Políticos de partidos en decadencia, profesionales de clase media y prominentes dirigentes de la burocracia sindical son parte del sólido bloque de derecha capaz de movilizar a multitudes y de aplicar la acción directa con la misma eficiencia que los movimientos populares de los andes

El cabildo autonómico del 28 de enero en Santa Cruz marcó un hito en la centenaria lucha por la descentralización del poder político no sólo porque obligó al gobierno central a llamar a elecciones de prefectos para el 12 de junio de 2005, sino porque fue la demostración de que los sectores más conservadores de la sociedad cruceña, al igual que sindicatos tradicionales, gremios campesinos u otras fracciones de las clases explotadas del occidente, también son capaces de organizar manifestaciones populares con la suficiente fuerza como para modificar la agenda política nacional.

El movimiento de carácter cívico, respaldado por amplias capas de la clase media, y liderado por la burguesía, convocó a 300 mil personas y en menos de cuatro horas hizo que la autoridad centralista resigne el control de las Prefecturas, una potestad reconocida por la propia Constitución. Tal despliegue de poder confirmó que el otro polo de la sociedad va en proceso de consolidar su hegemonía ideológica y discursiva en la capital del Oriente boliviano.

Buena parte del éxito se debe a que el movimiento cruceño supo canalizar la furia popular contra el aumento del precio del diesel apoyándose en burócratas sindicales como Gabriel Helding, de la Central Obrera Departamental (COD); Rodolfo Landívar, de la Federación de Juntas Vecinales; Justo Cahuana, de la Federación de Gremiales y Wálter Gómez, dirigente de los choferes (1). Pero más allá de la capitalización del descontento y de la gran capacidad aglutinante de la legítima consigna autonomista, la efectividad del comando camba se explica en gran medida por el trabajo eficiente de activistas dotados de una sólida estructura organizativa.

El comando camba

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) son las cuatro poderosas organizaciones que conforman el estado mayor del comando empresarial, estructura que se complementa con las fuerzas del Comité Cívico Pro Santa Cruz: el movimiento "Nación Camba", su brazo ideológico, y la Unión Juvenil Cruceñista, algo así como el "grupo de choque".

Ambos sectores se alimentan mutuamente, el primero financiando las operaciones del movimiento (2) y el segundo irradiando las consignas de un proyecto hegemónico que difícilmente hallaría eco en los estratos inferiores de la sociedad. (3)

Los líderes visibles designados como negociadores directos de la movilización cruceña con el gobierno fueron Svonko Matkovic y Oscar Ortiz, presidente y gerente de la Cainco, respectivamente. En la semana de movilizaciones más agitada (cuando se bloqueó el aeropuerto de Viru Viru y se tomaron oficinas públicas) cumplieron un rol activo José Céspedes, presidente de la CAO, y Antonio Franco, presidente de Fegasacruz. Al grupo se suma Branco Marinkovic, presidente de la Federación de Empresarios, el capitán de la facción encargada de difundir los preceptos del movimiento en reuniones con líderes de los principales partidos políticos.

En la división ciudadana del frente autonomista destaca el presidente del Comité Cívico, Rubén Costas, como el representante fiel de la emergente alta clase media cruceña tributaria del modelo económico. Costas actúa como centrista moderado en comparación con el vicepresidente de los cívicos, Germán Antelo, radical de derecha y con mucho predicamento entre la Unión Juvenil Cruceñista.

Antelo es parte de la Nación Camba, junto a Carlos Dabdoub, el ideólogo, y Juan Carlos Urenda, un abogado muy respetado en Santa Cruz. Las tres figuras consiguen eco en una amplia capa de profesionales con alto nivel de ingresos ?no comparables con los obtenidos en otros departamentos?, que ha ido acumulando patrimonio con los años.

Las acciones de todo el aparato obtienen repercusión mediática gracias al apoyo decidido de Ivo Kuljis y Oswaldo "Pato" Monasterios, empresarios vinculados a la banca y cuyos canales de televisión se ponen al servicio de la movilización cruceña.

