí hay una persecución política? Absolutamente, nada más, está clarísimo. Por otro lado, tratándose de 592 personas, no es un caso aislado, sino más bien es la regla.

Este hecho por sí sólo, significa ya el reconocimiento implícito de la persecución política, los demás aspectos son agravantes. Pero no se trata de agravantes menores. La autoproclamada no se ha ruborizado al afirmar que la «investigación» se extenderá a  los familiares de las ex autoridades. Tampoco hay denuncias contra todos ellos, por lo que se va a presumir que hubieran podido cometer ilícitos y por lo tanto se los «investigará», vale decir, buscarles presuntos ilícitos. De este modo, la cantidad de personas investigadas se multiplicará por 4 si se trata de familiares cercanos o 10 o 15 si se trata de familiares un poco más lejanos, contando a hermanos, primos, sobrinos, etc. Dado que la cantidad de personas a ser «investigadas», puede alcanzar fácilmente a 3, 4 o 5 mil personas, los recursos que se utilizarán serán ingentes y consiguientemente, el gobierno -que se autodenomina provisional- estará usando recursos significativos para buscar ilícitos allá donde no hay denuncias, sólo por el hecho de que los investigados tienen algo en común: haber sido autoridades del anterior gobierno o familiar de uno de ellos.

Por si todo esto fuera poco, la denominada ministra de comunicación de este gobierno de facto ha contribuido con su granito de arena al reconocimiento implícito de la persecución política en la que se ha embarcado este gobierno. Siendo periodista, era de esperar que por lo menos se sonrojara, al señalar que «la libertad de expresión tiene límites». El contexto en el que lo ha dicho es el de una coyuntura en el que la oposición acusa al gobierno de ser golpista, fascista y racista y el gobierno anda advirtiendo que no permitirá la sedición y el terrorismo. En ese contexto, la declaración en torno a que la libertad de expresión tiene límites no puede ser sino una advertencia a quienes dirijan su crítica al gobierno y por lo tanto, parte es fundamental de la persecución política.

La consecuencia general de todo esto es que las pretensiones de presentarse como un gobierno democrático caen por las mismas palabras de los golpistas, ya que ningún gobierno que se precie de ser democrático podrá realizar persecución política. También implica que los defensores de los golpistas quedan en off side.