Venezuela
El curioso caso de “refugiados” que piden que se los regresen a su país
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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), institución intergubernamental asociada a la ONU que se ocupa del fenómeno de las migraciones a nivel planetario, un migrante es cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia; siendo esa condición de migrante totalmente independientemente de: su situación jurídica; el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; las causas del desplazamiento; y la duración de su estancia.
Considero que de las varias categorías que engloba el término migrante revisten particular gravedad, debido al terrible drama humano asociado a ellas, la categoría de los refugiados y la de los desplazados internos.
La categoría de los refugiados, porque con arreglo al estatuto de refugiados de la ONU, ellos son personas que se han visto obligadas a abandonar el país del que son originarias o en el que han residido habitualmente debido a un temor fundamentado de persecución por razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas, y que no pueden o no quieren reclamar la protección de su país para poder volver.
Los desplazados internos, porque se trata de personas que se han visto forzadas a dejar su hogar, aunque manteniéndose dentro de las fronteras de su país por causas que normalmente son: la violencia generalizada, los conflictos armados y las violaciones masivas a los derechos humanos; dándose el caso de que algunas veces son amparadas por su gobierno, pero en otros es el mismo gobierno el causante de su desplazamiento.
Con arreglo a una reciente investigación (1) de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), nuestra vecina Colombia se encuentra detentando por segundo año consecutivo el más alto sitial mundial en lo que a desplazados internos se refiere, con 7,7 millones de habitantes desplazados dentro de su territorio, cifra cercana al 20 % de su población total. Algo que resulta totalmente contradictorio es que tan espeluznante cifra, sustancialmente mayor de la de Siria que padece desde 2011 una cruenta guerra promovida por el imperio y sus aliados de la OTAN, ha sido alcanzada durante el primer año completo de implementación de los acuerdos de paz con las FARC, a cuyo accionar había venido atribuyendo tendenciosamente el gobierno la existencia de la mayor parte de los desplazados. La creciente cantidad de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos así como los de ex miembros de las FARC registrada durante el mismo período (2), da pie para pensar que la cantidad de desplazados habrá de aumentar durante 2018 y que la causa fundamental de los desplazamientos no era precisamente el accionar de esta fuerza insurreccional.
Así mismo, en lo que respecta a migrantes totales, la cantidad alcanzada por Colombia, unos 12 millones de personas, cerca del 30 % de su población, según estimaciones divulgadas recientemente por el Presidente Maduro (3), le asegura un primer lugar en esa categoría en el ámbito de la región suramericana, siendo así mismo, y con mucho, el país suramericano que menos migrantes acoge dentro de sus fronteras.
De esa inmensa cantidad total de migrantes colombianos, unos 5,6 millones (46,66 %) viven en Venezuela según las mismas estimaciones divulgadas por el Presidente Maduro. A aquellos que puedan considerar exagerada esta cifra debería bastarles con el hecho de que Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia durante el período 1998-2002 y uno de los más aviesos detractores de la Revolución Bolivariana, poseedor de un extenso prontuario de acciones injerencistas ejecutadas en nuestro propio territorio ha admitido con singular desparpajo en diferentes oportunidades, la más reciente de ellas en la entrevista de la cual se extrajo la cita que da inicio a este artículo (4), que en Venezuela viven entre 4 y 5 millones de sus compatriotas.
Siendo oportuno señalar que esa inmensa cantidad de ciudadanos colombianos que han recibido refugio en Venezuela, representando casi el 20 % de nuestra población actual, tienen acceso a empleo remunerado, atención de salud gratuita, educación gratuita para sus hijos y vivienda propia a ser pagada con arreglo a sus posibilidades económicas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Pero no sólo colombianos viven entre nosotros, ya que en nuestro territorio hemos acogido nacionales de todos los países de la región y del mundo, que sumados alcanzan cerca del 30 % de nuestra población. Venezuela es pues, aún en medio de la severa crisis económica que estamos padeciendo, uno de los países de la región con mayor cantidad de inmigrantes.
