Gonzalo Sánchez de Lozada y exministros sentenciados en el caso Petrocontratos
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El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de prisión por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso Petrocontratos. Tres de sus exministros también recibieron penas de cinco años de cárcel.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió este lunes la sentencia del caso Petrocontratos, declarando culpables al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a los exministros Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga.
Sánchez de Lozada fue condenado a seis años y tres meses de prisión, mientras que sus excolaboradores recibieron sentencias de cinco años. Las penas deberán cumplirse en la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, aunque el cómputo de las mismas se iniciará una vez se ejecuten los mandamientos de condena.
Además, los sentenciados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por un periodo de cinco años y deberán asumir los costos procesales. Sin embargo, todos los acusados fueron juzgados en rebeldía, ya que residen fuera de Bolivia. Sánchez de Lozada permanece en Estados Unidos desde 2003 tras su renuncia a la presidencia durante la crisis conocida como la «guerra del gas».
El caso Petrocontratos, abierto en 2005, investigó la firma de 107 contratos petroleros de riesgo compartido con empresas transnacionales entre 1997 y 2002. Según la acusación, estos acuerdos fueron realizados sin la aprobación del Congreso Nacional, como exigía la Constitución vigente en ese periodo.
La Fiscalía argumentó que esta omisión favoreció a intereses privados en detrimento del Estado boliviano. Los contratos permitieron la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, ignorando el marco normativo de la época.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga, inicialmente implicado en el caso, fue excluido del proceso debido a una amnistía otorgada por Evo Morales en 2018.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, y la Procuraduría General del Estado destacaron la sentencia como un paso importante hacia la justicia. «Se ha demostrado contundentemente la responsabilidad de los acusados en este proceso», afirmó César Siles, ministro de Justicia.
Esta sentencia marca un precedente en los juicios de responsabilidades contra exmandatarios en Bolivia. Sin embargo, el cumplimiento de las penas enfrenta desafíos, dado que los condenados se encuentran fuera del país.