¿Qué motiva a esta variopinta agrupación de grandes, medianos empresarios y profesionales de clase media a enarbolar las banderas autonomistas con un envidiable espíritu de cuerpo? Sin duda, un sentimiento común les obliga a actuar con eficiencia, una perturbación que les ha permitido articular a las distintas fracciones de la burguesía comercial, especulativa y productiva del oriente: el miedo.

Aislados y vulnerables

Desde que Gonzalo Sánchez de Lozada huyó del país y desde que los representantes políticos directos de la oligarquía sucumbieron ante las réplicas de la insurrección, la burguesía camba tiembla de sólo pensar que el Presidente Mesa termine cediendo posiciones frente la "estatista y antiliberal" agenda de octubre. Por eso toma prestado un método de presión de los movimientos sociales, la acción directa, para imponer una agenda propia impregnada de autonomismo.

Aislada y vulnerable porque ha perdido las riendas de la política nacional, (4) la burguesía cruceña tiene muchas razones para jugarse todo por la autonomía, y a través de ella asegurar el dominio de su área de influencia territorial. Y es que el trasfondo de la efervescencia política en Santa Cruz es económico: la crisis soyera que se avecina, la modificación inminente de las reglas del juego en el negocio energético y sobre todo el inestable régimen de tenencia de la tierra.

Estamos en puertas de una crisis de este sector y la respuesta es ocupar espacios de poder político y gestionar fondos públicos para encarar los malos tiempos, interpreta Alfredo Rada, investigador del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), una organización con amplia experiencia en el estudio de la sociedad cruceña.

La soya, el producto estrella que en gran parte explica la bonanza cruceña, es tremendamente inestable en el mercado internacional; en pocas semanas, el precio de la tonelada se derrumbó de 250 a 150 dólares. De ahí que uno de los puntos del pliego empresarial, además del referéndum autonómico, la elección de prefectos y la rebaja del precio del diesel, sea la creación de un Fondo de Reactivación y Fomento Productivo destinado a la apertura de líneas de crédito para medianos y grandes agro exportadores, previendo que sus saldos en mora aumentarán a futuro debido a la reducción de sus ingresos por concepto de exportaciones.

Dotarse de fondos públicos en tiempos de vacas flacas ha sido una vieja práctica de la agroindustria que se remonta a era de los créditos blandos de Banzer, los fondos del Tesoro del BCB durante la UDP, y las iniciativas del Fondesif en toda la etapa neoliberal. Pero el grifo comenzó a cerrarse con Carlos Mesa, y no precisamente porque el gobierno actual no tuviera ganas de alimentar a la oligarquía sino porque simplemente se acabaron los recursos.

En la capital del latifundio?

Los agro exportadores identifican al menos dos opciones para enfrentar esta coyuntura económica: sembrar soya transgénica o extender la superficie cultivada. En realidad, la frontera agrícola se ha extendido sostenidamente en los últimos años, pero ello ha supuesto la ocupación de tierras fiscales y predios de comunidades indígenas y campesinas. Los empresarios comprenden que esa tendencia no es sostenible en el tiempo y de ahí su interés por controlar la Prefectura y las fuerzas del orden público que les garanticen futuros desalojos.

No hay que olvidar que la oligarquía cruceña ?un sector con rasgos feudales conectado al mercado externo que adquirió cada vez más poder desde que Banzer dio un gran impulso a la agroindustria vinculada a la producción de arroz y azúcar? tiene su razón de ser en la tenencia de grandes extensiones de tierra.

