Reacción tardía y negligente; informe a la CIDH
UNITAS desmiente a Evo: los incendios son por desmontes, más que por cambio climático
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En el conversatorio con periodistas “Políticas de Tierra y Medioambiente”, el responsable de Defensa de Derechos Humanos de UNITAS, Daniel Espinoza, y el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Enrique Ormachea, informaron sobre la situación de la política agraria en Bolivia y los incendios en la Chiquitanía, además de la acción realizada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Espinoza explicó que el informe principalmente consta de cuatro puntos, que reflejan la situación que se generó a partir de la deforestación de quema controlada en el oriente boliviano, según el reporte del portal Urgentebo sobre la conferencia de prensa de UNITAS, una de las principales organizaciones de la sociedad civil boliviana.
El primero desmiente el argumento de autoridades del Gobierno central, quienes afirman que los incendios incrementaron debido al cambio climático.
«La tendencia al incremento de quemas forestales de los últimos años referiere que estos desastres también son provocados por los chaqueos en la zona», señala, par añadir que «a solicitud de sectores empresariales se busca ampliar la frontera agrícola, con el fin de potenciar la seguridad alimentaria, la producción de etanol y biodiesel y la exportación de carne de res».
El tercer punto consignado por Urgentebo, es que el Gobierno nacional emitió diferentes normativas (el Decreto Supremo 3973 y la Ley 741) que autorizan la quema controlada, además se eximió a las personas que estaban sancionadas por el delito de quema ilegal y las sanciones por hectárea quemada son mínimas. Esto hace que no existe una limitación real a la quema controlada.
El cuarto punto refiere que se ha vulnerado, esencialmente, el derecho al medioambiente y a las obligaciones incumplidas por parte del Estado se las señala al no controlar de manera eficiente las quemas forestales, esperándose que “la Relatoría considere las vulneraciones que se están observando en Bolivia y que se pronuncie al respecto. También que solicite los informes respectivos al Estado para que hagan su descargo de qué es lo que está pasando en Bolivia”.
Espinoza explicó, de acuerdo con el boletín de UNITAS, que la solicitud ante la CIDH responde a los pueblos indígenas afectados por los incendios: Chiquitanos, Ayoreos, Guarayos, Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona. Resaltó que algunos pueblos se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad frente a los incendios debido a sus reducidas poblaciones o situación de aislamiento voluntario, como el caso de los Ayoreos del Ñembi Guasu, una de las áreas más afectadas por el fuego.
“Se ha informado a la CIDH respecto a la normativa, las políticas públicas y el accionar del Estado boliviano con relación a esta crisis ambiental, ésta última se evidenció cómo las autoridades del Estado reaccionaron de manera inadecuada, primeramente al responder de manera tardía y por otro lado al no declarar zona de desastre nacional, impidiendo así la asistencia internacional en toda su capacidad”.
Con relación a lo informado a la Relatoría de la CIDH, precisó que también se abordó lo referido a las obligaciones del Estado y derechos vulnerados. “Estos son fácilmente identificables: vivienda, trabajo, educación, salud y medioambiente, en los que el Estado tiene la obligación de respetar y de garantizar, o sea procurar la realización de estos derechos. La tardía respuesta del Estado ante los incendios y no declarar zona de desastre, es un acto de negligencia con relación a las obligaciones contraídas ante el sistema interamericano de defensa de derechos humanos”, aseveró.
Por su lado, Ormachea hizo un análisis de la situación de la política agraria en Bolivia y mencionó que el gobierno está “desesperado” en el desarrollo agropecuario basado en la ampliación de la frontera agrícola, debido a problemas como el fin de los precios altos de las materias primas, el bajo nivel de exportación del gas, del zinc, de la plata y de productos agropecuarios, y la presión tributaria que “está llegando al límite”, señala el boletin de la organización no gubernamental.
“Esto hace un escenario de bajos ingresos y es esto lo que impulsa al Gobierno a plantearse como estrategia para la generación de ingresos el tema del desarrollo agropecuario, pero basado en la ampliación de la frontera agrícola”, lamentó.
Mencionó que este es el Gobierno que más leyes y decretos ha aprobado a favor de campesinos, pero “ninguno de ellos se ha convertido en programas de desarrollo para estos sectores”.
RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS
Decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) a nivel nacional llevaron adelante su Rendición Público de Cuentas con la finalidad de promover una cultura de transparencia como práctica esencial para lograr la legitimidad, sostenibilidad, efectividad y protección del trabajo que realizan.
La iniciativa se enmarca en la “Semana Global de la Rendición de Cuentas”, que cumplen cientos de organizaciones, instituciones y redes a nivel mundial para transparentar sus actividades. Bolivia no es ajena a este movimiento mundial y desde la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y sus 22 instituciones asociadas se emprendieron hoy eventos donde, por ejemplo, se detallaron los presupuestos ejecutados, la cantidad de proyectos realizados, el total de personas beneficiadas, entre otras cifras de sus actividades.
En el caso particular de UNITAS y sus asociadas, la directora de esta institución, Susana Eróstegui, informó que en 2018 se ejecutaron 153.216.235 bolivianos en 151 planes, programas y proyectos realizados en todo el país y que tuvieron a un total de 426.092 personas beneficiadas de manera directa y 3.673.305 personas beneficiadas indirectamente.
VER
https://redunitas.org/detallan-informe-sobre-la-chiquitania-presentado-ante-la-cidh-en-rendicion-de-cuentas-de-las-ong-en-bolivia/
https://urgente.bo/noticia/unitas-presenta-informe-la-cidh-sobre-los-incendios-forestales