Ha de servir esta extensa introducción para dejar plenamente establecido: que no todo aquel que emigra de su país es un refugiado; que la élite gobernante de Colombia que es, y con mucho, la que más denigra de nosotros en la región a causa de nuestros migrantes, carece totalmente de autoridad moral sobre el tema por ser la responsable de que ese país ocupe el primer lugar en el mundo en materia de desplazados internos y sea el de mayor cantidad de migrantes de la región suramericana; y que aun en medio de la crisis económica por la que estamos atravesando seguimos acogiendo una importante cantidad de inmigrantes procedentes de la región así como de todos los rincones del mundo.
Entrando de lleno en el tema central de estas notas es necesario comenzar diciendo que si bien no nos encontramos en medio de una crisis humanitaria, tal como el imperio y sus aliados han pretendido establecer apoyándose en su gigantesco aparato propagandístico, si estamos padeciendo una crisis económica señalada entre otros por el experto independiente de la ONU Albert de Zayas, en un informe presentado ante la Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 10 de septiembre del presenta año (5); informe en el cual el citado experto además de señalar que dicha crisis no es en nada comparable con las verdaderas crisis humanitarias existentes actualmente en países como Yemen, Libia, Siria, Irak, Haití, Malí, la República Centroafricana, Sudán, Somalia o Myanmar, sostiene además que las sanciones económicas contra Venezuela, de la naturaleza y el alcance de las ordenadas desde Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, causa fundamental de la crisis a juicio nuestro, «contravienen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas» porque «afectan a poblaciones inocentes».
Como es natural, por efecto de esa crisis se ha venido produciendo un flujo migratorio hacia los países de la región que, tal como ya señalásemos en un trabajo anterior (6) con apoyo en recientes informes de la OIM y ACNUR, dista mucho de tener las dimensiones que le han venido atribuyendo tendenciosamente los gobiernos de dichos países y está motivado por razones económicas, factor que muy poco o nada tiene que ver con la condición de «refugiados» que se ha intentado proyectar hacia el mundo.
Un reciente informe de ENCOVI (Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana, proyecto desarrollado por un equipo multidisciplinario de alto nivel perteneciente a tres de las universidades más importantes del país: USB, UCV y UCAB, todas ellas de tendencia fuertemente opositora a la Revolución Bolivariana) (7), al mostrar que el 72 % de la población migrante venezolana corresponde a los estratos sociales económicamente más favorecidos (clases alta, media alta y media), pone en evidencia que tal migración no debe representar una carga económica de mucha consideración para los países receptores, que por el contrario se tienen que haber visto favorecidos por un inusitado ingreso de divisas fuertes y una mano de obra que en su gran mayoría es altamente calificada. Este hecho aunado a que según el mismo informe sólo un 3 % de los migrantes dicen haber migrando por razones de orden político debería ser más que suficiente para demostrar que no se trata de refugiados, como los gobiernos de los países receptores han querido hacer ver con el doble propósito de agradar al imperio, al intentar convalidar la tesis de que Venezuela representa una amenaza para la seguridad regional debido a la avalancha de “refugiados” que estaría volcando sobre ellos y al mismo tiempo procurarse una buena porción de los recursos financieros ofrecidos por los Estados Unidos y la Unión Europea para ayudar a paliar la presunta “crisis humanitaria”.
Es oportuno y necesario señalar que esta emigración también ha sido estimulada mediante una campaña mediática de terror, por medio de la cual se ha hecho ver a Venezuela como un país en el que no se puede vivir por múltiples razones, entre las cuales se encuentran el aumento sostenido de los precios, la inseguridad o las pocas posibilidades de ascenso social, al mismo tiempo que se ha intentado hacer creer que cualquier destino fuera de nuestras fronteras, representa una mejor alternativa de vida. Esta campaña aunada a otra denunciada por el presidente Maduro y el vicepresidente de comunicación, cultura y turismo, Jorge Rodríguez, según la cual desde varios países de la región como Colombia, Chile y Perú, se hicieron ofertas engañosas de empleos de baja calificación pero bien remunerados, ha debido ser la causa de que buena parte de ese otro 28 % de personas pertenecientes a los sectores menos favorecidos de nuestra población, de los que habla el mismo informe, tomasen la decisión de emigrar.