En el país, las haciendas medianas y grandes monopolizan el 90% de la tierra, mientras que las comunidades y pequeños productores, pese a representar el 90% de las unidades agropecuarias, sólo acceden al 10% de la tierra. (5) La concentración es más evidente en Santa Cruz. Por ejemplo, la familia Antelo acumula 116.647 hectáreas en 12 dotaciones en la provincia Ñuflo de Chávez; la Familia Elsner, 115.646 hectáreas en siete dotaciones en Santa Cruz y Beni; la familia Gutiérrez, 96.874 hectáreas producto de cinco dotaciones en la provincia Cordillera; o los Paz-Hurtado, que acaparan 76.000 hectáreas en cinco dotaciones en la provincia Obispo Santiesteban. Eso quiere decir que en el área rural cruceña existen grupos familiares que concentran extensiones equivalentes al triple de la superficie de la capital (37.000 hectáreas), según los datos del INRA. (6)

Se calcula que de 16.4 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola, en los últimos cuatro años el promedio de explotación no superó los 2 millones de hectáreas. Aún así el saneamiento agrario no deja de ser modesto: de un total de 107 millones de hectáreas de tierras rurales objeto de saneamiento, sólo se sanearon 13 millones (7); están en proceso 40.6 millones y quedan pendientes 53.4 millones. Se estima que en Santa Cruz existen al menos 8 millones de hectáreas que deberían ser distribuidas, pero de las 17 demandas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en el departamento sólo cuatro se consolidaron y cinco fueron tituladas parcialmente.

Todo eso explica por qué van en ascenso las presiones del Movimiento Sin Tierra (MST) y las respuestas armadas de los terratenientes, que en pocos años generaron confrontaciones violentas en las provincias Gran Chaco, de Tarija, y en Ichilo, Guarayos, Obispo Santiesteban y Velasco de Santa Cruz. El 8 de agosto de 2004, el MST comprobó la existencia de sicarios dotados de armamento militar en el predio Los Yuquises. La irracional distribución de la tierra también explicaría por qué al menos cuatro ONGs que trabajan con los pueblos indígenas fueron reprimidas con violencia. (8)

En ese escenario, la confrontación de intereses es evidente. Mientras las organizaciones indígenas y campesinas exigen reinstitucionalizar el INRA y la judicatura agraria y un saneamiento más transparente con participación campesina, la CAO y el Comité Cívico Pro Santa Cruz consideran que la aplicación de la Ley INRA ha generado inseguridad jurídica y que el saneamiento agravó los problemas en vez de solucionarlos. El empresariado mira como una amenaza la presencia estatal en la distribución de tierra y más bien propone la redistribución a través del mercado. Será por eso que una de las instituciones tomadas en la reciente movilización cruceña fue el INRA, pese a que no cumple una función política y carece de importancia como entidad recaudadora.

Lo que sucede es que en 20 años de democracia, este es el primer gobierno en el que los grupos de poder de Santa Cruz no administran directamente el aparato estatal, como lo hicieron antes. En ese entendido, interpreta Alcides Vadillo, director del INRA, la tierra se convierte en un fuerte elemento movilizador porque los grupos de poder perdieron el control del INRA, porque en la anterior gestión se pasó a dominio del Estado 400 mil hectáreas que estaban en manos privadas y porque las organizaciones campesinas comenzaron a tomar tierras sin que el Estado haya decidido usar la fuerza.

El Comité Cívico Pro Santa Cruz demanda la creación del Instituto Departamental de Tierras con autonomía de gestión operativa, técnica y administrativa; autorización presidencial para que el Prefecto utilice la fuerza pública en caso de avasallamiento y el reconocimiento de los planes de ordenamiento predial como elemento probatorio de la función económica y social. Todo eso les permitiría paralizar el saneamiento de 14 mil expedientes en trámite.

Los empresarios desean partir la torta, como en Ecuador

Si bien Santa Cruz no es el departamento con mayores reservas de hidrocarburos, si es la sede de las principales corporaciones transnacionales que operan en Bolivia. Sin duda que la presencia directa de jerarquía petrolera, además de dinamizar la economía cruceña, también abonó las relaciones comerciales con el empresariado local. No hay que olvidar que la inversión petrolera no supone solamente la perforación de pozos, sino que también tiene que ver con el control de ductos o la administración de estaciones de servicio, entre otros negocios. (9)

Las empresas petroleras están muy preocupadas por el rumbo de la Ley de Hidrocarburos, pese a que la ley que se discute en el Parlamento no es para nada nacionalizadora. Ya se han quejado públicamente porque, según ellas, se ha puesto en cuestión la seguridad jurídica para sus inversiones por el sólo hecho de cuestionar la vigencia de sus contratos de riesgo compartido suscritos al amparo de la ley 1689. Para ellas, la migración obligatoria de contratos es un golpe a sus inversiones.

