Médicos hacia un mercado negro

La problemática de la salud en Bolivia es un tema complejo que debe analizarse desde diversos lentes para no caer en la miopía de una solución corta: el gobierno que intenta incorporar sanciones para malas praxis médicas, a la vez de imponer aranceles máximos en los servicios de salud.

En primer lugar, en Economía existe un término llamado externalidad negativa, cuando el accionar de un individuo (ej. Dr. Timoteo) daña o perjudica al bienestar de otro individuo (ej. a Carlos Calucha). El primer elemento a considerar es rol del Estado en controlar las diversas externalidades que puedan afectar a una sociedad (en alusión a las negligencias médicas).

En segundo lugar, una imposición de nuevas normativas con castigos severos para supuestos médicos “negligentes”: involucraría mayor especialización, regulación y costos de calidad o de supervisión; desde luego, estos cambios institucionales impondrían costos de transacción que afectarían a diversos sectores de la economía: especialmente para el presupuesto familiar. En tal sentido, existiría mayor riesgo de ejercer la profesión médica; por tanto, se incrementaría el precio del servicio privado en la salud (los aranceles subirían), ya sea vía la oferta en salud o mediante los costos implícitos del servicio.

En tercer lugar, frente a una expectativa de incrementos en los precios de los servicios médicos, el gobierno prevé una imposición en la fijación aranceles máximos para las atenciones médicas (por distintas líneas de especialidades).

Esta fijación de aranceles médicos generaría el desincentivo para especializarse en la ciencia médica o de forma alternativa, se crearía una especie de mercado negro en la atención médica especializada, como una especie de economía subterránea (mercado paralelo) con la venta clandestina e ilegal de servicios, violando la fijación de precios  impuesta por el gobierno.

En consecuencia, el gobierno se enfrenta a una disyuntiva entre disminuir los perjuicios ocasionados por las malas prácticas médicas, o la imposición de costos de transacción a la sociedad, que distorsionaría la atención en los servicios médicos (tanto en cantidad, como en precio).

En la medida que las familias destinen mayor parte de su ingreso para adquirir servicios médicos, dejan de comprar otros bienes y su bienestar disminuiría. Todo intento por parte del gobierno por fijar precios máximos en el sector salud; en realidad, traería consecuencias peores que las intenciones iniciales.

Para finalizar, se puede presentar una analogía del problema de la salud con la mejora en la seguridad de los servicios de taxis; supongamos que desde hoy, todos los carros serían blindados con el propósito de ofrecer mayor protección al pasajero.

Posiblemente, la intención en la regulación sea buena; sin embargo, se afectaría al precio del pasaje final del servicio de taxi: si un pasajero pagaba antes Bs. 15 por un tramo, con la nueva medida de seguridad tendría que pagar Bs. 30 por ejemplo.

La idea básica es otorgar la libertad a cada ciudadano para que valore y sea libre de elegir el nivel de seguridad que quiera tomar, y no así, la fijación de un precio sin la posibilidad de retorno. En suma, los cambios normativos podrían incidir en los aranceles de salud, e inclusive hasta en una especie de mercado negro, si el gobierno intentará controlar los precios.