Prórroga
Tribunal Constitucional frena el tratamiento del proyecto de ley para la elección de magistrados
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La tarde de este miércoles, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió el auto constitucional 034/2024 que instruye a la Asamblea Legislativa frenar el tratamiento del proyecto de ley 144. Además, se ordena el acatamiento de la sentencia constitucional 049/2023.
La resolución atiende al pedido de una medida cautelar presentada por el magistrado prorrogado Marco Ernesto Jaimes Molina, elegido presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Jaimes había pedido «que se ordene a la Asamblea Legislativa Plurinacional que se abstenga de tratar el proyecto de ley 144/2022-2023, sin adecuar o eliminar las disposiciones observadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional por medio de la DPC 0049/2023 del 11 de diciembre”.
La resolución establece «“ha lugar a la solicitud de medida cautelar impetrada por Marco Ernesto Jaimes, presidente del TSJ, disponiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional, con carácter previo a reasumir el tratamiento del proyecto de ley 144/2022-2023 (…) Debe acatar la Declaración Constitucional 049, quedando vigente esta disposición hasta que la Sala Plena del TCP, resuelva la queja por incumplimiento formulada por el nombrado, el 24 de enero de 2024”.
La resolución fue conocida en el día en el que la comisión bicameral multipartidaria de la Asamblea Legislativa se reunió para abordar el tema, aunque sin lograr ningún acuerdo.
Al ser declarado un cuarto intermedio en la sesión, los representantes del ala “evista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, expresaron su rechazo a la medida cautelar del TCP que ordena que se acate la prórroga, antes de tratar la ley 144 para convocar a las elecciones judiciales.
El líder político de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, denunció que los vocales y magistrados del TCP «sobrepasaron los límites de legalidad, ética y racionalidad» al emitir este nuevo fallo constitucional. Mesa destacó que se exige a los legisladores de la Asamblea Legislativa acatar la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial antes de abordar la ley de convocatoria a elecciones judiciales.
Según Mesa, los magistrados judiciales buscan mantenerse en sus cargos «violando la Constitución y las Leyes». Asegura que este mecanismo busca silenciar las decisiones que se tomen en la Asamblea Legislativa respecto a las elecciones judiciales.
A su turno el diputado disidente de CC, Marcelo Pedrazas, calificó la sentencia constitucional como un «golpe a la institucionalidad de la Asamblea». Argumentó que al condicionar el proceso de preselección a la declaración «inconstitucional» de la prórroga de magistrados, se está limitando la autonomía de la Asamblea en la toma de decisiones.
Este auto constitucional generó un intenso debate sobre la separación de poderes y la independencia del sistema judicial. Diversos sectores políticos y jurídicos expresaron su preocupación por la posible interferencia del Poder Judicial en las decisiones legislativas.
Los dirigentes de CC anunciaron que impugnarán el auto constitucional y buscarán el respaldo de otras fuerzas políticas para defender la autonomía de la Asamblea Legislativa y garantizar el cumplimiento de los procesos democráticos establecidos en la Constitución.
A su turno, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, del ala «evista» del MAS, dijo a ERBOL que la medida cautelar emitida por el TCP es una “muestra clara” que ellos reconocen que están “de manera ilegal” cumpliendo funciones.