Entonces, no tendría por qué extrañar que, dada la estrecha vinculación entre el empresariado, la industria, la banca y terratenientes con intereses petroleros, estalle una rebelión regional justo en el momento crítico en el que se discute la nueva Ley de Hidrocarburos.

La trayectoria del movimiento cívico-empresarial cruceño recuerda mucho a la experiencia ecuatoriana, advierte Rada. Cuando la movilización popular liderada por sectores indígenas derrocó a Yamil Mahuad en 2000, la burguesía optó por una estrategia consistente en enfrentar a la pujante Guayaquil con la conflictiva Quito y de esta forma detener el avance del movimiento indígena en la sierra. Se intentó partir al país articulando al empresariado banquero y agro exportador de Guayaquil y proyectando un liderazgo político propio encarnado en Alvaro Noboa. (10)

En el primer cabildo de mediados de 2004 los líderes cruceños contrapusieron la "agenda de junio" a la "antipática" agenda de octubre, posición que se ratificó en el paro cívico del 9 de noviembre de 2004, y que se confirmó en el histórico cabildo autonomista. Como ocurrió en Ecuador, no sería extraño que los derrotados en los Andes bolivianos hayan decidido armar un sólido bloque empresarial interesado en estimular una confrontación regional a nombre de la autonomía.

El comando autonomista

Svonko Matkovic: Industrial de origen croata, cría ganado Brahman en su rancho "Z". Fue ex presidente de Cordecruz y ex prefecto por ADN. Durante su gestión oficial fue involucrado en un escándalo de obras fantasma. Considera que el proyecto de Ley de Hidrocarburos del Congreso es "demasiado estatizante, confiscatorio y expropiador" porque obliga a las empresas a modificar sus contratos. Pedía "mano dura" para quienes no querían exportar el gas. Matkovic, junto a Germán Antelo y Antonio Franco, opina que los conflictos por la tierra no son consecuencia de problemas estructurales sino de la obra de agentes externos, en este caso organismos no gubernamentales que trabajan con indígenas. Como en la dictadura de Banzer, cuando se decía que la lucha de clases era resultado de la acción de partidos y dirigencias extremistas, Matkovic plantea abiertamente una guerra contra las ONGs Tierra, SNV, Alas y otras que trabajan con indígenas.

Antonio "Tonín" Franco: Joven terrateniente con propiedades en Guarayos y en la Chiquitanía que bordean las 80 mil hectáreas. Fue desconocido por algunos ganaderos, quienes le pidieron la renuncia de Fegasacruz en agosto del año pasado por usar la institución para beneficio personal. Le acusan de no haber hecho nunca un informe económico consistente en sus dos años de gestión, de cambiar estatutos de Fegasacruz para propiciar su reelección, e imponer obligaciones arbitrarias a las asociaciones. (El Deber, 29 de julio de 2004). Franco está vinculado al Banco Ganadero, el sector especulativo de la burguesía cruceña y uno de los más duros respecto a los movimientos campesinos. Ha propuesto meter a la cárcel a los responsables de ONGs que apoyan a los movimientos indígenas. Franco y José Céspedes de la CAO serían los operadores políticos de la movida empresarial y las puntas de lanza en la estrategia de potenciar a candidatos conservadores que sucedan a Mesa. El ministro gobierno lo identifica como uno de los cabecillas de la toma de la Prefectura cruceña el miércoles 5 de enero.

