Sectores populares se movilizan para exigir prontas elecciones

En tiempos de pandemia Bolivia está convulsionada. La decisión del Tribunal Supremo Electoral de postergar, una vez más, la realización de elecciones generales provocó una fuerte reacción de los sectores populares que salieron a bloquear las carreteras. El gobierno ofrece diálogo, pero al mismo tiempo amenaza a los movilizados, mientras grupos paramilitares salen a confrontarlos.

Las elecciones generales debían realizarse en la primera semana de mayo, pero por la emergencia derivada de la pandemia del coronavirus estas fueron suspendidas inicialmente para el 2 de agosto y luego hasta el 6 de septiembre. Esas fechas fueron definidas por una ley expresa cuyo cumplimiento debe ser obligatorio.

Sin embargo, en una decisión unilateral el Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió postergar la realización de las elecciones hasta el 18 de octubre. «La fecha definitiva de la elección genera mayores condiciones para la protección de la salud, facilidades de votación en el exterior, llegada de misiones de observación internacional, además de favorecer el despliegue logístico de todas las operaciones en el territorio por parte de los Tribunales Departamentales», dice un comunicado del árbitro electoral.

La postergación de las elecciones es un reclamo de los partidos políticos que simpatizaron con el golpe de Estado de noviembre de 2019 en el que Jeanine Añez se declaró presidenta transitoria. Sin embargo, la decisión fue interpretada por los sectores populares como un intento más de prolongarse en el poder, proceso en el que como nunca se ha registrado una seguidilla de denuncias casos de corrupción y mal manejo de los recursos fiscales.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, fue designado por la presidenta de facto Jeanine Añez. Romero era, según Wikileaks, uno de los informantes de la embajada de Estados Unidos en Bolivia.

Movilizaciones

El 28 de julio, una semana después que el TSE hiciera conocer su decisión, un cabildo realizado en la ciudad de El Alto dirigido por la Central Obrera Boliviana (COB) decidió realizar movilizaciones para la realización de las elecciones generales el 6 de septiembre, tal como lo establece la Ley 1304.

Así desde el lunes 3 de agosto comenzaron bloqueos de carreteras en más de 70 puntos del país, cantidad que aumenta día que pasa.
La población salió a las calles porque considera que la postergación de las elecciones no tiene sentido, porque en los más de 5 meses que pasaron desde que se registró el primer caso de coronavirus en Bolivia el gobierno no desarrolló políticas para proteger a la población que, en su desesperación, acudió a remedios como la hidrocloroquina. Los anuncios más rimbombantes del gobierno, como la compra de 500 respiradores, terminaron destapando escandalosos casos de corrupción. La clausura del año escolar decidida por el gobierno terminó por empeorar la imagen del gobierno.

Aun así, el gobierno utilizó la pandemia como pretexto para imponer penalizaciones a la disidencia y restricciones a la libertad de prensa, como la aprobación del decreto 4200. “El gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Ese decreto fue derogado, pero el gobierno no cambió su actitud.

“Levanten esos bloqueos, porque si no lo hacen en las próximas horas, lo vamos a hacer nosotros”, advirtió el ministro de gobierno, Arturo Murillo, cuando las organizaciones comenzaron con los bloqueos, en el tono desafiante que ya es característica de ese funcionario.
Poco tiempo después, miembros de la llamada Resistencia Juvenil Kochala, un grupo formado en Cochabamba con características de organización paramilitar, y otros grupos afines a este, salieron a enfrentar a los bloqueadores.

Pelea por la vida

Si siguiendo a los grandes medios se evaluara la situación boliviana, se puede llegar a la conclusión de que los bloqueadores son afines al MAS y que la dramática situación de los hospitales se debe a la movilización social.

“Afines al MAS bloquean carreteras y toman rehenes en Santa Cruz”, dice el diario El Deber, mientras que un informe del diario Página Siete afirma que “Hospitales de La Paz y Cochabamba viven horas de desesperación por falta de oxígeno debido a los bloqueos que se realizan desde el pasado lunes”.

Pero una revisión cercana a la realidad muestra que son los sectores sociales, muchos de ellos sin relación con el MAS, es la que se moviliza. En el altiplano, el líder de la movilización es el ex dirigente campesino Felipe Quispe Huanca, quien durante los 14 años en los que el MAS estuvo en el poder mantuvo una postura crítica contra Evo Morales.

“»No pertenezco al MAS, pero me aprietan los zapatos, la ira me domina, porque nos insultan de mil maneras: ‘indio’, ‘indio y mierdas’, ‘indio ignorante’ . Sólo vean lo que dicen de nosotros en las redes sociales. Ellos comen y beben gracias a nosotros, carajo, pero nos llaman de esa manera, y eso es lo que me molesta. Por eso los invito a todos, a levantarnos hasta las últimas consecuencias. Que esa mujer (Jeanine Añez, N.d.R) renuncie, que salga de palacio”, escribió Quispe en su cuenta de Facebook.

