Participación del Estado y mayor dinamismo de la inversión para el 2022

La participación del Estado en la economía es muy importante, ya que de esta instancia depende el éxito del desempeño económico de un país, donde el mercado, el sector privado y público participan juntos bajo normas de regulación y con mecanismos de asignación y distribución de los recursos con los que cuenta la sociedad. Por tanto, el desarrollo económico no solo depende de las transacciones económicas realizadas en el mercado por el sector privado, sino también de los bienes y servicios, de las leyes y normas, de la salud y educación, del bienestar social, de la infraestructura, entre otros que son proporcionadas por el Estado.

Debemos recordar que la participación del Estado en tiempos neoliberales no tuvo resultados favorables, porque la política económica del Estado, respondía simplemente a intereses internacionales, y fue minimizado como un simple observador, donde el mercado regulaba el proceso económico del país, la economía estaba basada en la iniciativa privada, crecimiento centrado en la demanda externa (exportar o morir de Víctor Paz Estensoro), dependencia del ahorro externo para la inversión, altos índices de endeudamiento y déficits fiscales continuos, que generaron el estancamiento económico, pobreza, desigualdad y no había oportunidades para los ciudadanos que vivimos en nuestra querida patria.

Los gobiernos de turno han administrado el Estado, bajo las recetas del Consenso de Washington, donde sugerían que era suficiente estabilizar la economía, con la capitalización y privatización de las principales empresas del país, es decir, “el desarrollo de libre mercado con una participación reducida del Estado en la economía”. En el Presupuesto no se contemplaba la totalidad de las entidades públicas del sector público, como los Gobiernos Autónomos Municipales, Instituciones de Seguridad Social (cajas de salud) y Universidades Públicas, porque el Estado era un simple observador y regulador.

En esos periodos, el presupuesto público se formulaba obedeciendo a las políticas y medidas económicas sugeridas por los Organismos Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, para definir políticas salariales, seguridad social, endeudamiento público y otros relacionados de política fiscal. Después de la privatización y capitalización de las principales empresas públicas del país como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), estas se convirtieron en empresas residuales, perdiendo la función de producción y generación de empleo en el país, por lo que la participación en el presupuesto público no tenía importancia. Sin embargo, a partir de la nacionalización de los recursos naturales y de empresas estratégicas como YPFB, ENDE, COMIBOL, ENTEL y otros, así como la creación y fortalecimiento de las empresas, la generación de los ingresos, empleo, excedentes, entre otros, son importantes para dinamizar la economía nacional.

A causa del fracaso del modelo neoliberal, donde teníamos una economía en crisis y sin oportunidades para los bolivianos, a partir del año 2006, se desarrolló un modelo propio con identidad nacional “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”,  donde el Estado interviene en la economía, como planificador, empresario, inversionista, regulador, articulador y protagonista del desarrollo, con políticas públicas en beneficio de las bolivianas y bolivianos, orientados principalmente en dos sectores: a) generadores excedentes (hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales) y b) generadores de ingresos y empleo (industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicios y otros).

Es importante señalar que entre 2006 y 2018, la tasa de crecimiento del PIB obtenido fue de 4,9% promedio anual, por un fuerte impulso de inversión pública que permitió fortalecer la demanda interna del país, y un manejo prudente del resultado fiscal promedio de -1,5% del PIB; resultados que se obtuvieron, pese al contexto internacional desfavorable y diminución de los precios de las materias primas (petróleo y minerales) a nivel internacional, en las gestiones 2009, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, Bolivia lideró en el crecimiento económico del PIB real con 3,4%, 5,5%, 4,9%, 4,3%, 4,2% y 4,2% respectivamente, por encima de los países de América del Sur. La tasa de desempleo urbano abierto bajó de 8,1% (2005) a 4,3% (2018), la pobreza extrema se redujo de 38,2% (2005) a 15,2% (2018), la población de ingresos bajos se redujo 5,7 millones de personas en 2005 a 3,9 millones de personas en 2018. Estos resultados, fueron reconocidos y elogiados por organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

A pesar de los resultados macroeconómicos y sociales obtenidos, desde noviembre de 2019 a octubre de 2020, el gobierno de Añez, sus Ministros y sus aliados políticos como el Sr Mesa y otros, optaron por desestabilizar la economía con medidas neoliberales, sumados a la crisis sanitaria provocada por la COVID 19 a nivel mundial, como es el achicamiento del Estado, paralización de la inversión pública y de empresas públicas, reducción de ingresos,  ocasionando impactos negativos en el ámbito económico y social, evidenciándose una desaceleración de la economía en 2019 con una tasa de crecimiento del PIB de apenas 2,2% y recesión de la economía en 2020 con una tasa de crecimiento negativo del PIB de -8,8%, un déficit fiscal -12,2% del PIB, incremento del desempleo que llegó a 11,6% en julio de 2020, incremento de la pobreza, entre otros indicadores.

El 18 de octubre de 2020, el pueblo boliviano optó por un cambio, estabilidad y crecimiento, y a partir del 8 de noviembre de 2020, con la asunción al mando del presidente Constitucional Luis Alberto Arce Catacora, electo con 55,1% de votos, se inicia la reconstrucción y restauración del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (made in Bolivia), implementando conjunto de medidas orientadas a estimular la oferta y la demanda interna, reactivar la inversión pública e impulsar los sectores productivos, para reactivar la economía nacional, así como medidas de política fiscal y administración del presupuesto público.

Para 2021, se estimó en el Programa Fiscal Financiero un crecimiento del PIB de 4,4% y para la gestión 2022 se proyecta un crecimiento de 5,1% del PIB, impulsando mayor dinamismo de la inversión pública con $us5.015 millones mayor en 25% al programado para 2021, políticas públicas productivas de fortalecimiento del aparato productivo con sustitución de importaciones e industrialización, entre las más importantes.

Por tanto, el Presupuesto General del Estado es un instrumento de la política fiscal más importante de la política económica del Estado, para su intervención en la economía y asignar de forma eficiente los recursos para la provisión de bienes y servicios públicos, distribución de la riqueza para disminución de la desigualdad y pobreza, a través de la ejecución de programas y proyectos.