Gobierno de facto destina Bs 34 millones adicionales para represión militar

El gobierno de facto presidido por Jeanine Añez aprobó un decreto que otorga Bs 34.796.098 de presupuesto adicional para el “equipamiento” de las Fuerzas Armadas que ya antes se beneficiaron con otro Decreto que las blinda ante juicios penales (cárcel) en casos de operativos contra sectores sociales movilizados que piden la restauración del presidente Evo Morales, la renuncia del actual gobierno calificado como “golpista” y el respeto a la bandera whipala.

La aprobación de las dos normas jurídicas en favor de los militares se producen mientras las juntas vecinales de la ciudad de El Alto endurecieron el bloqueo de las principales vías de acceso a esa urbe, la movilización de centenares de campesinos que forman “alfombras humanas” en inmediaciones de la Plaza Murillo, la interrupción de vías a Río Abajo (en la urbe paceña), las manifestaciones de productores de hojas de coca que intentan ingresar a Cochabamba (acciones rechazadas violentamente por fuerzas policiales y militares), la interrupción de caminos en Yapacaní, Santa Cruz, y el progresivo desabastecimiento de alimentos y combustibles a la sede de Gobierno.

El Decreto que autoriza al presupuesto adicional para los militares tiene el número 4082. Fue aprobado el 15 de noviembre con la firma de Áñez y sus ministros.

“Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a través del Tesoro General de la Nación – TGN, realizar la asignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de Bs34.796.098.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO 00/100 BOLIVIANOS), a favor del Ministerio de Defensa, destinados al equipamiento de las Fuerzas Armadas”, indica la disposición.

Este norma se suma a otro Decreto (4078) aprobado por Áñez que establece que “el personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad (…) “.

Esta norma fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que calificó como “grave” el decreto 4078 ya que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y estimula la represión violenta. Esta norma es considerada por sectores sociales como una “licencia para matar” por parte de sectores sociales movilizados.

El expresidente Evo Morales escribió en su cuenta de Twitter que este Decreto «es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo».

Para el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, el Decreto «es un elemento disuasivo porque lo que pretende el gobierno es evitar la confrontación, que existan más muertes».

Según la CIDH, suman 23 los fallecidos en casi un mes de manifestaciones en Bolivia.

De esa cantidad de personas muertas, nueve de ellas son productores de coca victimados en Sacaba, Cochabamba. Al respecto, el Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó que tras las autopsias realizadas se evidenció que en un cuerpo se logró colectar un proyectil que será sometido a un estudio de balística. Los otros ocho cuerpos tienen ingreso y salida de proyectil.

Por las dimensiones y las características de los orificios de entrada y salida, preliminarmente estas corresponderían a armas de fuego largas en los nueve fallecidos, según un reporte de prensa de la Fiscalía.

En ese contexto, campesinos de las 20 provincias de La Paz rodearon anoche la Plaza Murillo donde se recostaron en las calles adyacentes con el fin de presionar para la renuncia de Áñez y el retorno de Evo Morales quien ayer tuiteó lo siguiente: “En lugar de pacificación, ordenan difamación y represión contra hermanos del campo que denuncian el golpe de Estado. Después masacrar a 24 indígenas, ahora preparan un Estado de Sitio. Sería la confirmación de que pidiendo democracia instalaron una dictadura”.