Violadores y feminicidas

Sentenciados, pero libres: una injusticia muy común

Drina Ergueta

(Textura Violeta) El caso del violador y asesino en serie recientemente capturado y también el de los violadores de una mujer, que acabó en silla de ruedas, son algunos de los ejemplos en que luego de recibir sentencia los delincuentes son en los hechos liberados, gozando de detención domiciliaria sin custodio.

Imágenes de Richard Choque en redes sociales y protestas por no haber cumplido condena.

Para el sentido común, resulta inexplicable que Richard Choque Flores, estando en el penal de Chonchocoro por la violación y asesinato de la universitaria Blanca Rubí Limachi en 2013, haya sido liberado dando pie a que repita sus actos contra al menos otras 77 víctimas registradas a quienes violó y dos que asesinó, según informaron las autoridades policiales y el propio ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

A Limachi, Choque la captó por las redes sociales haciéndose pasar por una mujer, la raptó, violó, exigió a sus familiares un pago por su rescate y finalmente la mató enterrándola en su domicilio. Estando posteriormente libre, luego de su paso por Chonchocoro, volvió a repetir exactamente el mismo proceder delictivo con otras dos víctimas: Lucy de 17 años e Iris de 15, raptadas en mayo y en agosto de 2021 respectivamente.

En febrero de 2021, en el Beni, Willman Córdova Aulo y Fermín Aulo Leite aprovecharon el viaje de su vecino Domingo Aguilar para violar reiteradamente a la esposa de éste provocándole daños en la columna vertebral, por lo que ella quedó parapléjica.

Luego de un proceso judicial muy difícil, donde tuvo que declarar el hijo de la pareja, de tan solo 5 años, los violadores fueron detenidos y sentenciados en primera instancia; sin embargo, pasaron a tener detención domiciliaria sin custodio mientras no haya una sentencia firme, en un proceso que no avanza, según Aguilar que hizo público el caso para pedir ayuda.

Otro caso muy mediático es el de William Kushner que fue sentenciado por el feminicidio de Andrea Aramayo. Luego de pasar cuatro años en prisión, mientras duró el juicio, salió con detención domiciliaria sin custodio hasta que se ejecute su sentencia por feminicidio, en un proceso que tampoco avanza.

La ley boliviana establece 30 años de prisión sin derecho a indulto en los casos de feminicidio, que corresponde a estos ejemplos de asesinatos de mujeres. Por violación, los sentenciados deberían pagar 20 años de cárcel.

En estos días, el caso del violador en serie, que fue presentado como “psicópata sexual” por las autoridades, ha generado gran enfado en la población ya que luego de haber sido liberado cometió decenas de violaciones y dos asesinatos más, además que sospechan que sea autor de un caso de desaparición aún no esclarecido. Gente del vecindario quemó parte de la casa en la que Quispe enterraba los cuerpos y donde, además, vivía junto familiares.

La impunidad con que pudo realizar una vida normal, tanto Quispe como otros sentenciados, es particularmente dolorosa para las familias que no logran encontrar justicia para las víctimas, mucho menos resarcimiento alguno, en tanto esperan que haya una sentencia firme y finalmente vuelvan a ser encarcelados.

Bolivia es uno de los países con índices de feminicidios más altos en Latinoamérica, registrándose oficialmente uno cada tres días. Se han registrado cerca de 3.000 violaciones anuales en los últimos años, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario.

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