Asamblea de las Nacionalidades, madre de la ASP, el IP, la Constituyente y el nuevo Estado

Rolando Carvajal / Cambio

Tres años antes de recordar en 1992 el V Centenario  de la irrupción hispana en la vida de los pueblos andinos, líderes campesinos y grupos progresistas debatieron sobre las  “nacionalidades”.

Corría el año 1989 y las reflexiones fueron particularmente intensas en torno a la convocatoria a una ‘Asamblea de Nacionalidades’ como base del futuro país que, transcurridos largos lustros triunfaría en 2005 a la cabeza de un liderazgo indígena e impondría su hegemonía en la Constituyente del 2006, la posterior aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2007 (vigente desde 2009) y nuevos triunfos electorales en 2009, 2014 y posiblemente en 2019.

El término Asamblea de Nacionalidades, que al pasar los años se convirtió en madre de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos de 1995, el Instrumento Político de ésta (IPSP, desde 1996), y luego la mayor antecesora de los cambios que han estremecido al país en las últimas cuatro décadas, había sido acuñado en 1988, en un cónclave que la dirigencia campesina efectuó en Potosí.

“Las pautas de esta reinterpretación histórica y cultural se encuentran en los documentos del II Congreso extraordinario de la CSUTCB”, recuerda la historiadora María Evgenia Bridikhina en una reciente publicación del Instituto de Estudios Bolivianos: El 12 de octubre revisado y revisitado. (1987)

«Cuando hablamos de comunidades queremos decir, comunidades aymaras, quechuas, etc. Hablamos entonces, de la unidad en las comunidades Aymara, Quechua, Guaranis, etc. Hablamos también de una estructura sindical que luche por la recuperación de estas nuestras nacionalidades”, dice uno de los dos análisis incluidos entre un legajo de casi 500 páginas.

En las deliberaciones de la Comisión Política, en el momento de la votación, uno de los dos análisis fue elegido por mayoría de votos de los delegados y fue el presentado por el Movimiento Campesino de Bases (MCB) y por las Organizaciones Populares de Base (OPB), refirió José Enrique Pinelo en 1989.

Fue cuando se publicaron los papeles del encuentro y los testimonios del debate en el que participaron entre otros dirigentes y voceros campesinos Juan de la Cruz Willka,  David Choquehuanca,  Angel Pillco, Sabina Choqueticlla (Ayllus Rojos)y Donato Ayma.

Xavier Albó, Mercedes Urriolagoitia y Ricardo Calla  figuran entre 83 dirigentes e intelectuales que debatieron los resultados de ese trascendental  congreso y sus decisiones, sobre todo la referida a una estructura sindical que “luche por la recuperación de estas nuestras nacionalidades”, según el análisis aprobado entonces.

“Significa –enfatizaba éste– el primer paso en la lucha por la recuperación de nuestro Estado, por la recuperación de nuestras tierras, por la recuperación de nuestro territorio. Es el primer paso en la forja y recuperación de nuestra identidad nacional”.

Por encargo del MCB y las OPB, se supo después, había redactado el documento Pinelo y lo habían suscrito Pillco (CSUTCB), Diego Ramírez (MCB), Eusebio Encinas (MCB), además de Choquehuanca (LP).

Fue también el primero en destacar otro concepto excepcional para la vida del país en el siglo XXI: proceso de cambio, que destaca en la página 93 del texto CSUTCB: debate sobre documentos políticos y asamblea de nacionalidades, Cedla, 1989.

¿Cual es nuestro objetivo? Se preguntaba la dirigencia de entonces, respondiendo: “El sistema de dominacion colonial capitalista nos impuso sus propias autoridades y su estructura jurídica. El cambio definitivo de esta situación vendrá cuando triunfe nuestra revolución. Pero ahora debemos ir sentando las bases del cambio que pronto llegará”.

“Nuestra lucha no es por volver al pasado, negando el desarrollo actual –enfatizaba– Pero, sí es por recuperar el lugar que corresponde a nuestras nacionalidades. Recuperar y forjar el papel de nuestro propio sistema de autoridades y leyes es una tarea nueva, pero profundamente ligada nuestra historia”.

Pese al esbozo de perspectivas populares progresistas en el largo plazo, el panorama no parecía ser más sombrío tras el arranque de los 20 años de políticas neoliberales que comenzaron con el ex presidente Víctor Paz Estenssoro y se profundizaron después de 1990 con Jaime Paz, Goni Sánchez y Hugo Banzer y sus partidarios y los de otras fuerzas todos unidos desde 2002.

Las premisas claras del momento eran, primero, que “lo único que queda en pie es la CSUTCB”, disminuidas como estaban la Central Obrera y la Federación de Mineros, mientras algunos grupos se aprestaban a tomar las armas (FAL-Zárate Willka, ELN-CNPZ, EGTK o se habían anticipado con atentados).  Segundo, no había otra que el proceso de cambio, refieren algunos protagonistas casi 30 años después.

“Nuestra crisis es tan profunda que ha llegado el momento de desaparecer. Y esta frase que parece tan absoluta es fruto de una realidad concreta: todos estamos en crisis, nuestros mecanismos de interpelacion política (partidos) están en crisis, nuestros mecanismos de interpelación económica reivindicativa (sindicatos) también están en crisis. Nuestras tácticas de acumulación política fracasaron”, concluía también el documento al delegar la organización de la Asamblea de Nacionalidades a la CSUTCB.

Luego se vería de que se autoconvocase por sí misma para los siguientes encuentros.

Algunos de los protagonistas del debate recuerdan, que se insistió en incluir la categoría “mestizos” no como simples amigos o simpatizantes de la dirigencia campesina sino porque formaban parte de la historia nacional.

“Ya no podemos seguir enfrentándonos. A la ruptura epistemológica planteada líneas arriba, tenemos que sumar un tema muy concreto: las banderas de lucha de los Tupak (Katari) o de los Zarate (Willka), no son solo propiedad de dirigentes políticos de origen aymara, quechua o guarani. Son propiedad de la historia de las luchas del pueblo boliviano”, concluía también el documento.

EL MANIFIESTO DE 1973

Sin embargo, todo se remontaba a 1973, con la difusión en quechua, aymara y español del Manifiesto de Tiwanaku, considerado por el historiador Esteban Ticona la primera plataforma de ‘nación y clase’ de los pueblos indígenas andinos, porque subraya que la opresión del indígena no sólo es económica, política o jurídica sino que se funda en raíces culturales e ideológicas de carácter post colonial.

“Esta perspectiva permitió superar tanto la posición clasista (que prevalecía en los sindicatos campesinos y en los partidos de izquierda) como el fundamentalismo de algunos grupos indianistas. Se daba así una doble lectura de la problemática indígena andina boliviana, en la que se combinaban los elementos identitarios y de clase social”.

Posteriormente, la marcha indígena de la amazonia, del oriente y del chaco, ‘Por el Territorio y la Dignidad’, comenzaría a conmover al país desde 1990, al influjo de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia-Cidob, particularmente por la relación entre tierra y territorio que se fortalecería con declaraciones mundiales y la constitución del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu-Conamaq  (Crónica tomada de Cambio,  jueves 12 octubre 2017, permitiéndose  Bolpress enmendar las erratas de la versión impresa)