“El bloqueo es mejor que en 2003. Es a nivel nacional, no solo del altiplano, sino que todo el pueblo se ha levantado”, dijo Quispe, quien en 2003 fue uno de los líderes de la llamada “guerra del gas” que terminó con la huida de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Sin embargo, aunque el bloqueo detuvo la circulación de vehículos, ambulancias y vehículos con material sanitario pueden llegar a su destino. La falta de oxígeno y otros materiales para hacer frente a la pandemia en los hospitales es una de las denuncias más frecuentes de los trabajadores de salud.

Quien se rinde..

En Bolivia la pugna entre los sectores sociales movilizados y el gobierno de facto se parece al mito andino en el que un zorro desafía a un cóndor a un juego de paciencia en la cumbre de una montaña.

“Si (el ministro de Gobierno) Arturo Murillo tiene gases para tres meses, nosotros tenemos piedras que no se acaban”, dijo Quispe, un mensaje de doble significado, porque se refiere tanto a las piedras con las que se realizan los bloqueos y también porque en el mundo andino las piedras representan a sus dioses y a sus antepasados.

Los movilizados no tienen una dirección única, aunque por ahora sus interlocutores son los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB).

El gobierno carece de convocatoria y casi nadie duda de su impericia en la gestión de la crisis y son ya muchos que le reprochan los casos de corrupción. En la última reunión convocada por el gobierno para tratar la crisis, no estuvieron presentes ninguno de los representantes de los principales partidos políticos ni tampoco de las organizaciones sociales que organizan los bloqueos.

“Quisiera preguntarle cómo me voy a dirigir a usted en este momento ¿cómo presidenta? ¿Cómo candidata? (…) Hay una gran confusión en el país, la agenda que ha planteado y la ausencia de los restantes candidatos nos señalan que hay una disminución de credibilidad, institucionalidad y seriedad. Le sugiero hablemos ahora como candidatos porque no existe gobierno y esto está claro”, le dijo la candidata presidencial por Acción Democrática Nacionalista (ADN), Maricruz Bayá.

Pero aun no había terminado el día en el que Añez se mostraba conciliadora ante las cámaras de televisión, cuando ella escribió que estaba firme para «defender la democracia, la salud y la vida de los bolivianos. Cueste lo que cueste».

 

Les pido a los bloqueadores que dejen la violencia, y vayan por el camino de la paz. Estoy firme para defender la democracia, la salud y la vida de los bolivianos. Cueste lo que cueste.

— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 9, 2020

 

 

Los aliados que le quedan al gobierno, además de la policía y los militares, son los grupos paramilitares y parapoliciales que en noviembre de 2019 fueron actores centrales del golpe de Estado y que ahora se movilizan para desbloquear las carreteras. Parte de los sectores con mayores ingresos de la población mantiene su apoyo al gobierno, algunos de los cuales comenzaron a pedir que el gobierno imponga un estado de excepción y al mismo tiempo disuelva al Parlamento.

Por su parte los principales medios de comunicación repiten el lenguaje y discurso del gobierno. Por ejemplo, para el diario Página siete los grupos de paramilitares y parapoliciales son “civiles” que enfrentan a bloqueadores. Pero la población ya no se informa sólo por los medios de comunicación, sino que son muy activos los grupos de las redes sociales entre los cuales es más frecuente el pedido de renuncia de Jeanine Añez.

En noviembre de 2019, los aliados de Añez bloquearon las ciudades con la consigna «¿Quién se rinde?, nadie se rinde» para propiciar la salida de Evo Morales. Ocho meses después, el país está otra vez convulsionado. El tema es la pronta realización de elecciones en las que lo más probable es que el partido de Evo Morales gane las elecciones, hecho al que el columnista liberal Andres Openheimer califica como «una verdadera tragedia política«.

“Las elecciones del 18 de octubre ya no son un elemento opcional (…) yo ya estoy convencido que ya es una necesidad porque el desarrollo de la crisis sanitaria y, al lado, el desarrollo de la crisis política, social y económica, puede traer consecuencias muy serias”, dijo en una entrevista con el programa televisivo Hora 23 al analista político Marcelo Silva.

Pero con las constantes postergaciones, percibidas como la única opción de prolongar en el poder al régimen de Añez, no hay confianza en el gobierno y hasta el TSE está perdiendo su credibilidad ante los ojos de los sectores movilizados.

Morales pidió respaldar un acuerdo entre el Tribunal Electoral y el Órgano Legislativo para garantizar los comicios con una ley, aunque esta vez con la garantía de la Organización de las Naciones Unidas.

“Las bases movilizadas deben reflexionar y decidir sobre la propuesta de un documento para salir de la crisis que fue negociado entre el TSE, las organizaciones sociales y Naciones Unidas, como garante, para fijar una fecha de elecciones definitiva, inamovible y blindada por ley”, dijo Morales.

El problema es que para los sectores movilizados el 18 de octubre parece estar muy lejos y de continuar la actual situación, hasta el MAS será incapaz de contener la presión social.