Una parte de este grupo de conciudadanos son aquellos cuyo destino laboral se ha visto relacionado con la venta de comida en las calles y labores agrícolas temporales, o han tenido que solicitar ayuda de otros nacionales o hasta dedicarse a la mendicidad, factores por los cuales han sido objeto de explotación laboral y de mafias que se dedican a la trata de personas y en muchos casos han sido víctimas de ataques de xenofobia en países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, cuyos nacionales migrantes reciben y han recibido siempre un trato digno y considerado dentro de nuestras fronteras, motivo por el cual no han optado por abandonar masivamente el país sino que aún permanecen entre nosotros compartiendo las dificultades derivadas de la crisis económica.
Desde que el 28 de agosto pasado casi un centenar de conciudadanos fueron repatriados del Perú como parte de una operación totalmente financiada por el gobierno venezolano, como corresponde a un gobierno responsable y presto a resolver los problemas de sus ciudadanos dentro y fuera de las fronteras (8), se cuentan ya por miles (unos 2.780 al 11/09/2018) (9), los compatriotas que han regresado voluntariamente de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en el marco del “Programa Vuelta a la Patria”, destinado a la atención de los migrantes venezolanos que, encontrándose en situación de vulnerabilidad en alguno de los países de la región, decidan regresar voluntariamente. Son precisamente ellos, parte de los protagonistas de ese curiosísimo caso de unos mal llamados refugiados que, contrariando todos los supuestos, piden ayuda a su gobierno para regresar a su país.
El total desmontaje de la despreciable patraña urdida sobre la existencia de una crisis humanitaria en Venezuela por vía de mecanismos diplomáticos como la presentación del ya señalado informe De Zayas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, importante instancia de la cual Estados Unidos se ha retirado recientemente, aunado al palmario desmentido del infundio de que nuestros migrantes eran unos refugiados, logrado por vía de los hechos ante el nutrido grupo de compatriotas migrantes que ha regresado voluntariamente al país a pesar de la crisis y el más nutrido aún que trata de regresar, han tenido el nada desestimable efecto de hacer bajar sustancialmente la intensidad y el tono de las campañas mediáticas desplegadas sobre estos temas por el imperio y los gobiernos cipayos de la región, con el insano propósito de hacer aparecer a Venezuela como una amenaza para la seguridad regional y justificar de esa forma su intervención militar. Sin embargo, como era de esperarse no lograron el efecto de detener las acciones injerencistas representadas durante la semana que hoy termina por acciones como: una reunión oficiosa del Consejo de Seguridad de la ONU y una visita del secretario Almagro a Colombia.
Sobre la reunión oficiosa del Consejo celebrada el día 10, un auténtico aquelarre diurno protagonizado por Nikki Haley en su condición de presidenta temporal de esa instancia, además de comentar su nada diplomática e infundada acusación a Diosdado Cabello, presidente de nuestra Asamblea Nacional Constituyente de ser responsable de una red de narcotráfico que lleva cargamentos de droga desde Venezuela a Europa (10), sólo cabría reseñar la presentación de Miguel Ángel Martín (11), un desconocido jurista que preside el írrito TSJ en el exilio, a quien el imperio estaría promoviendo como presidente de un eventual gobierno venezolano en el exilio que sea capaz de solicitar la intervención.
En cuanto a la gira de Almagro, motivada por el interés de ponerle la mano a la mayor cantidad de los recursos financieros que fuesen aportados para paliar la inexistente crisis migratoria, sólo valdría la pena reseñar una visita suya a la ciudad fronteriza de Cúcuta, en donde con aires de “mariscal de campo” caído en desgracia se atrevió a decir, como si estuviese pasando revista a la fuerza militar multilateral, que la intervención de Venezuela era una de las opciones a considerar para defenestrar al Presidente Maduro (12).
Al concluir estas notas debo señalar con particular beneplácito que habiendo ya concluido las Maniobras Navales UNITAS LIX no se produjo, por razones que habremos de analizar en detalle en próximos artículos, la intervención militar asociada a ellas que fuese pronosticada en artículos anteriores; no obstante, hechos como los dos señalados en los párrafos anteriores desafortunadamente nos demuestran que la amenaza de invasión está muy lejos de haber sido conjurada.
(5) http://albaciudad.org/2018/09/informe-alfred-de-zayas-experto-onu-sobre-venezuela/
(6) https://www.alainet.org/es/articulo/195221
(12) https://actualidad.rt.com/actualidad/288692-almagro-no-descartar-intervencion-militar-venezuela