José Céspedes: Empresario que comenzó en los años 70 cultivando algodón y soya. Ahora tiene una lechería y se dedica a la ganadería en tierras colindantes con Beni. Es uno de los operadores políticos del movimiento empresarial. El ministro de gobierno Saúl Lara lo identificó como uno de los cabecillas de la toma a la prefectura. Es director suplente del Banco Ganadero. Pidió varias veces la renuncia de del Presidente Mesa y del ex prefecto Carlos Hugo Molina por no hacer respetar el derecho propietario de los terratenientes afiliados a la CAO.

Branco Marinkovic: Tiene raíces croatas y dirige Industrias Oleaginosas Limitada (IOL) junto a sus tres hermanos. Es partidario de conformar la "media luna" empresarial y de firmar el TLC con Estados Unidos. Una de sus funciones es defender los intereses de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, el gremio petrolero afiliado a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Se comenta que es el más lúcido del movimiento empresarial.

Carlos Dabdoub: De origen árabe y miembro de una familia tradicional cruceña ligada al MNR. Fue vicepresidente y dos veces presidente del Comité Pro Santa Cruz; formó parte del gobierno del MIR como diputado y Ministro de Salud; fue candidato a la alcaldía de Santa Cruz y hasta hace poco fue parte de staff de Desarrollo Humano con Johnny Fernández de UCS. Ocupó la secretaría general y la vicepresidencia del Colegio Médico de Santa Cruz (1981-1984). La Federación Departamental de Profesionales lo eligió como el profesional meritorio de 1995.

Rubén Costas: Fue parte de las expresiones moderadas de la "izquierda" en el MBL. De la dirigencia universitaria saltó al civismo. Aunque no es representante directo de los sectores burgueses, lidera a la clase media próspera como un mediano empresario vinculado al comercio. Tiene propiedades medianas en El Choré y tiene relación con Ivo Kuljis. Costas no es parte de Nación Camba. La institución que dirige fue tradicional defensora de las petroleras privadas desde la época de Bolivian Gulf (1969). En la Asamblea de la Cruceñidad de 26 de octubre de 2004 estuvieron presentes personeros de las empresas petroleras (El Deber, 27 de octubre).

Jorge Landívar: Fue ministro de informaciones durante el gobierno Jorge Quiroga y ahora trabaja como analista en canal 13 de Santa Cruz (Red Uno). En su libro "Como treparse al Poder", dice que el actual jefe de Estado le quitó a Sánchez de Lozada el negocio con las petroleras. Es hermano de Roberto Landívar, preso por una estafa millonaria en el Banco Bidesa. Su hermana es propietaria del predio Pailas, donde murió un campesino en un conflicto por tierras en diciembre de 2004.

Oswaldo "Pato" Monasterios: Es uno de los principales accionistas del Banco Ganadero, criador de ganado Nelore a gran escala, propietario de más de 10 mil hectáreas de tierra y ex senador por el MNR. Se dice que financió y promovió a Percy Fernandez a través de su canal de TV (Unitel). Monasterios y Kuljis conformaron el nuevo gobierno municipal de Santa Cruz para enfrentar al empresariado colla representando por los Fernández de UCS.

Ivo Mateo Kuljis: Es uno de los más importantes accionistas del Banco Económico, que opera con bienes inmuebles urbanos y de ciudades intermedias. También es empresario ganadero dedicado al sector del comercio a través de las cadenas de supermercados Hipermaxi, de capital chileno. Se dice que promocionó a Oscar Vargas del MUP en la campaña municipal a través de la Red Uno. En los últimos conflictos su canal del TV destacó por el enfrentamiento con el ex prefecto Carlos Hugo Molina, a quien se le criticaba por ser tolerante con los campesinos que ocupaban tierras.

Willmar Steelzer: Fue ex presidente del Comité Cívico, ex diputado de ADN, y ex concejal por ADN en la fórmula de Roberto Fernández en las elecciones municipales pasadas. Domina junto a los Paz, Barbery, Chavez, Nieme y Monasterios el norte de Santa Cruz, especialmente en las provincias Obispo Santiesteban y Guarayos.

Luis Saavedra Bruno y Andrés Petricevic: Detentan el 27% de las acciones del Banco de la Unión. El restante 83% pertenecería a Nafibo, que en noviembre de 2003 capitalizó la entidad con 14 millones de dólares del Estado para sacarla de apuros. En junio de 2004, Petricevic y Saavedra Bruno, que fungían como presidente y vicepresidente del directorio respectivamente, compraron la parte del paquete accionario que estaba en manos de empresarios chilenos. Petricevic es militante del MNR, ex ministro de Gonzalo Sánchez de Lozada y fue protagonista de un escándalo de fraccionamiento de tierras con la finalidad de evadir el pago de tributos. El caso, conocido como "Las Chimbas", aún se ventila en el Tribunal Agrario. Durante las negociaciones para conformar el gobierno municipal se mencionó su nombre como parte del equipo negociador de Percy Fernández.

NOTAS:

1. Helding es un conocido dirigente que transitó por distintos proyectos políticos; Landívar fue dirigente del MNR; Cahuana es conocido como dirigente afín al empresariado desde que ocupó una concejalía en el municipio de Santa Cruz a nombre de UCS.

2. El cabildo costó 100 mil dólares, recursos aportados por instituciones, comparsas, empresarios, productores, fraternidades y población en general. El gerente comercial de Aceite Rico, Juan Judelka, parte del equipo de logística, informó que se distribuyeron gratuitamente 10 mil banderas y se vendieron 40 mil poleras. (El Deber, 28 de enero).

3. La mayoría de las empresas cruceñas, la Alcaldía y el sistema financiero trabajaron en horario continuo el viernes 28 de enero. La Cainco y la Federación de Empresarios fueron las primeras en llamar a sus afiliados a participar del cabildo. Jorge Cwirco, presidente de la Asociación de Empresas del Parque Industrial, garantizó la participación de 3.300 trabajadores de 270 empresas. La CAO movilizó a 5.000 productores. Para ello se contrató un centenar de camiones y micros. (El Deber, 27 de enero)

4. En las últimas tres gestiones (Banzer, Quiroga y Sánchez de Lozada) el agropoder cruceño tenía representación directa en las más altas esferas gubernamentales: Leopoldo Fernández; Wálter Núñez, Carlos Saavedra Bruno, Wálter Guiteras, Jorge Landívar, Wilmar Steltzer, Claudio Mansilla, José Guillermo Justiniano y Freddy Teodovic, entre otros. A fines de 1998, José René Salmón pasó de gerente de la CAO a director nacional del INRA.

5. Reforma Agraria, 50 Años; Danilo Paz; Artículo Primero, revista de debate social y jurídico del Cejis. Año 7, N° 14. Santa Cruz, 2003.

6. La problemática de tierra y territorio; Carlos Romero Bonifaz; Artículo Primero, revista de debate social y jurídico del Cejis. Año 7, N° 14. Santa Cruz, 2003.

7. De las 13 millones de hectáreas saneadas, 6.4 millones fueron tituladas y certificadas, 2.9 millones se encuentran con resolución final de saneamiento, 3.8 millones han sido declaradas tierras fiscales.

8. Hace tres años atacaron a varios técnicos del Cejis en Monte Verde por un conflicto de tierras entre indígenas chiquitanos y terratenientes. En otra confrontación ocurrida el año pasado se acusó a la misma organización de fomentar "la invasión colla". En 2003 la oficina del Cipca fue destruida en San Ignacio de Moxos. Fue una seguidilla de al menos cuatro agresiones, sin contar el hostigamiento permanente en Santa Cruz y Beni. En los círculos empresariales se maneja la tesis de que los conflictos de tierras se originan por la acción de entes externos que soliviantan a indígenas y campesinos.

9. Las petroleras contratan a profesionales cruceños vinculados a las logias para cargos administrativos. Rubén Costas admite que las logias cruceñas ahora son liendres en comparación a las logias petroleras.

10 Octubre y la tierra, Alfredo Rada; Artículo primero, revista de debate social y jurídico del Cejis; N. 16, abril de 2004.

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